Tag Archives: US-Cuba Normalization

CAPITULO TORMENTOSO EN LAS RELACIONES CUBA-ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA

El proceso de negociaciones distendido y promisorio entre Cuba y Estados Unidos peligra debido a la    gran confrontación motivada por la Orden Ejecutiva del Presidente Obama el 9 de marzo contra 7 altos cargos chavistas, al declarar estado de emergencia nacional porque Venezuela constituía una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.  Se  ha argumentado que esa es la redacción establecida para la imposición de las sanciones, adoptadas por ambas cámaras del Congreso y  aprobada por el presidente el 18 de diciembre de 2014, un día después del anuncio de Raúl Castro y Barack Obama sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas.

Sin embargo su implementación llegó en un momento  delicado,  y ha desviado la atención de la represión a la oposición y los demás problemas internos en Venezuela. Los cubanos en la isla han pasado del optimismo al temor de volver a vivir en gran  tensión y que las medidas anunciadas por el presidente Obama sean obstruccionadas por el gobierno de Cuba, nuevamente pretextando la confrontación.

Nicolás Maduro recién había visitado a Fidel Castro, y acusado al gobierno de Obama de  fomentar un golpe de estado para justificar la detención de dirigentes opositores, establecer visado para todos los norteamericanos, ordenar la reducción del personal de la embajada norteamericana en Caracas a igual cantidad que la venezolana en Washington, y que los funcionarios tendrían que reportar sus actividades  y solicitar permiso para efectuarlas. Respondió a la Orden Ejecutiva con la demanda a la Asamblea Nacional de una Ley Habilitantes Antiimperialista, enardecidas concentraciones y  demanda de Cumbres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y ALBA-TCP, aunque no logró una de CELAC.   Los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil y el secretario general de UNASUR habían estado en Caracas el 6 de marzo en una infructuosa gestión de promoción de diálogo con la oposición y  la participación en las próximas elecciones parlamentarias. Todos los cancilleres se reunieron en Quito, su sede, el 14 de marzo para aprobar una declaración de apoyo al gobierno de Maduro.  Ese día, el canciller Bruno Rodríguez  visitó a Maduro para declarar que Estados Unidos no puede tener una política de zanahoria con Cuba y una política de garrote con Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)  realizó el 17 de marzo una Cumbre Extraordinaria de solidaridad con Venezuela y  para coordinar una posición común con vista a la VII Cumbre de las Américas (10-11 de abril). En la Declaración se rechazó

“la Orden Ejecutiva injusta e injustificada, que constituye una interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. Se ratificó “el compromiso y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de mecanismos de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, para que cesen las agresiones de este gobierno contra Venezuela”, y se propuso crear un Grupo de Facilitadores de CELAC, UNASUR, ALBA-TCP y CARICOM “para facilitar una diplomacia de compromiso entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable”.

Raúl Castro se expresó fuertemente contra Estados Unidos y llamó a que eliminara la Orden Ejecutiva y normalizar las relaciones con Venezuela.  Manifestó que

“Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible. Tampoco cederemos ni un ápice en la defensa de la soberanía e independencia, ni toleraremos ningún tipo de injerencia ni condicionamiento en nuestros asuntos internos.  No cejaremos en la defensa de las causas justas en nuestra América y en el mundo, ni dejaremos nunca solos a nuestros hermanos de lucha”.

Reveló los objetivos para la VII Cumbre de las Américas:

“Rechazaremos con determinación toda tentativa de aislar y amenazar a Venezuela, y reclamaremos el fin definitivo del bloqueo a Cuba.  La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz, y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones”.

Llama la atención que antes y durante el año y medio que duraron las negociaciones que culminaron el 17 de diciembre, las relaciones de Estados Unidos y Venezuela se deterioraban intensamente, lo que no impidió que Raúl Castro llegará a los sorprendentes acuerdos con Barack Obama. En 2010 quedaron sin embajadores; en 2013 comenzaron y se suspendieron negociaciones, y Maduro ofreció asilo a Edward Snowden; Kelly Keiderling, encargada de negocios y dos diplomático fueron expulsados, supuestamente por alentar acciones de sabotaje; en 2014 Maduro acusó al gobierno  norteamericano de estar detrás de las protestas como parte de un plan en su contra.

La sorpresiva  tercera ronda de conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Roberta Jacobson, subsecretaria de estado, y Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, y  el alejamiento de la prensa indicaron la urgencia para tratar  la confrontación Estados Unidos-Venezuela,  en La Habana, el 16 de marzo. Resultaba obvio que el proceso sería complejo y prolongado, pero no se esperaba la abrupta interferencia de este diferendo.  En poco menos de un mes se requieren muchas negociaciones y voluntad de resolver asuntos muy complejos. La Cumbre de las Américas junto a la novedosa participación del gobierno de Cuba y el encuentro de Raúl Castro y Barack Obama, debería ser un espacio de diálogo constructivo y relanzamiento de las relaciones  Estados Unidos-América Latina y el Caribe.

La Habana, 18 de marzo de 2015

Miriam Leiva

Miriam Leiva, Periodista Independiente

Posted in Blog | Tagged , , , | Leave a comment

WHO OWNS CUBA? AS CUBA-U.S. RELATIONS THAW, THE THORNY MATTER OF PROPERTY DISPUTES HEATS UP

CRAIG OFFMAN

HAVANA — The Globe and Mail, Published Friday, Feb. 13 2015, 3:28 PM EST

Original here: WHO OWNS CUBA?

Tonito Ring Ring was a Latin-looking boy with a dial for a belly and a target on his head. In the 1950s, he was the cartoon mascot of the Cuban Telephone Company, then owned by American firm International Telephone & Telegraph. When the Revolution came in 1959, workers at company headquarters in Havana came looking for him. They tore Tonito down from the wall, thrust him into a coffin, walked him down Calle Aguila to the Malecon, and tossed him into the sea. The Communists, meanwhile, seized the entire Yanqui phone company and, in the ensuring three years, confiscated $1.6-billion worth of U.S property across the island.

Almost six decades later, the United States is intent on making the Cubans pay. Literally.

Now the property of the state-run phone monopoly ETECSA, the telephone company is just one of roughly 6,000 confiscated assets, estimated to be worth a total of more than $7-billion, to which American firms and citizens hold claims. If the Cubans want the United States to lift its gruelling economic embargo – now a possibility, after U.S. President Barack Obama announced the re-establishment of diplomatic relations in December – they’re going to have to address the thorny issue of compensation. With Mr. Obama’s presidency winding down, and Cuba’s economy suffering even more than usual thanks to the woes of petro patron Venezuela, pressure is beginning to build to tackle the elephant in the room.

Although Cubans have long considered the embargo a form of slow genocide, America clearly feels differently. In its eyes, Mr. Castro and his comrades took part in nothing less than illegal seizures of property, and should now pay for what they stole if they want to normalize trade. In fact, a two-decade-old American law dictates that there will be no normalization in trade until the claims are settled.

Compensation is a freighted emotional issue for these antagonists, whose mutual antipathy long precedes the revolution. It’s not just about land or assets, communism versus capitalism. It’s about the right to claim victimhood. “Cuba’s crime is not that it’s communist,” political scientist Rafael Hernandez told me as we sat down to talk in his Havana living room last month, the day before Assistant Secretary of State Roberta S. Jacobson made her historic visit to Cuba. “The two countries have a long way to develop a relationship that surpasses a century of mistrust.”

Mr. Obama’s announcement may bring an economic revolution to Cuba. Although the short-term aims include lifting travel and financial restrictions, and even moving toward an exchange of embassies, the long-term goal is to normalize trade.

But Ms. Jacobson has said that the two sides won’t broach the topic of compensation until much further down the road. For the payment issue, even the process is complicated. As previous Cold War-era attempts at land claims have proved, establishing a rate for repayment will be no small feat. For one thing, no one knows whether the United States, which represents all the claims, will seek to settle in one lump sum or want to address each case individually.

q1 001Q4 001Q2 001Tables from Archibald Ritter, “The Compensation Issue in U.S. – Cuba Normalization”, Chapter 16 in A. Ritter and J. Kirk, Editors, Cuba in the International System: Normalization and Integration, Macmillan Press Ltd, 1995 United Kingdom 

Continue Reading: Who Owns Cuba

Posted in Blog | Tagged , , | Leave a comment

BAD HABITS CAN DERAIL US-CUBA NEGOTIATIONS

Peter Hakim, President Emeritus, Inter-American Dialogue

Estado de S. Paulo, February 15, 2015.

In a belated response to the December 17 announcements of presidents Raul Castro and Barack Obama, Fidel Castro (or at least the message released in his name) tepidly endorsed their historic decision to normalize relations between the United States and Cuba—while rightly emphasizing that reconciliation would surely be a difficult and lengthy process in light of the accumulated distrust of the past fifty years.

But distrust, a predictable element in all negotiations between adversaries, is not the only challenge for US-Cuban diplomacy. What most threatens to derail the two nation’s ongoing talks is a clash of national character flaws: the terrible impatience of Washington in foreign affairs confronting the Havana government’s excessive caution and stubborn resistance to change.

Cuban-American relations since Fidel Castro took power in 1959 have been a narrative of US impatience squaring off against Cuba’s defiance. Although initially tolerant, in less than a year the Eisenhower Administration began efforts to topple the revolutionary regime, and shortly thereafter embargoed commerce with the island. Just months in office, President Kennedy launched the Bay of Pigs invasion.

Among US Presidents, Obama has been unusually cautious overseas, but he is well aware that he has an important stake in the pace of both political and economic reform in Cuba. Washington’s yardstick for judging his new Cuba policy will mostly be progress toward human rights, free expression, and more open politics—and these have appropriately been made a top priority of the US negotiating agenda. White House plans already include reinforcing ties with dissidents and other non-governmental actors, bolstering the incipient private economy, expanding Cuban access to information and opinion, and supporting other democracy-building initiatives. None of this should be a surprise to the Cuban government. Still, suspicious, distrustful Cuban authorities may view even modest new initiatives along these lines as “meddling” and “promoting regime change”. To paraphrase Fidel, if the US is allowed to take a finger, it will soon be after the hand, and then the arm.

Cuba is proud of its success in defying the US for half a century. Even as it seeks improved relations, it is not ready to yield much, if anything, to US pressures. There is little reason to doubt that the Cuban government genuinely wants a sustained thaw in relations with the US, principally to shore up a debilitated economy further jeopardized by a cut-off of support from crisis-ridden Venezuela. But Raul Castro and other Cuban officials have consistently declared their intention to keep Cuba’s political and economic systems intact. The excruciatingly slow process of vital economic reforms over the past eight years underscores the leadership’s resistance to change, to yielding any of its centralized control. At last month’s meeting of Latin American and Caribbean heads of state, Raul Castro demanded, as pre-conditions for normalized relationship, that the US lifts its embargo on Cuba and return Guantanamo Bay to Cuban sovereignty. This is a signal that Cuba’s leaders will not be rushed. They know that the US cannot meet these demands in any short period.

While secret negotiations over many months were needed to mark a path toward reconciliation, sustaining the process now requires transparency from both governments. There should be no surprises from either side. Official lines of communication should be opened at many levels. Both the American and Cuban people should be kept informed of key developments. Covert US operations, like the programs that funded Alan Gross’s internet-related activities and assisted dissident groups, should be replaced by fully public initiatives as the administration has wisely promised. Regime change is off limits.

For its part, the Cuban government should begin respecting international norms regarding human rights and rule of law. That means abandoning such common practices as mass arrests and jailing of opponents, harassment of dissidents whether by police or vigilante groups, cruel treatment of political prisoners, and other denials of basic rights. With Cuba now under an intensive media spotlight, such violations will gain immense attention worldwide. If they intensify, the political recoil in the US might well halt the emerging rapprochement.

It is also critical that the US appreciate the limits of its influence on Cuba’s political evolution. Enduring changes will come only from the actions of the government and people of Cuba. The US should not hesitate to urge Cubans to respect human rights and democratic principles, but it should keep its word to forego heavy handed demands, pressures, and deadlines. These could well backfire, increasing the Havana government’s resistance to change.

With most Latin American countries now committed to democratic politics at home, the region’s governments should be expected to help support political and economic reform in Cuba. Brazil, Mexico, and several other nations have particularly close ties to Cuba and could be instrumental in assisting the country’s transition. But it is only when the Cuban government makes clear that it values such assistance will the other Latin American nations be prepared to act. On this front they will surely not respond to US pressure.

The recipe for Cuban-American reconciliation is straightforward. More caution and patience from the US, along with a willingness to tolerate ambiguity, even inaction, for some time. More flexibility and risk-taking from a Cuba government that needs to accept less control and less certainty about its future. And Latin American nations prepared to show their solidarity by taking on responsibility for helping Cuba through a difficult period of potentially dramatic changes.

1829-309387-1

Peter Hakim

Posted in Blog | Tagged , | 1 Comment

NORMALIZATION OF RELATIONS WITH CUBA MAY PORTEND CHANGES TO U.S. IMMIGRATION POLICY

January 13, 2015 Policy Beat

 Original here: US :Cuba Immigration policy

By Marc R. Rosenblum and Faye Hipsman

 The historic December 2014 agreement by President Barack Obama and Cuban President Raúl Castro to normalize relations between the United States and Cuba may herald revisions to immigration policy and create changes that affect the future migration of Cubans to the United States. The decision to re-establish diplomatic ties with the island nation, severed more than half a century ago after the Cuban revolution in which Fidel Castro seized power and established a socialist government, will prompt a series of sweeping changes. The United States will reopen an embassy in Havana; greatly relax restrictions on trade, travel, remittances, and financial transactions; and re-evaluate Cuba’s decades-old designation as a state sponsor of terrorism.

The two countries have also agreed to greater cooperation on areas such as counter-narcotics, environmental protection, and human trafficking. Despite the long estrangement, the United States and Cuba have cooperated on migration issues for decades and have agreed to do so in the future. While the United States has stated that its immigration policy toward Cuba—which affords Cubans uniquely favorable treatment—will for now remain unaffected, improved overall relations will make today’s immigration arrangements difficult to sustain.

Currently, Cubans who arrive in the United States, even without proper authorization, are granted entry and benefit from a fast-track process that allows them legal permanent resident (LPR) status after one year in the country. This unique policy, based on a presumption that all Cuban emigrants are political refugees in need of protection, may need revision now that a détente is at hand. As the two countries improve relations and open their travel channels, policies that automatically welcome Cubans—including illegal entrants and visa overstayers—and accelerate their access to a green card may need to be revisited.

A Cold War mentality has dominated the U.S. approach to its small southern neighbor since the Cuban revolution in 1959, focused chiefly on isolating the country through economic sanctions in opposition to Cuba’s socialist model. The United States has also cited major human-rights concerns for maintaining a trade embargo and implementing tough travel and financial restrictions. In his December announcement, President Obama called this approach outdated, saying that five decades of U.S. isolation of Cuba had failed to achieve the objectives of promoting democracy, growth, and stability there.

The U.S.-Cuba Migration Relationship

Fraught political relations between the two countries, combined with their geographic proximity, have afforded Cuba a place that is sui generis in U.S. immigration law and policy. On the one hand, the United States has offered generous refuge to Cubans fleeing communism; on the other, it has discouraged illegal and dangerous boat migration from Cuba, which has occurred in large waves several times in recent decades.

The population of Cuban immigrants in the United States surged after the revolution, rising from under 71,000 in 1950 to 163,000 by 1960. In the immediate aftermath of the overthrow of the Fulgencio Batista regime by Castro-led revolutionaries, many wealthy Cubans and other opponents of the Marxist forces fled, particularly as Castro began nationalizing private property. Under Operation Pedro Pan, organized by religious organizations in Miami with the support of the U.S. government, approximately 14,000 unaccompanied children whose parents opposed the Castro regime were flown to the United States between 1960 and 1962. In September 1965, the first Cuban “boatlift” began when the Cuban government announced that people were free to leave for the United States from the port of Camarioca. When thousands sought to take advantage of the opportunity, many in unsafe vessels, the United States and Cuba reached an agreement to instead allow Cubans to fly to Miami on chartered “Freedom Flights;” about 300,000 Cubans arrived this way between 1965 and 1973.

The cornerstone of U.S. immigration policy toward Cuba is the 1966 Cuban Adjustment Act (CAA), which Congress passed to accommodate these flows after amendments to the Immigration and Nationality Act (INA) in 1965 limited the number of Cubans (and other Western Hemisphere immigrants) who could receive visas. Under CAA, all Cubans who arrive in the United States are presumed to be political refugees, and are eligible to become legal permanent residents (LPRs or green card holders) after one year, assuming they are otherwise admissible. Two decades later, when Congress passed the 1980 Refugee Act establishing the current U.S. refugee and asylum system, the CAA provisions were left in place. Under the 1996 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, the CAA will sunset once Cuba becomes a democracy.

Following termination of the Freedom Flight program, most Cubans seeking to enter the United States have traveled by sea, and the attempts of hundreds of thousands of Cubans to make the perilous journey across the Straits of Florida have played a large role in shaping U.S. immigration policy toward Cuba. In 1980, maritime departures surged dramatically during the Mariel boatlift, when Fidel Castro opened the Cuban port of Mariel, allowing anyone to depart the country—including several thousand criminals and mentally disabled individuals. In the six months the port remained open, 125,000 Cubans (along with 25,000 Haitians who joined the flotilla) arrived in South Florida. Boat migration again surged in the mid-1990s. U.S. Coast Guard interdictions of Cubans jumped from 2,882 in fiscal year (FY) 1993 to 38,560 in FY 1994.

The 1994 surge prompted a pair of far-reaching migration agreements between Cuba and the United States in 1994 and 1995. Before then, Cuban migrants interdicted at sea by the Coast Guard were admitted to the United States, a practice widely criticized for encouraging more Cubans to attempt the risky journey. Under the 1994 agreement, Cuba agreed to discourage boat departures, while the United States agreed to grant admission to at least 20,000 Cuban nationals annually and to place intercepted Cubans in safe havens to be considered for asylum. Under the 1995 agreement, the United States granted parole status to the roughly 30,000 Cubans awaiting an asylum determination, and changed its policy to returning future migrants interdicted at sea directly to Cuba. Cubans who expressed a fear of persecution upon return and were determined to meet the refugee definition would no longer be eligible for asylum in the United States, but resettled in third countries.

Combined with the CAA, the 1994 and 1995 migration accords set forth the current “wet-foot, dry-foot” policy. Cubans intercepted at sea are returned to Cuba, where the government has pledged not to retaliate against them. Those who successfully reach the United States are permitted to stay, and become eligible to apply for a green card after a year.

Furthermore, to meet the 20,000 admission floor negotiated in the 1994 accords, the United States instituted the Special Cuban Migration Lottery. The lottery, held in 1994, 1996, and 1998, allowed Cuban nationals between the ages of 18 and 55 to register for admission to the United States, provided they possess two of the three following characteristics: a secondary school or higher education, three years of work experience, or a relative residing in the Unites States. Up to 20,000 lottery winners per year (depending on the number of Cubans admitted through regular visa processing) are granted parole status, and may bring their spouse and children. With 541,000 Cubans entering the lottery between 1994 and 1998, Cubans selected in 1998 continue to be paroled into the United States today.

As a result of these policies, and in spite of the hostile relations between the two countries, Cubans represent one of the ten largest foreign-born groups in the United States, with an estimated 1.1 million immigrants (2.7 percent of the foreign-born population). Collectively, Cuban immigrants and their U.S.-born descendants represented a diaspora of 2.1 million in 2011. Cuba also ranks highly as a sending country for new green-card holders, which have numbered in the 30,000s in each of the past five years (see Figure 1).

Figure 1. Annual Number of Cubans Gaining LPR Status, 1990-2013

AAASource: Department of Homeland Security (DHS), Office of Immigration Statistics, Yearbook of Immigration Statistics 2000-2013 (Washington, DC: DHS, Office of Immigration Statistics, various years), www.dhs.gov/yearbook-immigration-statistics.

Loosening Travel Restrictions

Travel between Cuba and the United States has been tightly controlled for much of the last half-century. Americans are only permitted to travel to Cuba for certain authorized purposes, such as educational, religious, humanitarian, or journalism trips. In 2013, Cuba changed a long-standing policy requiring its citizens to obtain an exit permit and letter of invitation from a country abroad in order to travel internationally, even temporarily. Most Cuban nationals now only need a valid passport and visa to depart, although certain skilled workers are excluded from the loosened rules. In response to Cuba’s policy change, the State Department extended the validity of B-2 tourist visas issued to Cubans from six months (single-entry) to five years with multiple entries permitted. Between 2012 and 2013, nonimmigrant visas issued to Cubans jumped 82 percent, from 20,200 to 36,787.

Future Implications

Cuba receives unique treatment under U.S. immigration law. No other nationality is given a blanket right to green-card eligibility, no other country has a floor below which visas may not fall, and no other group of immigrants is guaranteed admission to the United States if they appear at or between ports of entry. In effect, Cuban nationals are exempt from deportation and immigration enforcement policies affecting all other noncitizens. Furthermore, because Cuban arrivals are treated similarly to refugees, many are eligible for federal assistance and means-tested benefits from which most noncitizens are barred.

As the Obama administration and Cuba take steps to normalize their relations, trade and travel between the two countries is only expected to increase. While Homeland Security Secretary Jeh Johnson has stated that current immigration policy and law concerning Cuba will remain “for the time being,” expanded travel and trade raise questions about the viability of the wet-foot, dry-foot policy and the Cuban Adjustment Act: As visa issuance to Cuban nationals increases, will a growing number of Cubans overstay their visas in order to obtain green cards? A policy that rewards those who violate the terms of their visas is sure to invite questions of fairness. How will the U.S. policy of automatically treating Cubans who reach the United States as refugees affect bilateral relations once diplomatic ties are restored?

Indeed, the Coast Guard has already reported a spike in interdictions of Cubans at sea since the announcement, with 500 interdictions in December—three times the typical amount. The Coast Guard attributes the spike to fear among Cubans that the United States could soon repeal the wet-foot, dry-foot policy.

However, while improved relations may create a pressing need for normalized immigration policies toward Cuba, both Cuba and immigration are highly polarized political issues. Permanently changing these laws will ultimately require approval by the U.S. Congress, and faces a steep uphill climb.

 Playas deEste, August 1994. Did They Make it?

Cuba-leaving-1 Cuba-leaving-2

Posted in Blog | Tagged , , | Leave a comment

PERSPECTIVE: OVERCOMING CUBA’S INTERNAL EMBARGO

Published in Current History, February 2015, here: INTERNAL EMBARGO 

See original essay here: Overcoming Cuba’s Internal Embargo

By Ted A. Henken and Archibald R.M. Ritter

In scores of interviews conducted over the past 15 years with Cuban entrepreneurs for our new book, “Entrepreneurial Cuba,” Arch Ritter and I often heard the following two very pregnant Cuban sayings:

El ojo del amo engorda el caballo” (The eye of the owner fattens the horse) and “El que tenga tienda que la atienda, o si no que la venda” (Whoever has a store should tend to it, and if not then sell it”).

The first adage indicates that the quality of a good or service improves when the person performing it enjoys autonomy and has a financial stake in the outcome. The second saying suggests that if the Cuban government is unable to “tend its own stores,” then it should let others take them over.

In essence, this popular wisdom demands that the state turn over to the private sector the economic activities it cannot operate effectively itself—many of which are already widely practiced in Cuba’s ubiquitous underground economy.

In other words, the U.S. embargo – recently dealt a near fatal blow by the joint decision by Presidents Barack Obama and Raúl Castro to reestablish diplomatic relations after almost 54 years – is hardly the principal “blockade” standing in the way of Cuba’s economic revitalization. Though the American “bloqueo” has long been the target of withering and well-deserved international condemnation, on the island Cubans themselves are much more likely to criticize what they bitterly refer to as the “auto-bloqueo” (internal embargo) imposed by the Cuban government itself on the entrepreneurial ingenuity, access to uncensored information and open communications, as well as basic civil and political rights of the Cuban people.

President Barack Obama has opened a door to potential U.S. investment in (and import/export to and from) Cuba’s entrepreneurial and telecom sectors. But is Raúl Castro willing to allow U.S. companies to operate on the island? More important still, is his government ready to open up to the Cuban people by beginning to relinquish its tight control over private enterprise and the Internet?

While we believe that it is both good and necessary for the United States to open up to Cuba and vice versa (to paraphrase the late Pope John Paul II), our book argues that little economic progress or political freedom will be enjoyed by Cubans themselves until the Cuban government opens up to its own people, ceases to demand their acquiescence as subjects, and begins to respect them as citizens, consumers, and entrepreneurs with defensible and inalienable economic and political rights of their own.

In fact, two weeks following the historic mid-December Obama-Castro announcement, the Cuban government received its first public test of whether its internal embargo would now be relaxed in light of the sea-change in U.S. policy. On December 30, the internationally renown Cuban artist Tania Bruguera organized a public act of performance art in Havana’s iconic Revolutionary Plaza. Dubbed “#YoTambienExijo,” Bruguera invited Cuban citizens to “share their own demands” on the government and visions for the island’s future for one minute each at an open-mic set up in the Plaza. Predictably, the government responded by arresting and detaining scores of artists, activists, and independent journalists, which amounted to an even more public “performance” of its own typically repressive tactics, as news of the event echoed in the international media on the final day of the year.

Thus, while we can celebrate the fact that the U.S. and Cuban governments have finally agreed to begin respectful, diplomatic engagement, the Cuban government’s failure to respectfully engage with the diverse and often dissenting voices of its own citizens makes us wonder with Bruguera whether “it’s the Cuban people who will benefit from this new historic moment,” as she put it in her previously circulated open letter to Raúl Castro.

Between 1996 and 2006, President Fidel Castro pursued an economic policy retrenchment that gradually phased out the pro-market reforms of the early 1990s, indicating that he was more aware of the political risks that popular entrepreneurship would pose to his centralized political control than of the economic benefits it could provide. Therefore, he was unwilling to transfer more than a token portion of the state “store” to private entrepreneurs.

His brother, Raúl Castro, whose presidency began in 2006, has significantly eased this resistance. While the underlying goal of economic reform is still to “preserve and perfect socialism,” he has started to deliberatively shrink the state “store” and transfer the production of many goods and services to the more than half-a-million new small enterprises, including both private and cooperative ventures.

However, much more remains to be done in reforming policies toward microenterprise so that it can contribute fully to productive employment, innovation, and economic growth. For example, 70 percent of the newly self-employed were previously unemployed, meaning that they likely converted previously existing underground enterprises into legal ones, doing little to absorb the 1.8 million workers slated for state-sector layoffs. Moreover, only 7 percent of self-employed are university graduates, and most of them work in “low tech” activities because almost all professional self-employment is prohibited. This acts a “blockade” on the effective use of Cuba’s well-educated labor force, obstructing innovation and productivity.

A further goal of the tentative reforms to date has been to facilitate the emergence of cooperative and small enterprise sectors so that they can generate sustained improvements in material standards of living. This can only be achieved with additional reforms that effectively “end the embargo” against Cuban entrepreneurs.

Among the necessary changes would be:

1. Opening the professions to private enterprise,

2. Implementing affordable wholesale markets,

3. Providing access to foreign exchange and imports (a fiercely guarded state monopoly),

4. Establishing effective credit facilities,

5. Permitting the establishment of retailing enterprises, and

6. Relaxing the tax burden on small enterprise, which now discriminates against domestic enterprise in favor of foreign investors.

Progress in all these areas would be greatly facilitated by access to U.S. investors and markets (both as a source of desperately needed wholesale inputs and as a place to sell their products), something now possible following the implementation of Obama’s historic policy changes during the coming year.

However, it remains to be seen whether Raúl has the political will to intensify the internal reform process. The outright prohibition of activities the government prefers to keep under state monopoly allows it to exercise control over Cuban citizens and impose an apparent order over society. However, this comes at the cost of pushing all targeted economic activity (along with potential tax revenue) back into the black market – where much of it lurked prior to 2010.

On the other hand, the inclusion and regulation of the many private activities dreamed up and market-tested by Cuba’s always inventive entrepreneurial sector would create more jobs, a higher quality and variety of goods and services at lower prices, while also increasing tax revenue. However, these benefits come at the political cost of allowing greater citizen autonomy, wealth and property in private hands, and open competition against state monopolies.

The viability of Cuba’s reforms also depends on the recently announced changes in U.S. policy toward Cuba and on Cuba’s changing policy toward its émigrés, who already play a major role in the Cuban economy as suppliers of start-up capital via the billions of dollars they provide annually in remittances. Such investment could be expanded if the Cuban government were to deepen its recent migration reforms by granting greater economic rights to its extensive émigré community.

Obama’s relaxation of U.S. policy will inevitably shift the political calculus that underlies economic reform on the island. As external obstacles to Cuba’s economic revitalization are removed, the onus will fall with increased pressure on the Cuban government to broaden and deepen its initial reforms, since it alone will be to blame for poor performance.

For example, organizations like Catholic Church-affiliated CubaEmprende have already begun to offer entrepreneurship workshops to small business owners with the financial backing of Cuban-Americans. Now that they needn’t worry about the threat of U.S. sanctions, will this and other similar projects be provided the legal and institutional space to flourish by the Cuban government?

Despite a continued state monopoly on the mass media and one of the Western Hemisphere’s lowest Internet penetration rates, in recent years Cuba has seen a number of significant developments in information and communication technology (ICT) capabilities, access to uncensored news, and the availability of new dissemination channels for digital data.

These developments include:

1. The spread of the worldwide blogging and citizen journalism phenomena to Cuba;

2. The connection of a fiber-optic Internet cable to the island from Venezuela in 2013, followed by the opening of 118 Internet cafés in June 2013 and access to e-mail via cell phone for the first time in 2014;

3. The appearance of a small number of independent, island-based news outlets – including the news and opinion websites Havana Times, On Cuba, and 14ymedio (launched by pioneering blogger Yoani Sánchez in May 2014);

4. The creation of a number of unauthorized “mesh” networks that use private Wi-Fi networks to communicate and share information, and

5. The emergence of an underground digital data distribution system known as “el paquete” (the packet).

Each of these developments could be accelerated by the new U.S. policy that allows American telecom providers to do business in Cuba, but only if the Cuban government is willing to allow diversification and freer competition in its centralized, monopolistic ICT system.

For example, the so-called “packet” phenomenon currently acts as an alternate, off-line Internet on the island making huge amounts of electronic data (CDs, DVDs, video games, books, “apps,” computer programs, news, and so forth) readily available for purchase in Cuba’s digital “black market.” While much data continues to circulate via thumb-drives, there is also a market for entire external hard drives of data bought and sold not in megabytes or gigabytes, but in terabytes – and all outside the rigid control of the state media production and distribution system – amounting to an indirect but very serious and effective challenge to the so-called “política cultural de la Revolución.”

This digital black market arises from the fact that many products—especially the latest electronic gadgets—are either priced far out of reach for most Cubans in “las tiendas estatales,” not sold at all, or even banned outright. More recently, the small but rapidly growing number of Cubans who have joined the smart phone revolution (often purchasing their Androids or iPhones via the blocked site Revolico.com, a Cuban version of Craig’s List) have benefitted from the proliferation of “apps” especially configured for Cuba’s peculiar off-line environment.

Undoubtedly, such a peculiar digital media environment will be fundamentally transformed if American data, service, and hardware providers were given access to the Cuban market. At the very least, prices are bound to fall, speed increase, and access expand, with the quality and quantity of digital ICT equipment improving.

A key recent development was the June 2014 trip of top Google executives to the island, including company co-founder Eric Schmidt, with the purpose of “promoting a free and open Internet.” To that end, they met both with leading cyber-activist Yoani Sánchez and government officials, while also interacting with students at Cuba’s University of Computer Science. Upon returning to the U.S., Schmidt declared that Cuba was trapped in the Internet of the 1990s and heavily censored, with American-engineered hardware and software losing out to Chinese ICT infrastructure.

He also reasoned that the U.S. embargo “makes absolutely no sense” if Washington’s aim is to open the island up to the freer flow of information. “If you wish the country to modernize,” Schmidt argued, “the best way to do this is to empower the citizens with smart phones and encourage freedom of expression and put information tools into the hands of Cubans directly.”

The greatly expanded telecom opportunities for U.S. companies and the decision to review the designation of Cuba as a state sponsor of terrorism, both included in December’s announcement to normalize relations, indicate that the Obama administration was convinced by Schmidt’s logic.

The slow pace and (so far) only marginally successful results of Cuba’s economic reforms to date has put the Cuban government under rising internal pressure to expand Internet services and from abroad to meet the needs of the new foreign investors it hopes to attract. This eventuality – now with the help of U.S. investment and technology – could positively impact the population’s access to the web.

At the same time, the government is clearly looking to the Chinese example as it contemplates ramping up its own Internet capabilities, hoping to remake the web in its authoritarian image and forestall any of its democratizing impacts.

Still, in the months following the Google visit, the company announced that it was unblocking island access to its free cloud-based Chrome search engine as well as popular applications such as Google Play and Google Analytics – a decision that could not have been made without tacit approval from the Obama administration. Events in 2015 will reveal how much further the Cuban government is willing to allow Google and other Internet and telecom companies to go.

While these digital developments are significant, it remains difficult to determine to what extent they will affect ordinary Cubans, given that the government itself estimates the Internet access rate at an extremely low 26 percent. Even this figure conflates access to the Internet with the island’s limited internal “intranet,” and counts sporadic access to e-mail in the same category as full access to the World Wide Web.

Moreover, while 118 new cyber-cafes opened across the island in June 2013, the service is a state monopoly available only to those able to pay in hard currency. Full access for one hour costs the equivalent of the average weekly salary. Thus, expanded access to ICT in Cuba takes place in a context of a connectivity that can be described as slow, expensive, and censored, with certain sites – such as 14ymedio – blocked outright.

Devices such as computers, tablets, and smartphones are scarce and costly; the purchase and importation of key equipment such as routers and other Wi-Fi technology are highly controlled. Indeed, it is still not legally possible for the vast majority of Cuban citizens to obtain a household Internet connection, and there is virtually no legal access on the island to wireless networks and fully functional mobile technology or smart phones with data plans, outside of international hotels and certain government institutions, and select educational facilities.

The government has recognized these limitations and made commitments to remedy them, but there is no clear timeline or way to hold the government or its telecom monopoly Etecsa accountable to citizens, consumers, or Cuba’s emerging class of private entrepreneurs.

Cuban citizens of all stripes are working to overcome the substantial obstacles to entrepreneurship and free expression. This effort, however, takes place in an asphyxiating climate of political polarization, where Cubans have been doubly blockaded by the U.S. embargo on one side and by the ongoing internal embargo on the other.

This is why the recent growth of domestic entrepreneurship and innovative engagement by Internet companies like Google is so significant. This new approach seeks to engage and empower the Cuban people directly while accepting some collateral benefit for the Cuban government, instead of aiming to undermine the government with a ham-handed embargo while accepting the collateral damage that such a policy inevitably has on the people.

Now that this approach has been reinforced by the Obama administration’s momentous decision to diplomatically engage Cuba as a way to further empower the Cuban people (making their lives, in the words of the president, a bit more fácil), the ball is clearly in Castro’s court.

Will he transform his initial economic reforms and marginal expansion of the Internet into change Cubans can believe (and even invest) in?

 

Posted in Blog, Featured | Tagged , , , , , , | 1 Comment

RAUL CASTRO: US MUST RETURN GUANTANAMO FOR NORMAL RELATIONS

January 28, 2015 – AP – JAVIER CORDOBA AND MICHAEL WEISSENSTEIN

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/C/CB_CUBA_US?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

SAN JOSE, Costa Rica (AP) — Cuban President Raul Castro demanded on Wednesday that the United States return the U.S. base at Guantanamo Bay, lift the half-century trade embargo on Cuba and compensate his country for damages before the two nations re-establish normal relations.

Castro told a summit of the Community of Latin American and Caribbean States that Cuba and the U.S. are working toward full diplomatic relations but “if these problems aren’t resolved, this diplomatic rapprochement wouldn’t make any sense.”

Castro and U.S. President Barack Obama announced on Dec. 17 that they would move toward renewing full diplomatic relations by reopening embassies in each other’s countries. The two governments held negotiations in Havana last week to discuss both the reopening of embassies and the broader agenda of re-establishing normal relations.

Obama has loosened the trade embargo with a range of measures designed to increase economic ties with Cuba and increase the number of Cubans who don’t depend on the communist state for their livelihoods.

The Obama administration says removing barriers to U.S. travel, remittances and exports to Cuba is a tactical change that supports the United States’ unaltered goal of reforming Cuba’s single-party political system and centrally planned economy.

Cuba has said it welcomes the measures but has no intention of changing its system. Without establishing specific conditions, Castro’s government has increasingly linked the negotiations with the U.S. to a set of longstanding demands that include an end to U.S. support for Cuban dissidents and Cuba’s removal from the U.S. list of state sponsors of terrorism.

On Wednesday, Castro emphasized an even broader list of Cuban demands, saying that while diplomatic ties may be re-established, normal relations with the U.S. depend on a series of concessions that appear highly unlikely in the near future.

The U.S. established the military base in 1903, and the current Cuban government has been demanding the land’s return since the 1959 revolution that brought it to power. Cuba also wants the U.S. to pay hundreds of millions of dollars in damages for losses caused by the embargo.

“The re-establishment of diplomatic relations is the start of a process of normalizing bilateral relations, but this will not be possible while the blockade still exists, while they don’t give back the territory illegally occupied by the Guantanamo naval base,” Castro said. He demanded that the U.S. end the transmission of anti-Castro radio and television broadcasts and deliver “just compensation to our people for the human and economic damage that they’re suffered.”

The U.S. State Department did not immediately respond to a request for comment on Castro’s remarks.

Castro’s call for an end to the U.S. embargo drew support at the summit from the presidents of Brazil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua and Venezuela.

Brazilian President Dilma Rousseff also praised the effort by the leaders of Cuba and the U.S. to improve relations. “The two heads of state deserve our recognition for the decision they made – beneficial for Cubans and Americans, but, most of all, for the entire continent,” she said.

John Caulfield, who led the U.S. Interests Section in Havana until last year, said that the tone of Cuba’s recent remarks didn’t mean it would be harder than expected to reach a deal on short-term goals like reopening full embassies in Havana and Washington. In fact, he said, the comments by Castro and high-ranking diplomats may indicate the pressure Cuba’s government is feeling to strike a deal as Cubans’ hopes for better living conditions rise in the wake of Obama’s outreach.

“There is this huge expectation of change and this expectation has been set off by the president’s announcement,” Caulfield said. The Cuban government feels “the constant need to tell their people nothing’s going to change … the more the Cubans feel obligated to defend the status quo and to say that’s nothing going to change, the more pressure it indicates to me is on them to make these changes, partly on the economic side but I would also say on the political side.”

US_fleet_at_Guantanamo_Bay_1927

The U.S. Fleet at Guantanamo, 1927

GitmoGuantanamo Today

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment

U.S.-CUBA RELATIONS: A DOCUMENT ARCHIVE

The Center for Latin American and Latino Studies (CLALS) at American University in Washington, DC has just created an on-line archive on U.S. Cuban relations focussing especially on the process of normalization.

Its web site is here:

U.S.-Cuba Relations: A Document Archive

At a moment when Cuba is undergoing significant change and Latin America is clamoring for the United States to change its policy toward Cuba, leaders in both Washington and Havana have expressed a desire to move beyond the hostility that has characterized relations for more than half a century. Overcoming the legacy of that hostility is no easy matter; the issues to be resolved are many and complex.

The purpose of this archive is to provide a resource for scholars, researchers, and policymakers interested in U.S.-Cuban relations by creating a single point of easy access to relevant articles, laws, and reports on the full range of U.S.-Cuban issues. From human rights to migration to environmental protection, the Center for Latin American and Latino Studies has assembled the best and most current resource materials available—over 160 documents in all. We hope that this archive will help to better inform the interested public about the interests at stake and the issues to be resolved. We plan to keep the collection current by adding new materials as they become available. As part of the Center’s Cuba Initiative, the U.S.-Cuba Archive is supported by generous funding from the Christopher Reynolds Foundation.

New Picture (1)

Topics

Analysis for Normalization

Commission for Assistance to Free Cuba

Committee on Foreign Relations

Counter-Narcotics Cooperation

Cuban Internal Affairs

Democracy Programs

Economic Opportunity

Economics in Normalization

Environmental Protection

Executive Discretion

Health Cooperation

Human Rights Migration

NGO Responses, Research and Recommendations

Normalizing Relations

Property Claims

Public Opinion

Telecommunications

Terrorism

Travel and Remittances

TV and Radio Martí

U.S. Laws and Regulations

Posted in Blog | Tagged , , | Leave a comment

CUBA WELCOMES “NORMALIZATION,” BUT ONLY ON ITS OWN TERMS

January 26, 2015

By Eric Hershberg

Original here: ON ITS OWN TERMS

Cuba Apr 2012 069.jpgAADown La Rampa, Photo by Arch Ritter.

Cuban President Raúl Castro is undoubtedly as serious about normalizing diplomatic ties as President Barack Obama is, but the island’s government arguably faces more pressing challenges than working out the details of a rapprochement with Washington. Commentators have observed that after the initial euphoria following the December 17 announcement, officials now speak of a long road ahead. Full normalization, while welcome, is not the foremost concern of Cuban policymakers. The paramount objective of Cuban authorities is the survival of the revolution and the one-party state that it engendered. Top diplomats reiterated on January 23, after the first round of talks in Havana, that there will be no concessions to continued American insistence on changes in Cuba’s domestic political arrangements.

Economic revitalization is imperative. Despite the reforms introduced by Castro, the Cuban economy remains woefully unproductive, incapable of meeting the needs of its citizenry or generating the foreign exchange that any small island developing state requires to import goods that it cannot produce domestically. Growth rates are anemic, reaching only 1.3 percent in 2014, and independent projections call into question last month’s official announcements predicting 4 percent expansion during 2015. Agriculture remains stagnant despite reforms aimed at putting fallow lands to productive use, so imports of food account for $2 billion in the extremely tight state budget put forth for 2015. The severe shortage of cash, moreover, impedes public investment in Cuba’s crumbling infrastructure, which hinders autonomous producers from securing vital inputs for their businesses or distributing what they produce. Ideally, foreign investment would supply resources where domestic sources cannot, but for the most part this is not happening either. A 2013 foreign investment law has to date yielded little fresh capital: European and other investors with experience on the island explain privately that the conditions for conducting business are such that they are reluctant to commit good money after bad. The new changes in U.S. regulations may produce some increase in investment flows – primarily in the form of remittances from Cuban Americans to families and friends – and thus continue to provide some economic oxygen, but the likely scale of these flows should not be overestimated. Washington’s new regulations seem likely to continue blocking investments that could increase the Cuban state’s ability to develop the infrastructure necessary to promote economic growth.

Because the intertwined goals of state security and economic revitalization are paramount, Havana’s engagement with the United States will be conditioned on its compatibility with those objectives. Critics of the American opening who lambast Barack Obama for acceding to a deal with minimal Cuban concessions are right that Havana did not abandon its position that its political system is non-negotiable. If by joining the rest of the western hemisphere in acknowledging the Cuban state Washington embarks on a path that will fuel economic activity in Cuba, the two countries will proceed, however gradually, away from confrontation. The trajectory of U.S. relations with China and Vietnam in recent decades offers an instructive precedent for how this can be achieved and be mutually beneficial. But if the Americans perceive greater engagement with Cuba as a tool for regime change, or strive to limit financial flows exclusively to private actors, their Cuban counterparts naturally will limit the scope of interaction. A new round of State Department solicitations for bids to conduct democracy promotion activities in Cuba, like the U.S. negotiators’ insistence last week on getting a photo-op with dissidents before heading back to Washington, suggest that this message has yet to be absorbed by American officials.

Posted in Blog | Tagged | Leave a comment

CUENTAPROPISMO EN CUBA Y LAS IMPORTACIONES DESDE EEUU PARA CUBA

By Nora Gámez Torre

elnuevoherald.com, 22 January 2015

Original here: Cuentapropismo, Importaciones, Normalizacóin

La lista que el Departamento de Estado está confeccionando con bienes y servicios ofrecidos por empresarios cubanos privados que podrán ser importados en los Estados Unidos será amplia para estimular la creatividad de los “cuentapropistas” y el interés del gobierno de la isla por ampliar sus exportaciones, dijo una fuente que ha tenido acceso al borrador del documento.

Las nuevas regulaciones que comenzaron a regir el 16 de enero prevén el apoyo a los pequeños negocios, pero el Departamento de Estado debe decidir quiénes estarán comprendidos dentro de este sector privado y cuáles serían los productos a importarse desde la isla.

Una de las mayores limitaciones de la política económica actual respecto al “cuentapropismo”, como se designa el trabajo privado en la isla, es que de las 201 actividades ahora permitidas por el gobierno de Raúl Castro, la mayoría son oficios que requieren poca capacitación e infraestructura tecnológica —“vendedor ambulante de alimentos”, “rellenador de fosforeras” y “barberos” son algunos ejemplos— y el espacio para el empleo de profesionales es mínimo.

Por eso la fuente consultada por el Nuevo Herald cree que el Departamento de Estado no confeccionará la lista a partir de la legislación vigente, sino que intentará “abrir la puerta lo más amplia posible, para que sea el gobierno cubano el que decida si va a eliminar los obstáculos a los empresarios y, si esto no sucede, que ellos sepan que es por culpa del bloqueo interno”.

En la lista, que iría cambiando a partir de las dinámicas en Cuba, estarían incluidos servicios profesionales de traducción, programación o de construcción que no están autorizados actualmente en Cuba, por lo que se trata de “anticiparse un poco al futuro”, agrega.

Consultado al respecto, el profesor de Sociología de Baruch College, Ted Henken, cree que este enfoque es positivo pero “la gran pregunta es si esto tendrá impacto o si el gobierno cubano permitirá este intercambio”.

El profesor de Economía de la Universidad de Carleton en Canadá, Archibald Ritter, comentó a el Nuevo Herald que uno de los principales obstáculos para que Estados Unidos pueda apoyar a la empresa privada es el monopolio que tiene el estado sobre las importaciones y las exportaciones.

En las nuevas regulaciones, también se autoriza la exportación a Cuba de materiales de la construcción, herramientas y maquinaria agrícola a los cuentapropistas, pero según Ritter “esto requiere cambios en el monopolio del estado sobre el comercio exterior”, pues actualmente no existe un mecanismo que permita que los empresarios privados puedan importar o exportar. Tampoco existe un mercado mayorista donde ellos puedan adquirir sus insumos.

En la nota de la Agencia de Información Nacional sobre las nuevas regulaciones, el único reporte que fue publicado en todos los medios nacionales, no se hace referencia a la posibilidad de exportación de productos cubanos hacia Estados Unidos, provenientes del sector privado.

También se hace notar que “se mantienen las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, especialmente de productos de alta tecnología, con excepción de limitadas ventas de materiales de construcción, equipos e implementos agrícolas que se permitirán realizar a particulares, al parecer a través de empresas cubanas”.

Y según la fuente consultada por el Nuevo Herald, el Departamento de Estado estaría considerando utilizar a una empresa estatal cubana como intermediaria, si se ofrecen garantías de que los productos y materias primas llegarán a manos de los cuentapropistas.

Presentación de libro sobre cuentapropismo en Cuba

Ritter y Henken son expertos en el tema y publicaron una investigación sobre el cuentapropismo titulada Cuba empresarial: un contexto de políticas cambiantes, que será presentada el viernes en la libraría Books and Books a las 6:30 pm, un evento auspiciado por el Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida.

En el libro, en el que realizan una comparación entre las políticas de Fidel y Raúl Castro sobre la empresa privada, Ritter y Henken hacen un balance del estado de esa actividad en la isla y advierten de los altos impuestos, y la “discriminación” en términos fiscales que favorece a empresas mixtas con capital extranjero.

Si la liberalización del cuentapropismo tenía como objetivo absorber el millón de trabajadores de la economía estatal que Raúl Castro consideró como “redundantes”, a los que se les llama eufemísticamente como “disponibles”, los autores del libro concluyen que esta meta no ha sido alcanzada. Más bien, argumentan, el cuentapropismo ha venido a legalizar muchas actividades que trascurrían en el mercado informal.

Aunque según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta septiembre del 2014, el número de empleados en estas actividades aumentó a 471,085 en todo el país, cifras de la capital hasta marzo de ese mismo año indicaban que solo 63 de los cuentapropistas registrados habían perdido sus empleos (“disponibles”). El 15 por ciento de los cuentrapropistas habaneros eran también trabajadores estatales mientras que el 63 por ciento, cerca de 80,000, no tenían “vínculo laboral previo”, según publicó el portal oficial Cubadebate.

Los autores señalan que aunque en la prensa se ha comenzado a eliminar el estigma en torno a la empresa privada, el cierre de negocios exitosos, sobre todo paladares, apunta a que la acumulación de capital todavía no es bien vista por las autoridades.

Ritter y Henken concluyen que aunque la reforma de Raúl Castro ha sido significativa, “no es suficiente” para promover el desarrollo económico a gran escala y que medidas que permitan un mayor protagonismo de la diáspora así como mayores garantías y beneficios a la pequeña y mediana empresa son indispensables.

 More Cuenta Propistas

Cuba Mar 2014 036 - Copy Cuba Mar 2014 040 - Copy Cuba Mar 2014 056 Cuba Mar 2014 080 Cuba Mar 2014 096

Posted in Blog | Tagged , , , | 2 Comments

U.S.-CUBA RELATIONS: ENTERING A TESTING PERIOD

Arturo Lopez Levy, University of Denver

 Huffington Post, January 19, 2015

Original here: TESTING PERIOD

In August 2010, Cuban Roman Catholic Cardinal Jaime Ortega went to Washington and shared with many a message he heard directly from Raul Castro:

He repeated to me on several occasions that he is ready to talk to the United States government directly, about every issue.”

This message was music to the ears of many U.S. foreign-policy officials and politicians who were convinced the time had come to bring American relations with Cuba into the post-Cold War 21st century. It took more than four years for the promise of Ortega’s message to be fulfilled.

Last December 16, Raul Castro and Barack Obama had a direct phone call to discuss the general situation of the relations between Cuba and the United States. The two presidents agreed to a spy-swap accompanied by some Cuban humanitarian gestures to release USAID subcontractor Alan Gross and 53 prisoners confined for different reasons in Cuban jails. Most importantly, they also agreed to re-establish diplomatic relations between the two countries. President Obama asked Secretary Kerry to conduct a non-ideological assessment likely to lead to Cuba’s removal from the State Department list of Terrorism Sponsoring Nations. President Obama negotiated with Cuba “chivalrously, not like a shyster” as Henry Kissinger recommended to his diplomats in 1975.

President Obama’s December 17 discourse undermined the basis of the embargo policy. Obama introduced a new American official narrative about Cuba. He discussed Cuba’s situation not as a threat to U.S. national security but as a country in a transition the United States should support. President Obama also acknowledged that “It does not serve America’s interests, or the Cuban people, to try to push Cuba toward collapse.” He discussed several initiatives to help Cuba’s growing non-state economic sectors and wide-range civil-society groups, not only those in the political opposition.

This is a significant departure from the course U.S. policy has followed for almost six decades, but actions must now be undertaken by both countries to make these changes durable and real.

A strategic and realistic view of U.S-Cuba engagement

Cuba and the United States need to develop a strategic view of the process their presidents launched on December 17, 2014. A crucial issue, perhaps the crucial issue, is how to neutralize those opposed to the dismantlement of the hostility structures at both sides of the Strait of Florida. There are powerful spoilers in key positions such as Senator Marco Rubio, who will now chair the Senate Foreign Relations Subcommittee for Western Hemisphere Affairs. Rubio and anti-normalization of relations groups in Miami and Havana are already trying to trigger a crisis to roll back the rapprochement and return to the old patterns of hostility and isolation.

The Obama Administration should not restrain itself from partnering with Cuba to make the agreement stick. Cuban officials have historic reasons to suspect about American intention and see plots everywhere. Good communications from Washington clarifying when plots have nothing to do with the Administration can help to diminish spoilers’ political influence. One big issue to watch is the democracy-promotion program. Washington should not apologize for defending its democratic values but the Secretary of State can provide responsible guidelines to shape these programs into less intrusive practices that are more in line with international law.

On the other side, Cuba has a complex track record of managing thorny provocations by anti-normalization Miami groups. The shooting down of the Brothers to the Rescue planes in 1996 demonstrated the Cuban military’s lack of understanding about the U.S. political debate in that electoral year. Bill Clinton wrote in his memoirs: “I later received word from Castro — indirectly of course — that the shoot down was a mistake. Apparently he had issued earlier orders to fire on any aircraft that violated Cuban airspace and had failed to withdraw them when the Cubans knew the Brothers to the Rescue were coming.”

Cuba needs to be pro-active rather than reactive, not only toward the United States actors but also empowering independent civil-society groups. A vibrant autonomous community, separated from U.S. regime-change policy but independent from the Cuban Communist Party (CCP), would be the best alternative to the pro-embargo small opposition groups who count on a Cuban government’s repressive response to their provocations for derailing the process.

It is important to translate into the two societies’ gains, the opening steps taken by their governments. People-to-people exchanges are the most resilient bond connecting two countries. Economic interdependence, educational programs, travel, religious communities’ contacts, and family ties are building blocks of a durable relationship. Whether American and Cuban policymakers can make the December 17 changes irreversible will depend on how their regulations motivate and empower pressures from different U.S. constituencies to liberalize cross-Strait relations.

The best way to reinforce Obama’s discourse about a Cuba in transition is to advance, as much as it is safely possible, toward a more efficient market-based mixed economy and establish economic ties and trade with the U.S. private sector. One important new development is Obama’s announcement of a license to export U.S. agricultural machinery for Cuba’s private sector. The Cuban government should prepare legislation and infrastructure to eliminate red tape and unnecessary regulations of the private sector’s importation of agricultural machinery.

A stable move to a pluralist and open political society is also in line with Cuba’s national interests and international human-rights standards. Cuba’s internal political discussion is today more open than ever since 1961, except on the issue of the one-party system. There is a widely spread civil society of intellectuals, religious communities and second-culture publications, think tanks, and rights advocates interested in responsibly expanding the representation and competitiveness of the political system without opening the door to embargo advocates.

Decentralization — planned by the CCP since 2011 — can be a major democratization step by transferring power from the center to the municipalities and provinces.

There are a few strongly symbolic steps Cuba can take in its foreign policy. Havana could establish diplomatic relations with Israel and South Korea, helping to have a more balanced Latin American attitude toward these two American allies located in key strategic regions. Cuba can also use the Summit of the Americas to join at least some parts of the Inter-American system, such as the Inter-American Committee against Terrorism and the Inter-American Drug Abuse Control Commission. These steps are not an abandonment of any nationalist principle but could demonstrate that Cuba is — to use Kissinger’s words about Iran — “more a country than a revolutionary cause.” A nationalist Cuba, focused on economic development, is not incompatible with a U.S.-led world order.

The time between now and the Summit of the Americas in April 2015 is a critical juncture for rapprochement chances. The immoral, illegal and counterproductive U.S. embargo remains in place, harming Cuba’s chances for economic reform and political liberalization. No one expects that Cuba would become a model democracy overnight. The Cuban Communist Party is not committed yet to the universal human rights as they are written in international conventions. But a Rubicon was crossed by the two presidents in December 17, 2014. U.S.-Cuba relations are still far from optimal, but they have never had a more promising framework since President Carter departed from the White House in 1981.

This post is part of a Huffington Post blog series called “90 Miles: Rethinking the Future of U.S.-Cuba Relations.” The series puts the spotlight on the emerging relations between two long-standing Western Hemisphere foes and will feature pre-eminent thought leaders from the public and private sectors, academia, the NGO community, and prominent observers from both countries. Read all the other posts in the series here.

Cuba Mar 2011 111

A New Day Dawns at the US Interest Section Embassy in Havana

Cuban_interest_section_dcAnd at the Cuban Interest Section  Embassy in Washington

Posted in Blog | Tagged , | Leave a comment