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SUGERENCIA DE QUINCE PUNTOS PARA UNA NORMATIVA DE PYMES EN CUBA.

By Pedro Monreal in  elestadocomotal on November 25, 2020

Original Article: SUGERENCIA PARA UNA NORMATIVA DE PYMES EN CUBA

La legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas (PYMES) es, por amplio margen, el “eslabón perdido” del programa oficial de cambios económicos en Cuba. Mencionada, pero no implementada ni siquiera a nivel de preparación de condiciones, al menos públicamente, y “empaquetada” de una manera confusa con algo a lo que se le denominan PYMES estatales, llama la atención la parsimonia con la que se aborda uno de los temas respecto a los que se dispone de mayor evidencia internacional acerca de su potencial efecto positivo en el empleo y en la productividad nacional.

He estimado que el establecimiento de PYMES en Cuba pudiera aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) entre 1,5 y 1,7%. (1)

La dilación de la medida introduce un problema de secuencia en el programa económico oficial pues, al aplicarse ahora el llamado “ordenamiento” (una mezcla de hiper-devaluación, alza de precios y salarios, y eliminación de subsidios) se asume un riesgo inflacionario debido a la carencia de una capacidad de respuesta de oferta que pudiera haberse reducido si se hubiesen legalizado primero las PYMES.

Después del anuncio del “paquete económico” del verano, publiqué dos propuestas sobre medidas muy relacionadas. Primero, presenté en agosto una propuesta para el establecimiento de las PYMES, y luego, a principios de octubre, publiqué una propuesta para reformar el trabajo por cuenta propia (TCP) mediante la adopción de un esquema de trabajadores “autónomos”. (2)

A nivel de esos dos temas, el marco de referencia más amplio era la legalización de las PYMES. De hecho, la primera fase de la “travesía” hacia las PYMES consistía precisamente en el establecimiento de un marco normativo del trabajo “autónomo”.

El problema es que, aunque sobre la reforma del TCP se hablado oficialmente de tal manera que parecería ser una acción de mayor inmediatez en comparación con las PYMES, en realidad muy poco se ha hecho en la práctica. Considero que se presta gran atención a la transformación del TCP en sí mismo, sin que frecuentemente se conecte ese posible cambio con otras transformaciones futuras. (3)

Retomo ahora aquellas propuestas, pero con las modificaciones que considero que habría que priorizar en las circunstancias actuales.

¿Por qué retomo las propuestas, y por qué las retomo de manera modificada?

No parece realista asumir que se legalicen las PYMES en el plazo inmediato, pero no debería descartarse que un desbalance macroeconómico eventualmente derivado del “ordenamiento” pudiese tener el efecto de conducir a una modificación de las secuencias del resto del programa económico.

El establecimiento de las PYMES representa la mayor reserva de productividad a corto plazo y la fuente más expedita de creación de empleo neto del país. Es también la fórmula menos costosa -para las finanzas públicas- para lograr esos dos objetivos.

Tomo nota de los argumentos políticos que parecen obstaculizar la legalización de las PYMES, pero llamo la atención sobre los costos políticos de una eventual combinación de estancamiento con inflación debido a la falta de acción en un componente de la economía como las PYMES. (4)

Las PYMES pudieran aliviar eventuales tensiones sociales porque pudieran crear rápidamente empleos e ingresos, así como favorecen el incremento de la productividad, tanto directamente en las PYMES como al facilitar la reforma de la empresa estatal.

En mi modesta apreciación, lo que ha cambiado recientemente es la urgencia sobre la necesidad de disponer de un “plan B” porque considero que el “ordenamiento” contiene fisuras conceptuales y parece haber adoptado varios supuestos polémicos. He comentado anteriormente el tema del “ordenamiento”. (5)

Aclaraciones sobre una nueva normativa de PYMES.

Debido al tiempo que se ha perdido con la reforma del TCP, la propuesta revisada que se presenta a continuación ya no considera esa reforma del TCP como la primera fase de un proceso de establecimiento progresivo de las PYMES.

El enfoque ahora es diferente: se establecen las PYMES como un proceso sin fases en las que determinadas acciones que antes estaban separadas en el tiempo se realizarían ahora de manera simultánea.

Conviene recalcar que la propuesta se enfoca en el establecimiento de las PYMES, específicamente su legalización y puesta en operación. Es decir, posteriormente deberían adoptarse otras medidas adicionales respecto a las PYMES, especialmente en cuanto a las acciones para apoyarlas, pero lo urgente es ponerlas ahora en funcionamiento.

He expresado en un texto anterior que después de lograr la legalización de las PYMES habría que continuar desarrollando el marco normativo para apoyarlas estatalmente porque las PYMES son entidades relativamente frágiles que cumplen funciones importantes en términos de empleo nacional y de “conexión” del tejido económico. (6)

Es también importante aclarar que me limito a identificar los componentes de la normativa de PYMES, desde una perspectiva económica y por tanto no he considerado los componentes jurídicos, los cuales son muy importantes y obviamente habría que precisarlos con las contribuciones de juristas, para poder desarrollar una norma integral para las PYMES.

Aunque no tengo capacidad para pronunciarme sobre los detalles legales, asumo que el establecimiento de ese marco normativo no necesitaría una ley. Quizás sería suficiente un “Acuerdo” del Consejo de Ministros para implementar algo que ya está políticamente aprobado en el documento de la “Conceptualización”.  Se complementaría con resoluciones de los ministerios relevantes.

Quince puntos para una normativa de PYMES en Cuba

Desde el punto de vista de sus componentes económicos una normativa para el rápido establecimiento “de PYMES en Cuba debería incluir, al menos, los siguientes aspectos:

  1. DISPOSICIONES GENERALES
  1. Alcance de la regulación: Principios, contenidos y descripción general del procedimiento para el establecimiento de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas privadas y de las responsabilidades de los organismos, organizaciones e individuos involucrados en el proceso de su establecimiento.
  2.  Sujetos de aplicación:a) Empresas privadas que operan de conformidad con la ley y que cumplen los criterios para identificar las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
  1. b) Entidades estatales que participan en el proceso de establecimiento de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas.
  2. Interpretación de términos: Incluye definiciones de “microempresa” y de “pequeña y mediana empresa”, como categorías distintas. Se precisan otros términos como “eslabonamientos” y las diferentes figuras del “Código de comercio de Cuba” que fuesen relevantes (“registro mercantil”, “comerciantes particulares”, “sociedades”, etc.)
  3. Criterios para la identificación de las pequeñas y medianas empresas: son pequeñas y medianas empresas aquellas con un volumen anual de ventas comprendido en un rango desde 10 veces hasta 1000 veces el ingreso nacional per cápita. (7)

La categoría de pequeñas y medianas empresas (PYMES) no distingue entre las pequeñas y las medianas empresas. (8)

Las microempresas son aquellas con un volumen anual de ventas inferior a 10 veces el ingreso nacional per cápita. Las microempresas no se incluyen en la categoría de PYMES.

  1. REGISTRO DE EMPRESAS
  2. Tipos de registro: Incluye dos registros simultáneos:
  3. Inscripción en el Registro Mercantil en alguna de las categorías que se habiliten al efecto.
  4. Inscripción en registros separados de microempresas o de PYMES, según corresponda (supervisados por el Ministerio de Economía y Planificación).
  5. Definición de las opciones de registro:
  6. Procedimiento “express” para las personas naturales que ya cuentan con una licencia de trabajo por cuenta propia (TCP) y que desean registrar su actividad como persona jurídica (empresario unipersonal o sociedad) en la misma “clase” de actividad compatible con la labor para la que se emitió la licencia de TCP. (9)
  7. Procedimiento “regular” para las personas naturales que no cuentan con una licencia de TCP o que teniendo la licencia TCP desean modificar la “clase” de actividad.

En el caso del registro “express” solamente se verifican los documentos actuales de la licencia TCP y se formaliza el registro doble (en Registro Mercantil y Registro de microempresas/PYMES) mediante una única declaración jurada.

Nota: los poseedores de licencias de TCP que no deseen registrar su actividad como microempresas o PYMES continuarían ejerciendo el TCP, cuya regulación no es objeto de esta normativa.

  1. Establecimiento de una ventanilla única: Funciona para el registro de las microempresas y PYMES en cada una de las dos opciones (“express” y “regular”) e incluye el registro simultáneo como sociedad mercantil y como PYME.

III. APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

  1. Apoyo general a microempresas y PYMES:
  2. Asesoramiento y orientación de manera gratuita sobre expedientes y procedimientos para el establecimiento de empresas.
  3. Exención o reducción de los gastos por asistir a cursos de formación profesional financiados por el presupuesto.

9.Apoyo a microempresas:

  1. Exención del pago de la inscripción simultánea en el Registro Mercantil y en el Registro de Microempresas.
  2. Exención del pago del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo.
  3. Pago reducido de la contribución de la empresa a la seguridad social de los empleados durante los tres primeros años.
  4. Pago reducido del impuesto sobre la ganancia aplicado a las microempresas durante el primer año.
  5. Las microempresas podrán aplicar procedimientos administrativos y regímenes contables simples relacionados con los impuestos de conformidad con las normas fiscales y contables.
  6. Apoyo a PYMES establecidas a partir de licencias previas de TCP (procedimiento “express”):
  7. Exención del pago de la inscripción simultánea en el Registro Mercantil y en el Registro de Microempresas.
  8. Exención del pago del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo.
  9. Pago reducido del impuesto sobre la ganancia aplicado a las PYMES durante el primer año.
  10. Apoyo a PYMES establecidas mediante el procedimiento “regular”:
  11. Exención del pago de la inscripción simultánea en el Registro Mercantil y en el Registro de Microempresas.
  12. Exención del pago del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo.
  13. Apoyo a PYMES agro-alimentarias: Las pequeñas y medianas empresas con actividades que forman parte de cadenas de valor en el ámbito de la producción o la transformación de alimentos se beneficiarían de:
  14. Formación de los trabajadores –mediante financiamiento estatal- en tecnología y técnicas de producción, asesoramiento en normas y reglamentos técnicos, metrología y calidad para el desarrollo de productos y servicios orientados a eslabonamientos industriales y cadenas de valor.
  15. Proporcionar información actualizada y sin costo sobre la demanda y condiciones de encadenamientos.
  16. Apoyo estatal para el desarrollo de marcas y mercados en expansión para productos y servicios que tributan a cadenas de valor.
  17. Apoyo técnico del Estado a PYMES que participan en polos agro-alimentarios, en cuanto a la producción, inspección, evaluación y certificación de la calidad de sus productos y servicios.
  18. Subvenciones a los tipos de interés, a través de entidades de crédito, para los préstamos a PYMES que participen en polos agro-alimentarios.
  19. Apoyo a PYMES tecnológicas:
  20. Apoyo estatal en la aplicación y transferencia de tecnología, uso de equipos en establecimientos estatales, participación en esquemas de transferencia de resultados de investigación de universidades e instituciones de investigación, orientación sobre la experimentación y desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos empresariales.
  21. Apoyo legal estatal en temas de propiedad intelectual.
  22.  Capacitación de trabajadores de las PYMES en la producción y desarrollo de productos, atracción de inversiones, asesoramiento en materia de propiedad intelectual, ejecución de los procedimientos para las normas y reglamentos técnicos, metrológicos y de calidad.
  23. Tarifas reducidas de comunicación y de acceso a internet.
  24. Apoyo estatal a la información, comunicación, promoción comercial, y conexión con redes de entidades innovadoras nacionales y extranjeras.
  25. Subvenciones a los tipos de interés, a través de entidades de crédito, para los préstamos a las PYMES innovadoras que participen en programas estatales de ciencia y técnica.

IV DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN

  1. Enmiendas y suplementos a leyes y normas vigentes: Se identifican las normas legales vigentes que se verían modificadas por la adopción de la presente norma.

15 Entrada en efecto: Definición de la fecha de comienzo de aplicación de la nueva norma para las microempresas y PYMES privadas.

Resumiendo,

La tardanza con la legalización de las PYMES privadas ha representado un error en la secuencia de las transformaciones económicas que necesita Cuba. No debería descartarse que el llamado “ordenamiento” produjese desequilibrios macroeconómicos, especialmente de tipo inflacionario, que hicieran necesario fomentar una capacidad de respuesta rápida de oferta mediante el establecimiento de PYMES privadas, lo que a la vez podría crear condiciones favorables para otras medidas, principalmente la reforma de la empresa estatal. Anticiparse a ese eventual escenario implicaría disponer de un “plan B” para la legalización expedita de las PYMES privadas en Cuba.

Notas

1 “El establecimiento de PYMES en Cuba pudiera aumentar el Producto Interno Bruto entre 1,5 y 1,7% ”, El Estado como tal, 28 de abril de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/04/28/el-establecimiento-de-pymes-en-cuba-pudiera-aumentar-el-producto-interno-bruto-entre-15-y-17/

2 “Travesía en tres fases hacia las PYMES en Cuba: una propuesta para “destrabar” fuerzas productivas”, El Estado como tal, 19 de agosto de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/08/19/travesia-en-tres-fases-hacia-las-pymes-en-cuba-una-propuesta-para-destrabar-fuerzas-productivas/ , y “Hacia un esquema de “autónomos”: propuesta para reformar el trabajo por cuenta propia en Cuba”, El Estado como tal, 5 de octubre de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/10/05/hacia-un-esquema-de-autonomos-propuesta-para-reformar-el-trabajo-por-cuenta-propia-en-cuba/

3 “Travesía en tres fases hacia las PYMES en Cuba: una propuesta para “destrabar” fuerzas productivas”. Op. Cit.

4 “Las PYMES y la reforma del modelo cubano: ayúdame que yo te ayudaré”, El Estado como tal, 23 de julio de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/07/23/las-pymes-y-la-reforma-del-modelo-cubano-ayudame-que-yo-te-ayudare/

5 “Ordenamiento, salarios y precios en Cuba: notas sobre el riesgo de inflación”, El Estado como tal, 5 de octubre de 2020, 17 de noviembre de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/11/17/ordenamiento-salarios-y-precios-en-cuba-notas-sobre-el-riesgo-de-inflacion/

6 “Travesía en tres fases hacia las PYMES en Cuba: una propuesta para “destrabar” fuerzas productivas”. Op. Cit.

7 En el caso de Cuba, tomando el PIB per cápita de aproximadamente 8900 CUP anuales (370 USD aplicando una tasa de 24:1), las PYMES serían entidades con ventas anuales en el rango de 3700 a 371000 USD.

8 Hay especialistas que recomiendan establecer una categoría de PYMES que considere exclusivamente las pequeñas y medianas empresas (sin establecer diferencias entre ambas), y que permita diferenciarlas de las micro empresas y de las grandes empresas. Es un criterio que se apoya en la observación empírica de que en la práctica las microempresas raramente se convierten en pequeñas y medianas empresas, por lo que se trata de dos niveles de escala complementarias, pero con poca dinámica de transformación entre esas dos agrupaciones de entidades. Por otra parte, se considera que a nivel de las pequeñas y medianas empresas existe una marcada intención de transitar hacia una escala mayor y que, aunque las probabilidades de materialización no son altas para muchas de esas empresas, es un fenómeno observable. Ver, Tom Gibson, “Defining SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries”, Brookings Global Economy and Development, September 2008.

9 Se refiere a la “clase”, identificada por cuatro dígitos en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

  
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EMPRENDIMIENTO EN CUBA: ¿ENFOCADO AL DESARROLLO ECONÓMICO?

ECON. Y DESARROLLO vol.164 no.2 La Habana Jul.-dic. 2020  Epub 19-Jul-2020

Ileana Díaz Fernández1  * 

http://orcid.org/0000-0002-6310-2982

1Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

El artículo presenta el análisis de la evolución del trabajo por cuenta propia en Cuba desde 1976 hasta la actualidad. Describe las características esenciales de cada etapa con sus avances y retrocesos. Asimismo, se inserta en el debate sobre el papel otorgado al trabajo por cuenta propia en el desarrollo económico del país, a partir del estudio de las regulaciones y los resultados de investigaciones de campo. Por último, se detiene en las normativas jurídicas puestas en vigor en diciembre de 2018 y las insuficiencias de las mismas.

Palabras clave: desarrollo económico; emprendimiento; políticas públicas; trabajo por cuenta propia

INTRODUCCIÓN

En el mundo actual es imposible hablar de desarrollo sin mencionar la innovación y el emprendimiento. Si bien estas dos categorías no significan lo mismo y de alguna manera el emprendimiento es, a nivel de ciencia, el hermano menor de la innovación, no deja de ser cierto que se relacionan, sobre todo cuando se habla de emprendimientos dinámicos.

El estudio del emprendimiento y su debate científico en la literatura es bastante reciente, de finales del siglo pasado e inicios de este. La discusión sobre el tema pasó del análisis del espíritu emprendedor individual al de proceso, que incluye el contexto. Así, emprender es convertir una oportunidad en un negocio, en un entorno, momento y lugar determinado. No hay recetas, solo enfoques conceptuales generales y mucha experiencia práctica.

Cuba, un país que busca el desarrollo, ha elegido diversas vías para ello -en general malogradas- sin enfatizar con la fuerza necesaria en la innovación y mucho menos en el emprendimiento, visto vinculado al enriquecimiento individual y no en su amplio sentido que incluye el intraemprendimiento en empresas existentes. La apertura al trabajo por cuenta propia muestra el espíritu emprendedor de parte de la población, que bien pudiera aprovecharse dentro de las empresas estatales.

El presente trabajo tiene la intención de analizar la evolución del llamado «trabajo por cuenta propia» desde su resurgimiento en los años setenta hasta la actualidad y de interpretar, a partir de la legislación, el papel que se le ha otorgado a este tipo de trabajo en la economía cubana. Para este empeño se estudió la legislación desde 1976 hasta la actualidad, los resultados de investigaciones de campo actuales y sus antecedentes y la estadística disponible.

Continuacion:  EMPRENDIMIENTO EN CUBA

CONCLUSIONES

Una mirada contextualizada de las regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia nos indica que, de todas las etapas analizadas, la de los años setenta no direcciona el trabajo por cuenta propia por derroteros coyunturales ni por exceso de población en edad laboral ni por la economía sumergida, sino como parte del sistema de dirección de la economía, como complemento necesario para un desarrollo ulterior. Esto no está expresamente declarado ni en la plataforma programática ni en las tesis y resoluciones del Primer Congreso del PCC; no obstante, el hecho de establecer este tipo de trabajo desde el experimento del Poder Popular en Matanzas pudiera indicar la intención de concebirlo como alguna de las vías necesarias para hacer crecer la economía.

Al analizar la etapa de los noventa el trabajo por cuenta propia es la típica medida para paliar la crisis, por vez primera se concibe como forma de empleo ante el cierre parcial o total de empresas estatales. Ciertamente esta medida junto a otras conocidas como la apertura a la inversión extranjera, el desarrollo del turismo, la descentralización del comercio exterior y la despenalización del dólar, permitieron que creciera la economía. Sin embargo, justo a partir de esos crecimientos comienza a endurecerse la legislación y el descenso en el trabajo por cuenta propia. En todos esos años el enfoque de este tipo de trabajo es coyuntural, para solucionar problemas derivados de la crisis, por lo que no se toman acciones legislativas e institucionales para permitir el su desenvolvimiento a largo plazo.

En la segunda década de los 2000 el trabajo por cuenta propia parece llegar para quedarse y derivar en las pequeñas y medianas empresas privadas defendidas tanto en la conceptualización como la constitución. Pero la ausencia de coherencia, estabilidad y transparencia en la política hacia este tipo de trabajo en esos años y especialmente en las últimas normativas jurídicas de 2018, expresan una intencionalidad ajena a concebirlo como emprendimiento dinámico, que pueda ser el germen de las empresas privadas que se desempeñen en vínculo con las empresas estatales.

La historia del trabajo por cuenta propia muestra que nunca se ha concebido como un actor más con todos sus derechos y deberes como cualquier otra empresa y que, por tanto, no tiene un destacado papel en el crecimiento económico del país. Si importante es hoy que el trabajo por cuenta propia haya creado medio millón de puestos de trabajo, aporte al presupuesto y participe del PIB, mucho más importante sería crearle las condiciones para su sano desarrollo, que propiciaría densidad al tejido empresarial y generaría un efecto multiplicador del cual se beneficiaría, ante todo, el pueblo. La sostenibilidad de este tipo de negocio es un reto, sobre todo en países en desarrollo por no existir la institucionalidad necesaria que incentive el desenvolvimiento hacia negocios dinámicos y de crecimiento.

 

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The Cuban Economy: Private, Cooperative and Underground

Attached is a Power Point Presentation delivered at Kennesaw State University on October 24, 2019.  Kennesaw Presentation on Cuban Economy, October 24, 2019

 

 

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THE REVENGE OF THE JEALOUS BUREAUCRAT”: A CRITICAL ANALYSIS OF CUBA’S NEW RULES FOR CUENTA-PROPISTAS

ASCE Conference Proceedings 2018

Ted A. Henken 

Original Article: Cuba’s New Rules for Cuenta-propistas

The quantitative expansion of self-employment from150,000 to nearly 600,000 licensed cuenta-propistas between 2010 and 2018 during the presidency of Raúl Castro can be celebrated given its expansion of economic freedom, the provision of job opportunities, greater productivity and efficiency, and a markedly higher quality of goods and services for those who can afford them. However, it is also curious that the Cuban government has embraced the micro-enterprise sector historically only during times of economic crisis when it could no longer provide enough jobs, goods, or services for the people (Mesa-Lago and Pérez-López 2013).

Indeed, this is one of the mantras most commonly repeated in the official press when justifying the downsizing of the state sector and the expansion of cuenta-propismo (i.e., self-employment or literally “on-your-ownism”): The state must “lighten its load” so it can focus on the fundamental sectors of the economy.

Given such a context, Cuban workers can be forgiven for concluding that Castro’s much trumpeted economic “updating,” constant calls for greater productivity and efficiency, and sharp criticisms of Cuba’s “inflated state payrolls, bulky social spending, undue gratuities, and excessive subsidies” (2010) are simply fancy words for the state’s abandonment of its  historic commitment to them under the Revolution.

Indeed, entrepreneurship has an elastic history in revolutionary Cuba and has undergone oscillating phases of relevance, vigilance, legality, and illegitimacy.  In that context, Cuba’s successful cuenta-propistas (the island term that lumps individual freelancers, together with private business owners and their employees, without giving formal, legal recognition to Cuba’s emergent small- and medium-sized enterprises, SMEs) have often found themselves in the frustrating position of being counted on to supplement the moribund state enterprise sector by providing private employment, high quality goods and services, and economic productivity and efficiency, while simultaneously doing without any legal personality or legal standing (personalidad jurídica) as true business enterprises.

This restriction prevents them from opening bank accounts, signing contracts, importing needed inputs, or exporting their goods or services abroad. That is, while Cuba’s cuenta-propistas may be individually licensed to operate as freelancers (i.e.,personas naturales), “Cuban law does not recognize1. In some cases, the expansion of the private sector has also driven down prices. However, because of extensive subsidies and price controls in the state sector, combined with chronic material scarcity and a dual currency system where a good portion of the private sector operates in hard “convertible” currency, prices for most goods and services available in Cuba’s private sector are very high relative to the state sector.

 Continue reading.

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CUBA: PRIVATE, OWNED. New rules make it even harder to do business in Cuba.

The Economist, December 8, 2018

Editor’s note (December 6th, 2018):

Late on the evening of December 5th, after this piece had been edited and fact-checked but before it went to press, Margarita González Fernández, Cuba’s Minister for Work and Social Security, announced last-minute changes to new regulations governing Cuba’s private sector. Happily, the modifications address some of the more unpopular aspects of the new regulations, which were first announced in July. Of greatest significance is the change that will allow Cuban cuentapropistas, or the self-employed, to keep multiple work licences, rather than having to surrender all but one, as previously announced. (Bookshops with attached cafés will no longer be breaking the law.) The percentage of earnings that cuentapropistas must deposit into designated bank accounts has been lowered from 80% to 65% and the rule to prohibit restaurants from seating more than 50 patrons at a time has been dropped. The last-minute modifications are a sign that while the government is far from enabling the private sector to flourish, it is concerned with creating too much discontent and is, if ever so slightly, considering public opinion when making its decisions.

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EIGHT YEARS ago Cuba’s government laid off a tenth of the country’s workforce—some half a million people—and encouraged them to start their own businesses. They did, with gusto. Nearly 600,000 Cubans have become cuentapropistas, or self-employed, opening restaurants, boutiques, repair shops, beauty parlours, bakeries and bars. They have renovated and rented out spare bedrooms in their homes, turned family cars into taxis and poured their savings into design studios, creating an additional 400,000 jobs and a much-needed, if still tiny, tax base. Many now earn much more. The average state wage is 848 Cuban pesos ($33) a month; a taxi driver with a decent ride can make more than ten times that. But new regulations, which run to 129 pages and take effect on December 7th, look likely to damage the country’s nascent private sector. They come at a particularly bad time for Cuba’s economy, which is already suffering from stagnant exports, broke allies and disappointing tourist numbers.

The most devastating new rule is one that makes it illegal for individuals to hold more than one licence to engage in private business. Cuba issues licences in only 123 categories—and if a licence for a job does not exist, neither does that job, at least officially. There is little logic to the system. A single licence does the trick for any computer-related business, allowing a cuentapropista to provide everything from software to online marketing services. Separate licences for massages, manicures and braiding have been consolidated into one, to the delight of salon owners. But other categories are narrower: selling hardbacks and brewing coffee require two separate licences, effectively making bookshops with cafés illegal. Restaurants that double up as bars face the same fate.

Officials at the Ministry of Labour and Social Security say that the new regulations are meant to discourage black-market trading and tax evasion, while also reducing inequality. The expansion of private businesses over the past few years has indeed contributed to these problems. But the government’s proposed solutions will either have no real effect—business-owners will acquire licences in the names of friends or family—or exacerbate them.

Take wholesale markets. There is only one on the island. Most businesses must rely on state-run shops, which offer a limited range of goods, or acquire products on the black market. The government’s answer is to require cuentapropistas to open bank accounts so that it can track where they spend their money. Drivers of almendrones—ride-shares that substitute for a functioning public transport system in Havana—will be given magnetic cards with which they are expected to buy a set quantity of “subsidised” petrol every month. But since subsidised fuel costs more than the black-market stuff, many drivers are simply handing in their licences.

Cubans who rent out rooms or run other small businesses, such as restaurants or repair shops, must deposit 80% of their income in a designated bank account. They are understandably loth to do so in a cash-based economy where simple transactions at the bank can take hours. They can withdraw money from this account to cover business expenses and will be given a card that entitles them to small discounts when they buy items for business. But few stores accept cards.

The state has also found a novel way to tackle the concentration of wealth: restaurants are now limited to seating only 50 patrons at a time, ostensibly to keep owners from consuming too many resources. And under a new tax scheme, any cuentapropista who wants to hire more than 20 workers must pay onerous wages for each additional employee. The government is happy for people to start businesses, so long as they do not make too much money.

A few helpful new rules have snuck in among the enterprise-throttling ones. Employers will be required to have formal contracts with their workers. They face the suspension of their licence if they are found to be discriminating on the basis of race, sexuality or disability. And business-owners no longer need to close up shop if they fall sick or have a family emergency; they can appoint an interim manager and take some time off.

Yet the overall effect of the new regulations will be to slow the budding private economy. “Being a cuentapropista is the only opportunity we have at a better life without leaving the country,” says the owner of a modest craft shop in central Havana. Her monthly taxes will triple this week; the new rules impose higher taxes on certain businesses in central Havana. “If they take that away from us, what’s left?”

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“EN VEZ DE SERVIR PARA REGULAR, LA LEY SIRVE PARA CONVERTIR A LA POBLACIÓN EN DELINCUENTES”

Hypermedia, 10 de Diciembre de 2018.

Ted A. Henken & Archibald R. M. Ritter

From Hypermedia, LA LEY…..

Original from the book entitled Entrepreneurial Cuba, The Changing Policy Landscape, Lynne Rienner Publishers, Boulder Colorado.

En el verano de 1992, el gobierno cubano despenalizó la posesión y el uso del dólar estadounidense, legalizando así una actividad realizada por un gran número de personas. Esta medida aceleró el proceso de “dolarización” de la economía y estimuló y legitimó aún más la búsqueda popular del dólar mediantes actividades de la economía clandestina. Posteriormente, el 8 de septiembre de 1993, entró en vigor el Decreto Ley 141 que legalizaba el trabajo autónomo, bajo el término “trabajo por cuenta propia” (Granma). Esto representó un cambio de política decisivo, que permitió a estas microempresas salir de la clandestinidad y funcionar de manera más eficaz, eficiente y rentable.

Con la aparición de la microempresa fuera de la clandestinidad en aquellos años, comenzó a evidenciarse una suerte de jerarquía. El espectro de escala y éxito sería más pronunciado en las escasas ocupaciones de mayor envergadura y dinamismo, especialmente: las casas particulares, los taxis, y los paladares que estaban conectados con la floreciente industria del turismo.

La ley del trabajo por cuenta propia se creó originalmente para aplicarse a los cubanos que ya brindaban servicios a otros ciudadanos, por lo cual la mayoría de las licencias y las tarifas fijas mensuales se pagaban en pesos. Sin embargo, con la expansión acelerada del turismo a lo largo de la isla en la década de 1990, algunas empresas, especialmente en las áreas de los servicios alimenticios, el transporte, y el alojamiento, comenzaron a brindar servicios a extranjeros y a cobrarles en dólares americanos. Como consecuencia parcial, se añadieron algunas modificaciones a la legislación original entre 1995 y 1997, incluyendo la expansión de los servicios alimenticios (1995), el transporte (1996) y el alquiler de casas particulares (1997), en la lista de ocupaciones permisibles, puesto que los cuentapropistas de estos tres sectores, a menudo, brindaban sus servicios a extranjeros y obtenían ingresos en dólares.

Estas tres ocupaciones —el transporte, el alquiler de habitaciones y los servicios de alimentos — se convirtieron rápidamente en las ocupaciones privadas más populares durante el “Período Especial”. Y una vez más reemergieron como las más comunes —junto a los trabajadores contratados—, luego de la reapertura y la expansión significativa del trabajo por cuenta propia después de octubre de 2010.

Para continuar: La Ley…..

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PUNTO FIJO: CUENTAPROPISTAS

El Nuevo Día,  miércoles, 13 de mayo de 2015

por Jorge Duany

En febrero pasado, el gobierno cubano reportó 489,929 trabajadores por cuenta propia, el 9.6% de la fuerza laboral. Dicha cifra representa más del triple de la cantidad registrada inicialmente cuando el gobierno autorizó el autoempleo en 1993, en plena crisis económica bautizada como “Período Especial en Tiempos de Paz”. Conocidos popularmente como “cuentapropistas”, miles de cubanos emprendedores han establecido pequeños negocios privados, especialmente en la elaboración y venta de alimentos, el transporte de pasajeros y el arrendamiento de viviendas.

Este es el tema central del valioso libro del economista canadiense Archibald R. M. Ritter y el sociólogo estadounidense Ted A. Henken, “Entrepreneurial Cuba: The Changing Policy Landscape” (Boulder: FirstForumPress, 2015). Los autores se proponen explicar las causas y consecuencias socioeconómicas del auge del trabajo por cuenta propia durante la era de Raúl Castro (2006–2014).

El estudio se basa en entrevistas a profundidad con 60 microempresarios cubanos, completadas entre 1999 y 2009, así como en extensas observaciones sobre el terreno de varios negocios independientes. Su análisis se concentra en tres sectores  económicos vinculados a la industria turística: los paladares (pequeños restaurantes familiares), las casas particulares (alquiladas a extranjeros) y los taxis privados, incluyendo los “bicitaxis”, “cocotaxis” y “almendrones”, como llaman los cubanos a los antiguos carros americanos. En el 2010, el gobierno cubano anunció el despido de 500,000 empleados estatales “redundantes” como parte de la “actualización” del modelo económico en la Isla. Al mismo tiempo, fomentó la expansión de empleos en el sector no estatal, muchos de los cuales ya se realizaban clandestinamente.

El número de oficios autorizados para el trabajo por cuenta propia incrementó de 55 en 1993 a 201 en el 2013. El grueso son ocupaciones de servicios poco calificados, como aguador, amolador, barbero, jardinero, limpiabotas, mago, masajista, mensajero, payaso, peluquera y productor de piñatas. A la vez, se sigue prohibiendo el autoempleo en los servicios profesionales y técnicos, excepto profesores de idiomas, música y arte, programadores de computadoras y reparadores de equipos electrónicos y de oficina. Según Ritter y Henken, aún persisten numerosas restricciones burocráticas, desincentivos económicos y obstáculos ideológicos al trabajo por cuenta propia en Cuba. Para empezar, las tasas impositivas mucho más onerosas que para la inversión extranjeramantienen artificialmente el tamaño pequeño de las empresas. Más aún, la estigmatización de los cuentapropistas como “macetas” (adinerados, en el argot cubano) niega la legitimidad del motivo de lucro individual. El discurso oficial ni siquiera utiliza los términos “mercado” o “sector privado” al referirse a las pequeñas empresas independientes, sino al “sector no estatal”. El crecimiento del cuentapropismo tiene implicaciones políticas en Cuba, en tanto permite ensanchar un segmento de la población que no depende del gobierno para su sustento. Asimismo, subvierte algunas premisas claves del gobierno, como el monopolio estatal de los medios de producción, la planificación central, la distribución equitativa de los ingresos y la política de pleno empleo.

Los autores de “Entrepreneurial Cuba” recuerdan que la confiscación estatal de todos los establecimientos comerciales privados a fines de la década de 1960 agravó la escasez de productos básicos, infló los precios de bienes y servicios y deprimió los niveles de vida de la población cubana. La intensa antipatía oficial contra cualquier “timbiriche” (pequeña tienda al aire libre) estuvo vigente hasta principios de la década de 1990. Según los autores, las reformas económicas iniciadas por el gobierno de Raúl Castro han impulsado la recaudación de impuestos, ayudando a subsidiar servicios sociales y estimulando nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, Ritter y Henken recomiendan legalizar el autoempleo en todas las actividades económicas incluyendo los servicios profesionales, reducir los impuestos y aumentar la cantidad de trabajadores empleados en cada empresa. Solo entonces podrá el cuentapropismo desempeñar un papel protagónico en la revitalización de la precaria economía cubana.

Jorge Duany

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GACETA OFICIAL NO. 35 EXTRAORDINARIA, DE 10 DE JULIO DE 2018:

New Regulations for Cuba’s Non-Agricultural Private Enterprises as of July 10, 2018

Complete Document available here:

Gaceta-Oficial-Extraordinaria, 10 de Juliode 2018, _CYMFIL20180710_0001

 

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CUBA MOVES BACKWARDS: NEW REGULATIONS LIKELY TO IMPEDE PRIVATE SECTOR GROWTH.

Brookings, Friday, July 13, 2018

Richard E. Feinberg, Nonresident Senior Fellow – Foreign PolicyLatin America Initiative and Claudia Padrón Cueto, Reporter – El Toque (Havana, Cuba)

In a leap backwards, the Cuban government has published a massive compendium of tough new regulations governing the island’s struggling private enterprises. The new regulations—the first major policy pronouncement during the administration of President Miguel Díaz-Canel—appear more focused on controlling and restricting the emerging private sector than on stimulating investment and job creation, more concerned with capping wealth accumulation than in poverty alleviation.

Many small businesses that cater to foreign visitors are already suffering from Trump-era restrictions and travel warnings that have decimated the U.S. tourist trade in Havana. But the new regulations are more a product of domestic Cuban politics than foreign pressures.

On a positive note, the Cuban government promises to renew the granting of licenses for many categories of private businesses by year-end, repealing the extended suspension announced last summer. But the new regulations greatly empower government rule-makers and intrusive inspectors, casting a gray cloud over the island’s business climate. Many existing businesses are likely to retrench if not close altogether.

The private sector grew dramatically in recent years, to include nearly 600,000 owners and employees by official figures, with many more enterprising Cubans working informally; in contrast, the state sector stagnated and further decapitalized. Indeed, many thriving private businesses began to compete successfully against state entities, notably in restaurants, bars and night clubs, guest houses, construction, and transportation. The healthy wages paid by profitable private firms often eclipsed the meager salaries paid to disgruntled government officials and factory workers.

The extensive, highly detailed regulations, which go into effect in December, read like “the revenge of the jealous bureaucrat.” Drawing on a multitude of ministries and operating at all levels—national, provincial, and municipal—interagency committees will now be empowered to authorize, inspect, and regularly report upon private businesses under their jurisdictions. The regulations are replete with astoundingly specific performance requirements and innumerable legal breaches that seem crafted to allow government officials wide discrimination to impose heavy fines (or extort bribes), suspend licenses, and even seize properties.

To cite but a few such regulations: Private restaurants and guest houses must cook food at a minimum of 70 degrees Celsius for the time required for each food; day care centers must allocate at least two square meters per child, have no more than six children per attendant, and be outfitted with pristine bathroom facilities described in exquisite detail (private schools and academies are strictly prohibited); and private taxi drivers must document that they are purchasing fuel at government gas stations, rather than buying on the black market. Further, local officials can deny new licenses based on “previous analyses,” even if the proposed business plan meets all the other specifications, and can fix prices “when conditions warrant.”

The regulations could help shield state enterprises from unwanted private competition. The very ministries that stand to lose market shares are in charge of approving licenses in their sector. For example, the ministry of tourism has the lead in judging licenses for private guest houses. Appeals are possible, but to administrative authorities, not to judicial courts.

Government agencies are also seeking to reassert control over the island’s vibrant artistic communities. The regulations prohibit artists from contracting directly with private restaurants and bars; rather they must be represented by public-sector entities that charge commissions up to 24 percent of revenues. Moreover, performers must not use “sexist, vulgar or obscene language,” which if enforced could imply the banning of popular hip-hop and reggaeton songs and videos.

Perhaps most telling are the restrictive rules squarely aimed at inhibiting private capital accumulation. In a sharp turn from past practice, Cubans will now only be allowed one license for one business, effectively outlawing franchising and diversification. Capacity at restaurants and bars is capped at 50 guests. Most biting, the new regulations establish an upward-sloping wage scale (whereby wages rise as more workers are hired); hiring more than 20 workers becomes prohibitively expensive (six times the average wage). Unlike in the past, employers will now have to pay taxes on the first five workers hired as well.

Many private businesses must also record their transactions (revenues and expenditures) in an account at a government financial institution and keep three months of prospective taxes on deposit. Intended to reduce under-reporting of income, this measure will significantly raise the effective rates of taxation. Investors must also explain their sources of funds. In a country where political authority is unchecked, these financial impositions alone will discourage many potential entrepreneurs.

The Cuban authorities have repeatedly asserted their interest in attracting foreign investment, to compensate for weak domestic savings. However, foreign investors are likely to view these new regulations, even though they apply to domestically-owned firms, as indicative of an official wariness if not hostility toward private enterprise in general. Risk-averse foreign investors will also note that the Cuban government is quite capable of precipitously altering the rules of the game.

The new regulations are the first major policy initiative promulgated during the administration of President Miguel Díaz-Canel. Many of the resolutions were approved by the Council of State under Raúl Castro, prior to Díaz-Canel’s inauguration in April, but nevertheless were issued during his young tenure. Not a good sign for those hoping that Díaz-Canel, 58 years old and ostensibly representing a younger generation, might quickly place his own imprimatur over the extensive state apparatus.

The new regulations make one thing abundantly clear: The Cuban government, state-owned enterprises and the ruling Cuban Communist Party do not want to risk major competition to their own interests—economic, commercial, and political—from a potentially capital-rich, diversified emerging private sector. Apparently, perceived interests in security and stability have overruled Cuba’s own declared economic development goals.

 

 

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CUBA IMPOSES MORE TAXES AND CONTROLS ON PRIVATE SECTOR AND INCREASES CENSORSHIP ON THE ARTS

BY NORA GÁMEZ TORRES

Miami Herald, July 10, 2018 07:01 PM

The Cuban government announced that it will start issuing licenses to open new businesses — frozen since August 2017 — but established greater controls through measures intended to prevent tax evasion, limit wealth and give state institutions direct control over the ‘self-employment’ sector

Original Article: TAXES, CONTROLS, CENSORSHIP

The Cuban government issued new measures on Monday to limit the accumulation of wealth by Cubans who own private businesses on the island. The provisions stipulate that Cubans may own only one private enterprise, and impose higher taxes and restrictions on a spectrum of self-employment endeavors, including the arts.

The government announced that it will start issuing licenses to open new businesses — frozen since last August — but established greater controls through a package of measures intended to prevent tax evasion, limit wealth and give state institutions direct control over the so-called cuentapropismo or self-employment sector.

The measures will not be immediately implemented. There is a 150-day waiting period to “effectively implement” the new regulations, the official Granma newspaper reported.

Cubans who run private restaurants known as paladares, for example, will not be able to rent a room in their home to tourists since no citizen can have more than one license for self-employment.

“There are workers who have a cafeteria and at the same time have a manicure or car wash license. … That is not possible. In practice, he is an owner who has many businesses, and that is not the essence and the spirit of the TCP [self-employment], which consists of workers exercising their daily activities,” Marta Elena Feitó Cabrera, vice minister for labor and social security, told the official Cubadebate site.

About 9,000 people, half in Havana, are affected by the measure, said the official.

In addition, all private sector workers must open an account in a state bank to carry out all their business operations. And the boteros, those who work as private taxi drivers, must present receipts to justify all their deductible expenses. Other measures curb the hiring of workers in the private sector, which currently employs 591,456 people, or 13 percent of the country’s workforce.

The government also stated it would eliminate the tax exemption for businesses that have up to five employees and would instead impose a sliding scale that increases with each worker hired. It also ordered an increase in the required minimum monthly taxes of businesses in various categories.

Government officials quoted by Granma said that the measures will increase tax collection and reduce fraud. But economists have warned that more taxes on hiring employees could dramatically hamper the development of the private sector at a critical moment. A monetary reform — which could bankrupt nearly half of the state companies, potentially leaving thousands unemployed — is expected to happen soon.
The new measures also maintain a halt on new licenses for things such as “seller vendor of soap” and “wholesaler of agricultural products,” among others.

One significant provision states that those who rent their homes to tourists and nationals may also rent to Cuban or foreign companies but “only for the purpose of lodging.” That would presumably prevent renters from subletting units.

The “rearrangement” of self-employment, as the new measures were framed in the official media, reduces licenses by lumping together various elements of one industry while limiting another. For example, while there would be only one license for all beauty services, permits for “gastronomic service in restaurants, gastronomic service in a cafeteria, and bar service and recreation” were separated — meaning that one can own a restaurant but not also a bar.

To increase controls, each authorized activity will be under the supervision of a state ministry, in addition to the municipal and provincial government entities, which can intervene to set prices. The level of control reaches such extremes that the Official Gazette published a table with classifications on the quality of public restrooms and the leasing rates that would have to be paid by “public bathroom attendants,” one of the authorized self-employment categories. Some public bathrooms are leased by the state to individuals who then are responsible for upkeep and make their money by charging users a fee.

The regulations are the first significant measures announced by the government since Miguel Díaz-Canel was selected as the island’s new president in April. But the proposed regulations had been in the making for months by different government agencies, according to a draft of the measures previously obtained by el Nuevo Herald. The announcement comes just as the Cuban economy is struggling to counter the losses brought by the crisis in Venezuela — its closest ally — and the deterioration of relations with the United States.

The new measures could also have a significant impact on the cultural sector. The decree may be used by the Ministry of Culture to increase control over artists and musicians and impose more censorship in the country.

Decree 349 of 2018 establishes fines and forfeitures, as well as the possible loss of the self-employment license, to those who hire musicians to perform concerts in private bars and clubs as well as in state-owned venues without the authorization of the Ministry of Culture or the state agencies that provide legal representation to artists and musicians.

Many artists in urban genres such as reggaeton and hip-hop, who have been critical of the Cuban government, do not hold state permits to perform in public. However, many usually perform in private businesses or in other venues.

Painters or artists who sell their works without state authorization also could be penalized.

The measures impose sanctions on private businesses or venues that show “audiovisuals” — underground reggaeton videos or independent films, for example — that contain violence, pornography, “use of patriotic symbols that contravene current legislation,” sexist or vulgar language and “discrimination based on skin color, gender, sexual orientation, disability and any other injury to human dignity.”

The government will also sanction state entities or private businesses that disseminate music or allow performances “in which violence is generated with sexist, vulgar, discriminatory and obscene language.”

Even books are the target of new censorship: Private persons, businesses and state enterprises may not sell books that have “contents that are harmful to ethical and cultural values.”

Some CuentaPropistas:

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