El profesor de economía Archibald Ritter, de la
Universidad de Carleton, en Canadá, analizó a finales de 2010 los grandes
errores que Fidel Castro cometió tras su llegada a La Habana en 1959.
LA HABANA, Cuba. – Los líderes comunistas de Cuba aún no se ponen de acuerdo
en decir por qué ocurrió el Período Especial: si fue a partir de 1959 cuando
Fidel Castro cometió el gran error de no dejar títere con cabeza, acabando con
los pequeños propietarios y poniéndolo todo en manos del Estado; o después, con
la caída de la URSS, lo que acentuó la consabida ineficiencia del modelo
cubano.
El profesor de economía Archibald Ritter, de la Universidad de Carleton, en
Ottawa, Canadá, analizó a finales de 2010, dos años después de la llegada al poder
de Raúl Castro, el gran error que el “Comandante” cometió a su llegada a La
Habana en 1959 con respecto a la industrialización instantánea, ya que esto
requería de importación de maquinaria y equipos, materias primas, bienes
intermedios, personal calificado y equipos de reparación y mantenimiento.
Fidel Castro ignoró el sector azucarero, ocasionando que la zafra, entonces de 6,7 millones de toneladas de azúcar en 1961, fuera de 3,8 millones en 1963;y dando como resultado que Cuba se volviera más dependiente que nunca de la Unión Soviética.
Un poco después, cerca ya de 1970, cometió otro gran error: se le ocurrió la
meta de los 10 millones de toneladas de azúcar, convirtiendo esa idea en una
preocupación dominante en “defensa de su honor, su prestigio, la seguridad y la
confianza en sí mismo”, como la gran campaña militar que nunca había librado.
Otro de sus grandes errores está en el invento del sistema financiero
presupuestado, que no es otra cosa que empresas que operan sin autonomía
financiera y sin contabilidad, sin recibir ingresos por las ventas de su
producción ni pagar por sus insumos con tales ingresos. Con relación a este
invento, el mismo Castro dijo el 7 de diciembre de 1970: “¿Qué es este pozo sin
fondo que se traga los recursos humanos de este país, su riqueza, los bienes
materiales que tanto necesitamos? No es otra cosa que ineficiencia,
improductividad y baja productividad”.
La lista de errores es larga, según Ritter. Un análisis breve de ellos
arroja que se agravaron a partir de 1968, cuando el régimen expropió la mayor
parte de las pequeñas empresas privadas que quedaban, tras llamarlas
“capitalistas”. De esa forma, las empresas fueron empujadas a la economía
subterránea y el robo y las ilegalidades se convirtieron en algo normal hasta ahora.
Varias décadas después el “Comandante en Jefe” decidió que no había futuro
con el azúcar. Eliminó una gran parte de las tierras sembradas de caña y se
deshizo de unos 100 000 trabajadores, sin pensar que los precios del azúcar
aumentarían un poco después, cuando ya los bateyes estaban convertidos en
pueblos fantasmas.
Otro de los grandes errores que señala Ritter es el medio siglo de controles
monetarios sin convertibilidad por el cual responsabiliza al Che Guevara,
entonces presidente del Banco Nacional de Cuba, y al propio Fidel Castro.
Cabe aquí una pregunta imprescindible: ¿Tiene en realidad autoridad política suficiente el presidente Díaz-Canel, además de valor y amor por Cuba, para rectificar los errores de su maestro y guía? ¿O lo tienen quienes mandan en Cuba tras bambalinas, es decir, Raúl Castro y su vieja guardia militar?
La RArticulo
Originalesolución 215 del Banco Central de Cuba (BCC), recién publicada en la
Gaceta Oficial, regula el uso de criptomonedas y otros activos digitales en el
sistema financiero nacional. La norma contiene, de manera esencial, lo
siguiente:
Concibe el otorgamiento de
licencia a proveedores de servicios de criptomonedas y otros activos
virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera,
cambiaria y de cobranzas o de pagos, en y desde el territorio nacional.
Prohíbe que las
instituciones financieras, las empresas y otras personas jurídicas
nacionales operen con activos virtuales y proveedores de estos servicios
que no estén autorizados por el BCC.
No se prohíbe el uso de
activos virtuales por parte de las personas naturales al margen del
sistema financiero nacional.
A
propósito de esta resolución y del uso cada vez más extendido de esta moneda en
el archipiélago, vale decir que hay que ser cautelosos con las criptomonedas
porque todavía no cumplen a cabalidad ninguna de las tres funciones que
usualmente le pedimos a una moneda.
La
tecnología que soporta las criptomonedas aún debe perfeccionarse para permitir
una mayor cantidad de transacciones por minuto —como lo hacen instrumentos
tradicionales de pago con cuentas bancarias o tarjetas de crédito—. Cuando se
realiza una transacción con criptomonedas, en ocasiones, se deben esperar horas
o días para que esta se refleje en las cuentas o monederos digitales de los
usuarios. Por tanto, como medio de pago, aún poseen muchas desventajas
en comparación con el dinero bancario tradicional; como unidad de cuenta,
también, pues son muy pocos los bienes y servicios que expresan sus precios en
criptomonedas.
Para
cualquier empresa resulta muy complejo manejar un flujo de caja derivado de
operaciones de ingresos y gastos valorados en criptomonedas, a causa de la alta
volatilidad de sus tasas de cambio. Debido a esta alta volatilidad en el precio
de las criptomonedas, tampoco deberían ser atractivas para emplearse como
depósito de reserva o reserva de valor (tercera función que debe cumplir
el dinero).
Sin
embargo, esta última función —y a pesar de la volatilidad— es la que ha ganado
más terreno en el campo de uso de las criptomonedas. Para muchos, sí han
constituido una opción de inversión financiera. Es una decisión personal, pero,
por lo general, los inversores con una aversión al riesgo baja o moderada, no
suelen invertir en activos con tanta volatilidad. Tampoco lo harían porque
resulta difícil en esos casos proteger la inversión mediante la diversificación
del portafolio y la inclusión de otros activos con los cuales presente una
correlación negativa.
Los expertos en finanzas han encontrado
que es arduo hallar activos que cubran o compensen, dentro de un portafolio de
inversión, los riesgos que se corren con la exposición a la volatilidad de las
criptomonedas. Para muchos economistas, el incremento excesivo del valor de las
criptomonedas posee las características de una burbuja financiera.
Dicho
esto, puedo entender que en el caso cubano las criptomonedas podrían generar
beneficios (los cuales deben valorarse junto a las desventajas). Por esa razón,
el Banco Central de Cuba decidió autorizar este tipo de operaciones en el
sistema bancario y financiero nacional. Sabemos que los actores económicos
nacionales —estatales y privados— tienen restricciones financieras asociadas a
las sanciones estadounidenses. Estas les impiden maniobrar con normalidad en el
sistema financiero internacional. No pueden emplear el dólar estadounidense en
los mercados internacionales cuando esa moneda es el principal medio de pago en
el comercio global, la unidad de cuenta más recurrida para fijar los precios de
las materias primas y los valores de contratos de todo tipo, y la que más se
invierte en activos financieros diversos por fuera de las fronteras nacionales.
En
síntesis, las criptomonedas todavía presentan varios inconvenientes para
reemplazar de manera global al dinero fiduciario y bancario tradicional. Pero,
para la economía cubana —analizándola en el escenario financiero inusual en que
actúa debido al embargo estadounidense y los altos costos que este le
ocasiona—, se entiende que las criptomonedas puedan ser una opción para eludir
sanciones y generar beneficios netos.
Las
criptomonedas tienen el potencial de generar alternativas financieras para el
comercio exterior de Cuba, para los flujos de remesas, y podrían usarse para
financiar las pequeñas y medianas empresas desde el exterior. Habrá que ver
cómo se desarrollará la infraestructura financiera cubana para hacer operativa
la Resolución 215 del Banco Central de Cuba.
Pavel Vidal Alejandro: Profesor Asociado del Departamento de
Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Doctor en Ciencias
Económicas de la Universidad de La Habana. Ha sido investigador invitado en la
Universidad de Columbia, Universidad de Harvard, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Oslo y en el Institute of Developing Economies (Japan
External Trade Organization).
En días pasados estallaron protestas sociales en diversas localidades de Cuba. Para los dirigentes cubanos y los medios oficiales de prensa que responden al gobierno cubano, se trata de “disturbios, desorden, causados por una operación comunicacional que se prepara desde hace tiempo”, propiciados por “mercenarios al servicio del imperialismo”. Sin embargo, más allá de una retórica que se basa en el no reconocimiento de la realidad política, económica y social que vive el país y en achacar la responsabilidad de las protestas, denominadas desórdenes -aunque los hubo como en todas las protestas-, a agentes al servicio de intereses extranjeros, Cuba enfrenta desde hace muchos años una crisis económica y social de graves proporciones que se ha transformado en una crisis política. Es imprescindible debatir acerca de las causas pero también abrir un debate sobre las alternativas y posibles soluciones, con el objeto de evitar que el país llegue a un callejón sin salida.
Las
razones económicas.
La
situación económica actual de Cuba es la más terrible desde el llamado Período
Especial de los años noventa del pasado siglo. En 2020, el Producto Interior
Bruto (PIB) cayó un 11,3% pero ya en 2019 se había producido una caída del 0,2%
y el crecimiento promedio anual entre 2015 y 2019 fue de solo 1,7%, lo cual es
insuficiente para asegurar una senda de desarrollo económico. El gobierno
cubano ha insistido en responsabilizar al bloqueo estadounidense y a los
efectos de la pandemia con la situación económica del país. El recrudecimiento
de las sanciones económicas durante la administración de Trump y la aparición y
ahora el empeoramiento de la pandemia han tenido efectos nocivos indudables en
la economía cubana, sin embargo, no son los responsables de los graves
problemas estructurales que ésta padece.
A lo
largo de más de seis décadas se han ido acumulando serios problemas que
dependen, principalmente, de los sucesivos errores de política económica
cometidos por la dirección del país, que han conducido a un incremento de la
vulnerabilidad externa de la economía cubana y han dificultado el desarrollo de
la producción nacional, debido a la excesiva centralización de las decisiones
económicas, a la incapacidad para generar suficientes estímulos al desarrollo
productivo y a los frenos que se han impuesto al emprendimiento.
Las
reformas económicas que se han realizado desde los años noventa han sido
parciales e insuficientes, no han abordado los cambios estructurales de forma
sistémica y no han apuntado a la promoción del emprendimiento empresarial. La
mayor parte de las ramas de la industria nacional y varias de las más
importantes producciones agropecuarias en 2019 tenían niveles inferiores a los
de 1989. A partir de la crisis de los noventa el gobierno optó por el
desarrollo del turismo. Fue una decisión parcialmente correcta pero lo que no
debió ocurrir es que ese desarrollo obviara las necesidades del desarrollo
industrial y agrícola del país.
La
excesiva dependencia respecto al turismo es una causa estructural fundamental
en la debacle actual de una economía que prácticamente carece de reservas y de
alternativas productivas, con una industria azucarera que está produciendo a
niveles de principios del siglo XX, con el resto de la industria prácticamente
colapsada y con una agricultura afectada por una estructura de precios y
excesivos controles que desestimulan el desarrollo de la producción de
alimentos y de materias primas.
Con
campañas políticas no se resuelven los problemas de la producción. El país está
importando gran parte de los alimentos que podría producir y carece de las
divisas necesarias para importarlos. Para colmo, se insiste en el control
monopólico estatal del comercio exterior. Sigue sin dar los pasos necesarios
para promover la legalización de pequeñas y medianas empresas privadas que
promuevan el emprendimiento y canalicen el empleo superfluo que es una excesiva
carga al presupuesto del Estado. Persisten en la planificación centralizada en
condiciones de una inmensa escasez y no generan otras alternativas. En los años
noventa el turismo fue una alternativa y a comienzos del siglo XXI, la
exportación de servicios profesionales, principalmente a Venezuela, se
convirtió en otra opción muy importante de ingresos en divisas. Estos junto a
las remesas, aseguraron la subsistencia económica del país.
En la
actualidad, el turismo está en niveles mínimos, las remesas afectadas por las
limitaciones de sus fuentes debido a problemas económicos de los remitentes y
al endurecimiento de las sanciones durante la era de Trump, mientras que los
ingresos por exportaciones de servicios están afectados por su cierre en
ciertos países pero sobre todo por la terrible crisis económica venezolana.
Entonces, el gobierno no ha querido salirse del guión que ha determinado la
política económica, ha actuado con muchísima lentitud y ha adoptado medidas
económicas equivocadas.
Los
errores más recientes de política económica.
A lo
largo de estas décadas se han acumulado una serie de errores de política
económica, pero en las condiciones actuales quisiera concentrarme en dos: 1) la
llamada Tarea Ordenamiento y 2) la apertura de tiendas en monedas libremente
convertibles (MLC) para la venta de productos que originalmente se describían
como “suntuarios” pero que en realidad resultaron de primera necesidad, no solo
para las condiciones de la vida moderna sino incluso para la subsistencia.
El
llamado Ordenamiento monetario no fue tal. Desde hace tiempo muchos economistas
hemos destacado la necesidad de abolir la dualidad monetaria por el desorden en
los sistemas de costos, en el funcionamiento de las empresas y en el
establecimiento de precios relativos respecto a la economía internacional.
Adoptaron la unificación monetaria y cambiaria como un lineamiento del 6º
Congreso del PCC en 2011 y finalmente en 2021 decidieron unificar los tipos de
cambio a una tasa sobrevaluada, a la cual el Banco Central no puede asegurar la
venta de la divisa extranjera, con lo que, inmediatamente, se desarrolló el
mercado negro de divisas en el que el dólar se cotiza a varias veces por encima
del valor oficial.
En lugar
de establecer la soberanía del peso cubano como moneda nacional, crearon
tiendas en MLC, re-dolarizando parcialmente la economía y vendiendo en ese
mercado bienes a los cuales no tiene acceso la población que carece de remesas
o de opciones de ingresos en divisas, generando un grave problema social debido
a la marginación de un sector considerable de la población en la capacidad de
adquirir dichos bienes.
La
unificación cambiaria llegó acompañada de un incremento de salarios en el
sector estatal y de pensiones en niveles claramente inferiores a los
incrementos reales en los precios, producidos por una estampida inflacionaria,
lo cual ha causado gran insatisfacción en una parte considerable de la
ciudadanía que continúa sin asegurar sus necesidades básicas a partir de sus
ingresos debidos al trabajo.
Los
problemas sociales.
La
insatisfacción creada por los errores de política económica y la persistencia
de los mismos a veces ha podido canalizarse por los mecanismos controlados por
el poder pero ni esas ni aquellas que ni siquiera han podido ser planteadas
oficialmente sino que se expresan en redes sociales, han tenido una respuesta
creíble más allá de achacar al bloqueo de todo cuanto no funciona. No se trata
de anexionistas, ni de delincuentes, ni de agentes de alguna potencia
extranjera. Se trata simplemente de ciudadanos cubanos que necesitan satisfacer
aspiraciones en la única vida probada que tienen y que sienten que el gobierno
del país no está siendo capaz de ofrecer las alternativas de solución
necesarias.
La
sociedad cubana de hoy es claramente diferente a la que decidió permanecer en
el país tras el triunfo revolucionario. Existe un porcentaje creciente de
jóvenes, que están a dos o tres generaciones de la que hizo la Revolución y que
tiene esperanzas de vida, intereses, aspiraciones y proyecciones políticas y
sociales propias y muy probablemente diferentes y a las que incluso la
Constitución actual les priva del derecho a definir el tipo de Estado y de
sociedad que prefiere. Y dentro de este grupo, existe una parte considerable de
personas que viven en condiciones de subsistencia y no ve opciones de
mejoramiento de las mismas.
En otras
oportunidades, la emigración, incluso con cierto nivel de masividad, como
ocurrió en los primeros años sesenta, en 1980 y en 1994, ha actuado como
válvula de escape para solucionar las insatisfacciones individuales, pero
también para reducir el factor de oposición social interna. En esta ocasión
esta posibilidad está claramente muy limitada.
La
emigración carece de derechos políticos, pero a ella se ha apelado, una y otra
vez, para que haga valer sus derechos al envío de remesas familiares pero sin
reconocerla socialmente como un factor importante para la solución de los
problemas económicos del país y sin integrarla políticamente en un sistema
democrático. La emigración es un factor decisivo en la solución de muchos de
los problemas económicos del país y también debería ser un importante actor
político a partir de su experiencia en otras realidades.
En la
sociedad cubana existe una parte considerable que carece de opciones y de
perspectivas, que vive en una situación de pobreza que no es reconocida
públicamente por las autoridades cubanas. En consecuencia, gran parte de esa
población salió a las calles como explosión de una situación de hastío. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que antes de eso ya se habían producido una
serie de indicios de protesta pacífica en diversos sectores sociales, incluidos
los artistas, reclamando espacios de diálogo que solo han encontrado la
intolerancia y el rechazo como respuesta.
Los
problemas políticos.
Todo este
conjunto de cuestiones ha llevado a una crisis política de la cual estas
protestas públicas han sido solo un primer momento, si consideramos su
capacidad de difusión y su masividad. Sin embargo, existe una parte de la
sociedad cubana inconforme con la situación del país que no se expresa por
miedo a las consecuencias negativas que pueden sufrir debido a una cultura
arraigada de exclusión de las opciones políticas diferentes a las defendidas
desde las estructuras de poder. El gobierno cubano debería considerar esta
realidad política y actuar en consecuencia si realmente quiere evitar que la
fractura social y política en la sociedad cubana se profundice y supere el nivel
de polarización que ya es gravísimo.
En 2019
se adoptó una nueva Constitución que establece en su artículo 1 que “Cuba es un
Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y
soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria
e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de
sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la
solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”. Sin
embargo, existen ejemplos que demuestran que muchos de esos preceptos no
reflejan la realidad política del país.
El
artículo 5 de la carta magna le otorga al Partido Comunista de Cuba, la
condición de “fuerza política superior de la sociedad y del Estado”, lo cual,
en la práctica, coloca al Partido por encima de la sociedad. Esta realidad no
tiene nada de democrática, toda vez que tampoco el Partido Comunista es una
organización democrática en su vida interna.
En esa
misma Constitución se garantizan el derecho a la vida, la integridad física y
moral, la libertad, la justicia y la seguridad …. (artículo 46); el derecho a
que se respete su intimidad personal y familiar … (artículo 48); a la
inviolabilidad de su domicilio (artículo 49); a la inviolabilidad de la correspondencia
y demás formas de comunicación (artículo 50); las personas no puede ser
sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles inhumanas
o degradantes (artículo 51); el Estado reconoce, respeta y garantiza a las
personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (artículo 54); se
reconoce la libertad de prensa (artículo 55); los derechos de reunión,
manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el
Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a
las preceptivas establecidas en la ley (artículo 56); se reconocen a las
personas los derechos derivados de la creación intelectual (artículo 62); los
ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder del Estado, lo cual implica: estar inscriptos en el registro
electoral, proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegidos, participar en
las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática, pronunciarse sobre la rendición de cuenta que le
presentan los elegidos, ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la
Constitución, desempeñar cargos públicos y estar informados de la gestión de
los órganos y autoridades del Estado (artículo 80).
La mayor
parte de estos artículos, relacionados con derechos humanos y políticos está
sin reglamentar, pero al margen de esto, la propia Constitución contradice
algunos de esos derechos. Por ejemplo, la libertad de elegir y ser elegidos,
mediante el voto de los ciudadanos es restringida por el inciso “c” del
artículo 205 que establece como excepción a “los que no cumplan el requisito de
residencia en el país previstos en la ley”. Es decir, a los cubanos residentes
en el exterior, que constituyen más de un 20% de la población actual del país y
cuyas remesas han contribuido a la subsistencia del país, se les niega ese
derecho elemental que está consagrado en la mayor parte de las constituciones
de las repúblicas latinoamericanas. De igual forma, la iniciativa legislativa y
la reforma de la Constitución, contenidas también en el artículo 80 son
restringidas por el artículo 227 que trata sobre la iniciativa para promover
reformas a la Constitución, porque la iniciativa de los ciudadanos debe ser “mediante
petición dirigida a la Asamblea Nacional, firmada por un mínimo de 50.000
electores”, además de que la Constitución solo puede ser reformada por la
Asamblea Nacional en una “votación nominal no menor a dos terceras partes del
número total de sus integrantes”, es decir, que no permite que la Constitución
sea reformada o elaborada por una Asamblea Constituyente, elegida libremente
por la ciudadanía, tal y como ocurrió en 1940. Si la Asamblea Nacional es
elegida con base a una lista única que responde a las orientaciones del Partido
Comunista, es fácil intuir que sería imposible contar con ella para reformar
una constitución hecha a la medida de los intereses de la dirigencia de dicho
partido, que no necesariamente se corresponde con los intereses reales de parte
de su membresía.
A
diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, los ciudadanos
cubanos carecen del derecho a elegir, mediante sufragio universal y directo,
entre varias alternativas, al Presidente y Vicepresidente de la República, a
los diputados a la Asamblea Nacional, y a las autoridades de gobierno
provinciales y municipales.
Las leyes
cubanas posteriores a 1959 no han permitido el derecho a la huelga, ni a la
formación de asociaciones sociales, profesionales o políticas que estén por
fuera del control del poder político, con lo cual se conculcan los derechos
proclamados en los artículos 54 y 56 de la Constitución.
Así, en
las cuestiones relativas a los derechos políticos, la Constitución de 2019, al igual
que la de 1976, retroceden respecto a la de 1940 que, dicho sea de paso, fue el
resultado de una Asamblea Constituyente, elegida democráticamente, en la que
también participaron delegados comunistas junto a otros del amplio espectro de
fuerzas políticas que caracterizaba a la sociedad cubana de entonces.
La
Constitución de 2019 fue aprobada en referendo nacional por una mayoría
significativa de la población, pero en su proceso de discusión y debate, solo
tuvo cabida la pedagogía del SI y en dicho referendo no se permitió votar a la
población cubana residente en el exterior que aun ostenta un pasaporte cubano.
Hasta en el régimen pinochetista en Chile se permitió la pedagogía del NO.
En los
tiempos recientes han ocurrido varios episodios en los que autoridades cubanas
han violado la Constitución aprobada por esa inmensa mayoría alcanzada entre
aquellos que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Se han
producido detenciones de ciudadanos por el simple hecho de caminar por una
calle portando un cartel que exige la libertad para alguna persona detenida;
han sido detenidas personas por expresar su inconformidad y rechazo al sistema
político; fuerzas de la policía han obligado, de forma ilegal, a ciudadanos que
no están condenados judicialmente, a permanecer en sus casas en contra de su
voluntad y cuando éstos se han negado alegando su derecho a la libre movilidad,
han sido detenidos; no se han atendido solicitudes de hábeas corpus, a pesar de
que esta figura jurídica está presente en la nueva Constitución y es un derecho
universalmente reconocido en las sociedades civilizadas; se mantiene la
práctica de expulsar de ciertos centros de trabajo a personas que expresan
opiniones contrarias a las que se sostienen desde el poder político, incluso cuando
en algunos casos esas opiniones ni siquiera han cuestionado la esencia del
sistema político y social; se ha promovido y en otros casos, permitido
situaciones de hostigamiento a personas identificadas como desafectas al
gobierno del país; para solo mencionar algunos ejemplos de violaciones de la
ley suprema de la República, generadas desde las estructuras de poder, que
deberían ser sus garantes ante la sociedad.
Desde las
estructuras de poder se ha dicho que las manifestaciones del 11-J han sido
orquestadas desde el exterior. Es cierto y además público que algunos llamados
“influencer” de ciertas redes sociales ha realizado llamados a la desobediencia
civil y a la insurrección. Sin embargo, si fuera cierto que estas protestas
fueron el resultado de estos llamados y de la labor de zapa del gobierno de los
Estados Unidos, esto podría significar que el Partido Comunista carece del
liderazgo y la influencia que en Cuba que se establece como precepto
constitucional. Argumentar que las protestas fueron orquestadas desde el
exterior es un insulto a la ciudadanía y a su derecho a expresar un descontento
que antes no ha encontrado otras vías de canalización, debido a la soberbia, al
autismo y al escaso espíritu autocrítico de muchos de los que ejercen
responsabilidades de dirección en el país y que mantienen un discurso alejado
de la realidad del país.
Las
protestas sociales, a diferencia de lo que se sostiene desde el discurso
oficial, fueron el resultado de la combinación de todos esos factores a los que
se suma el hastío de muchos ciudadanos que no encuentran una salida
esperanzadora a una situación de crisis que persiste en la sociedad cubana
desde hace varias décadas pero que en las circunstancias actuales ha cobrado
una gravedad extraordinaria.
En las protestas hubo saqueos y destrucción de propiedad pública y privada, que no fueron masivos. ¿En cuáles protestas no ocurren? Es lamentable y condenable. Sin embargo, vale la pena llamar la atención sobre cuales han sido los objetos de estos actos deplorables. En unos casos, fueron algunas tiendas en MLC, que son un símbolo evidente de la diferenciación social establecida en Cuba entre los que tienen acceso a ellas y los que no, por el solo hecho de no disponer de cuentas en una moneda que no se obtiene como resultado del trabajo sino que proviene de remesas desde el exterior. Se produjo el volcamiento y destrucción de algunos automóviles de la policía y de instituciones oficiales. También se produjeron enfrentamientos entre fuerzas antimotines y de policía, tanto uniformados como vestidos de civil y los ciudadanos que protestaban. Las imágenes de supuestos civiles, perfectamente organizados, transportados en vehículos públicos y armados de palos y bates de béisbol para golpear a quienes protestaban son una muestra del insulto que ese día se profirió contra el ideario de la Revolución Cubana. Y la orden fue proferida desde el más alto nivel de dirección del país. No es la primera vez que esto ocurre, sin embargo, si es la ocasión en la que alcanzó las mayores proporciones.
Las
opciones.
A pesar
de la profundidad de la fractura social y política del 11-J y del nivel de
polarización que ha alcanzado la sociedad cubana, para bien del país, la
política debería imponerse a la golpiza.
Me opongo
a los llamados a una intervención militar extranjera que solo causaría sangre y
dolor a las familias cubanas y también en las de quienes, eventualmente,
pudieran intervenir. Y me opongo a la represión militar, policial y paramilitar
ejercida por quienes tienen el deber de proteger la seguridad del pueblo y no
mancillarlo. La vida y la dignidad deben ser preservadas.
Siento un
profundo compromiso con la idea original que inspiró la Revolución Cubana, es
decir, la democracia y la justicia social. La democracia nos ha sido confiscada
y la justicia social se despedaza en cada medida que crea excluidos en nuestra
Nación.
Una
opción que parece imponerse en el discurso oficial es la de reprimir a quienes
han sido identificados como participantes de las protestas y hacer caer sobre
ellos el peso de cuestionables figuras jurídicas, y de paso, amedrentar a
quienes pudieran protagonizar eventos similares en el futuro con medidas
ejemplarizantes. Esta opción solo profundizará la fractura de la sociedad y
solo postergaría una futura crisis política y social que podría tener
gravísimas consecuencias.
Otra
opción, que considero necesaria, sería liberar a todas las personas que han
sido detenidas por las protestas y antes de las mismas, por expresar su
desacuerdo con el gobierno o con el sistema político actualmente vigente. A fin
de cuentas, ellos no realizaron un asalto armado a un cuartel del ejército. No
hay que reprimir al descontento sino crear las condiciones para que el
descontento pueda ser convertido en satisfacción y esperanza o que al menos ese
descontento tenga vías legítimas de expresión, y ello pasa necesariamente por
una reconfiguración pacífica de nuestro sistema político.
La
Constitución actual no satisface las aspiraciones democráticas de todo el
pueblo, precisamente porque excluye a una parte del mismo en el derecho a
ejercer su soberanía por lo cual debe ser enmendada, aunque en mi opinión
debería ser elaborada una nueva que garantice el establecimiento de un sistema
democrático. Para esta enmienda, el elemento inicial debería ser la reforma de
los artículos 205, 226 y 227.
En el 205
debería eliminarse la excepción en el derecho al voto de los ciudadanos cubanos
residentes fuera del país. En el 226 debería permitirse que la Constitución sea
reformada por una Asamblea Constituyente, elegida libremente por la ciudadanía,
mediante sufragio universal, además de la actual facultad de la Asamblea
Nacional. En el 227 debería modificarse el inciso f que le otorga iniciativa a
la ciudadanía para la reforma constitucional solo como petición a la Asamblea
Nacional, mediante la recolección de 50.000 firmas, y permitir que estas firmas
puedan ser válidas para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
En tales
circunstancias y para hacer valer el carácter democrático del Estado que define
el artículo 1 de la Constitución, debería convocarse a una consulta nacional
vinculante, en la que puedan participar todos los ciudadanos cubanos sin
distinción de lugar de residencia e identificados con un pasaporte cubano
válido vigente y en la que los electores puedan escoger una de dos alternativas
que podrían ser: a) Desea Usted que la Constitución vigente se mantenga como
está y que su posible reforma posterior solo sea una facultad de la Asamblea
Nacional del Poder Popular; y b) Desea Usted que se convoque a una Asamblea
Constituyente, elegida mediante sufragio universal directo y secreto con
candidatos nominados o auto-nominados libremente, que elabore una nueva
Constitución.
Lo
verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente progresista, no solo es la
urgente necesidad de liberar las fuerzas productivas y el emprendimiento
productivo que pueda iniciar la recuperación de la economía y encauzar el
proceso de desarrollo, sino también resulta urgente la construcción de un nuevo
consenso político, sobre la base del establecimiento de una sociedad
verdaderamente democrática en la que tengan cabida las diferencias políticas y
el imperio de la ley y de la justicia social.
mauriciodemiranda
La
Habana, 1 de abril de 1958. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo,
Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Economía, Universidad
de La Habana, Cuba. Profesor Titular del Departamento de Economía de la
Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Ver
todas las entradas de mauriciodemiranda
Ya desde hace meses, es casi imposible comprar cualquier divisa extranjera en un banco de la Isla. (14ymedio)
Mientras
se acerca la fecha del 20 de junio, a partir de la cual ya no se podrá
depositar dólares en efectivo en los bancos, las dudas
crecen entre los cubanos a la hora de comprar divisas. En los grupos de
Telegram donde se ofrece cambio de monedas, el euro oscila entre los 80 y los
85 pesos y el dólar ronda los 60 pesos, pero pocos usuarios se atreven a dar el
paso ante la incertidumbre creada por la decisión del Gobierno.
“Una
cosa son los anuncios y otra la realidad. No se está vendiendo ni comprando
nada”, asegura a 14ymedio Alejandro Medina, un trabajador privado
de 41 años. “Yo puse un anuncio hace como cuatro días en el grupo donde
siempre resuelvo para ver si vendía 100 dólares a 60 pesos y nada, nadie
me ha escrito. Todo el mundo está aguantado, hay mucha incertidumbre”.
Esperan, dice Medina, a ver qué pasa el fin de semana.
“Los
cabezones (dólares) cayeron en desgracia”, lamenta Papito, un cambista
ilegal que, en apenas unas horas, fue contactado por una decena de clientes que
querían deshacerse de sus dólares
Es la
recomendación también de los “profesionales” del gremio. “Los cabezones
(dólares) cayeron en desgracia”, lamenta Papito, un cambista ilegal que,
en apenas unas horas, fue contactado por una decena de clientes que querían
deshacerse de sus dólares. “Les dije que no se volvieran locos y
esperaran, a mí no me interesa comprarlos ahora, pero el dólar es el dólar, hay
que esperar a ver qué pasa”.
Con el
rostro enorme de los padres fundadores de Estados Unidos, los más modernos
billetes de dólar se han ganado en los últimos años en Cuba el apodo de
“cabezón” para distinguirlos de las series anteriores, con la figura
central más pequeña. El sobrenombre se suma a una larga lista de apodos que
incluye “verdes”, “fulas” y “moneda del enemigo”.
La moneda
de la Unión Europea, candidata a ocupar el trono de la divisa
estadounidense, es vista con recelo. “El euro no es tan conocido aquí,
tiene otro tamaño, algunos billetes ni siquiera me caben en la billetera”,
lamenta Papito, que bromea: “Vamos a tener que pasar un curso acelerado
para aprender a distinguir los euros buenos de los falsos”.
La
dificultad no la tienen solo los cambistas informales. “Hay muchas
aplicaciones de envío de comida a domicilio que el cliente puede elegir sin ver
el costo total de la compra en pesos cubanos o en dólares, incluso pagar en
efectivo con una moneda o con otra. ¿Ahora van a tener que rediseñar toda la
aplicación?”, se cuestiona Yunieski, mensajero de uno de estos servicios
de entrega a domicilio.
“Por
lo menos con los dólares ya la gente sabía que si estaba el viejito arrugado y
medio calvo era de 100 y que si te tocaba el de la barba entonces era de
50”, ironiza, “pero ¿quién sabe nada de puertas ni monumentos
europeos? Habrá que ponerse a estudiar”.
Eso sí,
Yunieski prefiere el euro al peso convertible, ya en extinción en el país.
“No acepto propinas en chavitos porque si no después tengo que
pasarme tremendas horas en la cola del banco para cambiarlo. En euros, libras
esterlinas y yenes, todas las que el cliente quiera darme”, sentencia.
Ya desde
hace meses, en cualquier caso, es casi imposible comprar cualquier divisa
extranjera en un banco de la Isla. Un joven cubano que prefirió el anonimato
contó a este diario que un día en el banco vio a la cajera guardando en una
gaveta “tres grandes fajos de billetes” en euros y en dólares. Él,
que quería cambiar pesos cubanos, le preguntó por qué no le vendía de esos
mismos billetes. “No tenemos disponibilidad”, respondió la cajera sin
inmutarse. Sin cejar en su empeño, el muchacho le preguntó que cuándo pensaban
vender dólares y euros. “Los puede comprar en la calle”, aconsejó la
empleada estatal.
A la vez
que el Estado impone férreo control de las operaciones en divisas, en algunos
bancos ya se ha vuelto un negocio redondo el cambio de moneda libremente
convertible (MLC) ‘por la izquierda’
Así lo
explica a 14ymedio un joven programador informático de 28 años que tiene
una cuenta en el Banco Metropolitano de La Habana en la que puede recibir
moneda extranjera mediante transferencia y que le permite disponer de una
tarjeta magnética para comprar en las tiendas en MLC.
Según
explica, ha logrado tener un contacto en la sucursal bancaria donde tiene
abierta su cuenta en divisa y ahí un empleado, a cambio de recibir un
porcentaje del dinero total transferido, le avisa el momento en que la caja
contadora o en la bóveda ha acumulado la cantidad de euros disponibles que
quiere extraer.
Mientras
tanto, si un usuario común y corriente se dirige al banco y pide extraer 100
euros de su cuenta en MLC, seguirá recibiendo la misma respuesta de los últimos
meses: “Lamentablemente ahora no tenemos en depósito esa cantidad”.
Los
bancos modificarán su horario este fin de semana “para garantizar los
depósitos en efectivo en dólares estadounidenses”, informa este viernes la prensa oficial. El Banco Metropolitano abrirá
el viernes y el sábado de 8:30 am a 3:30 pm y el domingo, de 8:30 am a 12:30
pm, y el Banco de Crédito y Comercio y el Banco Popular de Ahorro, el viernes,
de 8 am a 3 pm; el sábado, de 8 am a 11 am, y el domingo, de 8 am a 12 pm.
En días recientes, autoridades cubanas anunciaron que
a partir del 21 de junio no se recibirían depósitos de dólares estadounidenses
en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible (MLC). La razón
argumentada se refiere a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de
Estados Unidos y su agudización poco antes del fin de la administración Trump.
Habría que recordar no obstante que Cuba tiene prohibido operar en
dólares estadounidenses desde inicios del embargo, a comienzos de los sesenta,
y a pesar de ello ha persistido en el uso de esa divisa como principal moneda
de reserva. Incluso, las últimas decisiones relativas a la unificación
cambiaria la ratifican como referencia del nuevo tipo de cambio unificado, para
lo cual se ha definido un anclaje nominal del peso cubano.
La medida ha sido controvertida, tanto por el momento de su adopción
como porque en el fondo no soluciona ninguno de los principales problemas que
afectan a la economía insular. Pese a ello, varias autoridades han afirmado que
esta decisión se adopta «en defensa de la economía cubana». Me permito
discrepar, una vez más, de las opiniones vertidas por algunos dirigentes
respecto a cuestiones de política económica. En cualquier caso, es una medida
insuficiente para tal propósito.
Las debilidades de la economía resultan de una combinación de problemas
estructurales, políticas erróneas adoptadas por el gobierno a lo largo de seis
décadas —con graves efectos acumulativos— y de las sanciones económicas
impuestas por Estados Unidos durante años. Los efectos de estas últimas están
fuera del control de Cuba, puesto que solo el Congreso de ese país puede
removerlas. Las dificultades estructurales, sin embargo, dependen de su
condición de nación subdesarrollada, agravada por los errores de las políticas
económicas.
A esto debe añadirse que la soberanía
nacional, planteada como meta por el proceso revolucionario, no ha
podido alcanzarse realmente en la esfera económica. La dependencia que Cuba
tuvo respecto a Estados Unidos por varias décadas, fue reemplazada por una no
menos profunda a la Unión Soviética.
Cuando este último
país se desintegró, la Isla debió enfrentar la crisis económica más profunda de
toda su historia, en la que el Producto Interior Bruto (PIB) acumuló una
contracción de casi un 35% entre 1990 y 1993. Los efectos de esa crisis no han
sido superados plenamente, sobre todo en lo que se refiere a la industria y a
la agricultura.
A partir de la victoria del chavismo en Venezuela en 1999, la economía
cubana reprodujo con aquel país una relación de dependencia parecida a las
anteriormente mencionadas, con la particularidad de que las necesidades de
combustible y otros bienes provenientes del país suramericano —aún nuestro
principal suministrador de importaciones— eran más que compensadas por la
exportación de servicios médicos y profesionales.
Como es sabido, Venezuela viene arrastrando una profunda crisis
económica que se expresa en variaciones negativas sucesivas de su PIB entre
2014 y 2020, para un comportamiento anual promedio de -18,9% en el período.
Especialmente duros han sido los años 2019 y 2020, en los que su economía se
contrajo 35% y 30% respectivamente (IMF, 2021).
En las condiciones actuales, la economía cubana está enfrentando una
profunda crisis, agudizada por la pandemia del Covid-19 y los efectos del
recrudecimiento de las sanciones económicas por la administración Trump. Sin
embargo, el origen de esta crisis no depende de esos dos hechos. En 2019, el
PIB tuvo una contracción de 0,2% respecto a 2018, el consumo de los hogares se
contrajo en 1,3%, las exportaciones de bienes y servicios en 4,6% y las
importaciones en 2,9% (ONEI, 2020).
La sensibilidad de la economía cubana a los choques externos continúa
siendo muy alta, y la crisis venezolana tiene efectos contraccionistas en tal
sentido.
Después del deterioro de los noventa, el gobierno cubano apostó por
reinsertar al país en la economía mundial como proveedor de servicios turísticos.
El turismo se convirtió así en prioridad estratégica, ha venido captando un
volumen considerable de inversiones y su importancia creció significativamente
en los ingresos en divisas.
En 2019, dicho sector aportó el 20,9% de ese tipo de ingresos y superó
la sumatoria de las exportaciones de bienes, que solo representó el 16,3% del
total. A falta de datos más precisos, el resto fue aportado, esencialmente, por
las exportaciones de servicios profesionales y las remesas, lo cual constituyó
un total de 7.925 millones de dólares.[1]
sistemático de los sectores industrial y agrícola, cuyos niveles de
producción se mantienen, en gran parte de los rubros, por debajo de los
alcanzados en 1989.
En 2019, por ejemplo, se produjo solo un 29,9% del azúcar que se obtenía
tres décadas antes, 69,8% de los alimentos, 85,9% del tabaco, 7% de los
productos textiles, 15% de las prendas de vestir, 9,3% de artículos de cuero,
34,1% de los productos de madera, 4,3% de fertilizantes, 27,1% de materiales de
construcción, 12,4% de productos de caucho y de plástico, 1,9% de maquinarias y
equipos, 15,8% de maquinarias y aparatos eléctricos, 0,1% de equipos de
transporte, 88,1% de sustancias y productos químicos, 48,6% de equipos y aparatos
de radio, televisión y comunicaciones.
En los únicos rubros en que superó la producción de 1989, fue en la
elaboración de bebidas, con un 113,5%, y en la de muebles, que alcanzó el 179%.
El índice general de volumen de la producción industrial en 2019 respecto a
1989 fue de solo 61,3 (ONEI, 2020) y no es que ese año fuera el de mejor
desempeño para la industria cubana.
De acuerdo con estadísticas de la ONEI, el sector agropecuario presenta
incrementos en 2019 comparados con 1989 en la producción de: frijoles (753,7%),
maíz (425,4%), viandas (174,4%), tabaco (66,2%) y otras frutas (211,1%); así
como en la carne de cerdo (207,6%) y de huevos (11,3%). Mientras, ha disminuido
la existencia de cabezas de ganado (77,5%), la producción de carne de aves (40,9%),
carne bovina (48,5%), leche de vaca (55,4%), arroz (73,1%), cítricos (8,1%) y
hortalizas (61,7%).
En gran medida, estos desempeños sectoriales son resultado de la
combinación de dificultades externas de la economía con una serie de fenómenos
internos, entre los que pueden mencionarse: fallas en la planificación,
insuficiencias organizativas en la actividad empresarial, escasos estímulos
económicos a los productores, errores de política económica causados por el
excesivo voluntarismo en la toma de decisiones e inexistencia de mecanismos de
control a la gestión del gobierno por parte de la sociedad.
Aún no se dispone de toda la información para 2020, no obstante, se
informó oficialmente que el PIB se contrajo un 11,3% respecto a 2019. The
Economist Intelligence Unit estimó que la producción industrial se
redujo un 11,2%, mientras que la agropecuaria lo hizo un 12,0%; en tanto, el
déficit fiscal llegó a representar un 20,1% del PIB. Estas cifras preliminares
denotan una muy difícil situación macroeconómica.
Así las cosas, para defender la economía cubana es necesario adoptar una
serie de medidas que superen ampliamente el alcance de una disposición marginal
como es la suspensión de depósitos de dólares en efectivo en los bancos de la
Isla.
Para proteger la economía de la nación, es imprescindible tomar medidas
que permitan la recuperación de la industria de su actual colapso y
obsolescencia tecnológica, que impulsen la recuperación de los sectores agropecuario,
pesquero y del transporte; que desarrollen la infraestructura, rescaten la
industria azucarera, diversifiquen e incrementen los rubros exportables,
reduzcan la excesiva dependencia externa y fortalezcan la soberanía del peso
cubano como moneda nacional, respaldada por una economía en crecimiento.
El desarrollo económico no se garantiza con fórmulas propagandísticas,
ni puede asegurarse con el simple deseo de que se produzca. Es imperativo crear
las condiciones institucionales y un clima de negocios que favorezca apuestas
de inversión, no solo por parte del Estado sino también del sector privado aún
incipiente, junto a la inversión extranjera directa (IED).
Esta última es imprescindible, porque el país no cuenta con fuentes
suficientes de acumulación de capital y el incremento del endeudamiento no
puede ser una opción a considerar. Las posibilidades que brinda el sector
privado para constituir microempresas,
pequeñas y medianas empresas industriales, agropecuarias y de
servicios son inmensas.
Mientras tanto, el peso podría anclar su tipo de cambio al euro o a una
canasta de monedas que reduzca la influencia del dólar en la determinación del
valor nominal de la moneda cubana en términos de monedas extranjeras.
Adicionalmente, debiera modificarse la estructura de las reservas
internacionales del país, eliminando los dólares
estadounidenses de las mismas o reduciendo sustancialmente su
participación.
Una medida de realismo económico sería la rectificación del error
cometido por las autoridades cubanas al establecer una sobrevaluación del peso
cubano en su tipo de cambio unificado. La sobrevaluación de una moneda tiene
efectos nocivos en la economía de cualquier país, porque reduce la
competitividad de su sector exportador, abarata injustificadamente las
importaciones y no permite que la tasa de cambio actúe como válvula de escape
de la presión que representan los desequilibrios externos.
En tanto no se creen las condiciones para que se produzcan más bienes
industriales y agropecuarios; mientras no se dinamicen la construcción, el
sector de los transportes, las comunicaciones, los servicios comerciales y
profesionales; si no se alcanzan tasas de ahorro e inversión que realmente
impulsen el crecimiento; la economía cubana seguirá siendo extremadamente
vulnerable y la soberanía nacional profundamente comprometida. Los malabarismos
cambiarios no resuelven esos problemas.
El Estado cubano no cuenta con los recursos necesarios para asegurar
semejante tarea económica. El gobierno puede seguir anclado en su idea fija
respecto a que la planificación centralizada sea el principal mecanismo de
asignación de recursos, o que la propiedad estatal continúe dominando el
sistema económico; de hacerlo fracasará una vez más, porque lejos de propiciar
el mejoramiento del bienestar de la sociedad, profundizará el actual
estancamiento.
No pueden perderse de vista las consecuencias políticas de los errores
en las decisiones económicas. Llegados al punto actual, no existe otra opción
posible para Cuba que no sea estimular el desarrollo de los sectores privado y
cooperativo, sin camisas de fuerza, con la convicción de que en su desarrollo
contribuirán significativamente —ellos sí—, a la defensa de la economía cubana;
así como crear las condiciones para que se incremente la inversión extranjera
directa en sectores que puedan conectar la producción nacional con cadenas productivas
globales.
En este proceso, el papel regulador de un Estado democrático es de valor
inestimable, para evitar los fallos del mercado, sin restringirlo, y para crear
las condiciones que permitan utilizar instrumentos fiscales en la
redistribución de recursos con criterios de justicia social.
HAVANA (Reuters) – Cubans woke up all last year wondering where they could
find basic goods such as milk, pork, rice, beans, medicine or shampoo. These
days, they also ask themselves: “if I do, what on earth will it
cost?”
Amid widespread shortages, the near-bankrupt, import-dependent country has
increased sales of goods in convertible currencies like the dollar over the
last year, even as it stopped exchanging pesos for those currencies. That has forced many Cubans to acquire
convertible currencies on the black market where they have surged to as much as
threefold the official rate since the government sharply devalued the peso
https://www.reuters.com/world/americas/explainer-how-cubas-monetary-reform-will-take-place-impact-economy-2020-12-11
in January.
Alternatively, Cubans must purchase the products “at even higher peso
prices from resellers,” said Cuban economist Omar Everleny.
Many goods are simply no longer sold in peso shops despite billions more
pesos now being in circulation.
The result of dollarization, scarcity and devaluation: prices have
skyrocketed and inflation will likely come in at a minimum of 500%, and as much
as 900% this year, according to Pavel Vidal, a former Cuban central bank
economist who teaches at Colombia’s Pontificia Universidad Javeriana Cali. “Every day becomes much more difficult
because the prices of everything continue to rise,” said Arisleidis
Blanco, who works at a private cafeteria in Havana.
Cuba’s government largely blames U.S. sanctions, which were ratcheted up
under former President Donald Trump, and the coronavirus pandemic that has
ravaged Cuba’s tourism industry, for its economic woes. Some critics say the
main issue is the inefficiency of the state-run economy, despite some
market-style reforms.
The Communist-run state retained its World War Two-style ration card that
offers some highly subsidized goods. It also increased state wages and
pensions, up to five times, when it devalued the peso by around 95% in a bid to
cushion the blow. But that covers only
some 60% of the population and leaves many Cubans struggling to navigate wildly
fluctuating prices to cover their needs.
“The government used to sell LED light tubes for 30 pesos,” state
bakery employee Ana Rebeca Labrada said. “On the informal market they now
cost 400 to 500 pesos and there are none in the government stores, not even for
convertible currency.”
Cuba’s government says there is no money in the bank to exchange or import
the goods and sell them for pesos which cannot be exchanged outside the country
to buy more.
The economy declined 11 percent last year after years of stagnation and
according to Cuban economists has continued to fall so far in 2021.
Inflation should just be a temporary setback, authorities say, with the
economy due to pick up as the pandemic subsides and reforms yield results. The
devaluation for example aims to boost exports and reduce imports in the medium
term.
That is little solace though for Cubans struggling to shop for basic goods
as COVID-19 cases hit new highs.
Economists like Everleny say the U.S. embargo is real but the government
needs to implement long overdue reforms to boost supply and until then, the
informal market, and with it surging prices, will continue to flourish.
Last week, the state was selling rice only on the ration card for 10 pesos a pound and on the informal market it was 60 pesos, said Havana resident Miriam. A 50 peso bottle of cooking oil fetched 200 pesos and a pack of hotdogs 80 pesos compared to the 27.50 pesos when available at the stores, she said. Powdered milk was being rationed for children and the elderly at 2.5 pesos a bag and sold for 300 pesos on the street, she said.
By Pavel Vidal, Profesor de la Universidad Javeriana Cali y ex analista del Banco Central de Cuba
Por ahora
los errores que se aprecian en el ordenamiento parecen ubicarse dentro del
margen esperado, dado el tamaño de la devaluación y las características propias
que la corrección de precios relativos tiene en Cuba.
La
devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano a partir del primero
de enero de 2021 es la medida crucial de la reforma monetaria. Ello permite
avanzar en la unificación cambiaria, facilita la salida del peso convertible
(CUC) de circulación y genera un cambio de precios relativos que promueve la
transparencia financiera y reorienta los incentivos económicos a favor de
decisiones más eficientes en las familias, las empresas y el gobierno. Estos
efectos se potencian con el aumento de los salarios, la rebaja de subsidios y
las nuevas reformas estructurales que comienzan a ponerse en práctica.
Se
requiere más tiempo para que se estabilicen los nuevos equilibrios y la
economía reaccione con energía a los nuevas señales e incentivos. Con reformas
estructurales complementarias se pueden acortar estos tiempos y potenciar la
reacción.
March 04, 2021
No
debería sorprender el remezón que la devaluación del peso cubano y salida del
CUC están provocando en
los costos de producción,
los precios mayoristas,
el valor de la canasta básica,
las tarifas eléctricas y los precios de los mercados agropecuarios,
de trabajadores por cuenta propia y
de todo tipo de transacciones en los mercados informales.
No
debería ser motivo de asombro, aunque sí de mucho análisis, que esté cambiando
radicalmente la realidad financiera de empresas estatales, cooperativas,
negocios privados y hogares. Se trata de una devaluación de 24 veces de la tasa
de cambio oficial y de alrededor de 10 veces de la tasa de cambio promedio en
la economía,[1] una de las mayores en la historia de tipos de
cambio múltiples en América Latina.
Durante mucho tiempo los economistas explicamos que
la unificación monetaria constituiría un choque financiero inmediato con
múltiples beneficios, pero que en su mayoría se materializarían gradualmente en
el mediano y largo plazo. Nunca se ocultó que era un trago amargo para el
sistema productivo, pero que había que tomarlo porque es imposible desarrollar
una economía con dos monedas nacionales y múltiples tipos de cambio.
Con estas distorsiones monetarias llevábamos casi
tres décadas completas midiendo mal los hechos económicos, sobrevalorando o
subvalorando costos de producción, salarios, retornos y riesgos financieros,
deudas y activos financieros, minimizando el valor de muchas buenas decisiones económicas
y ocultando el costo de un montón de malas decisiones y reformas pospuestas. No
todo lo que hicimos antes de 2021 estuvo mal calculado, pero sí una gran parte.
La unificación monetaria representa un choque
financiero que produce cambios en los precios relativos a una velocidad mucho
mayor que la capacidad de respuesta promedio del sistema productivo. Durante un
tiempo las unidades económicas quedan atrapadas en el medio, gran parte de lo
que venían haciendo ya no tiene sentido económico, pero todavía no logran
entender todo lo nuevo que deben hacer, y cuando comienzan a comprenderlo no
tienen la forma de reaccionar en la proporción que necesitan. En
correspondencia, las políticas económicas necesitarían trabajar en dos aspectos
fundamentales para mermar el impacto de corto plazo del choque financiero:
minimizar la incertidumbre y aumentar la capacidad de reacción de las unidades
económicas.
El éxito de la reforma monetaria no está
garantizado por el solo hecho que la unificación de las monedas y las tasas de
cambio oficiales eliminan distorsiones.
En estos dos frentes hay muchas cosas que el propio
diseño inicial de la “tarea ordenamiento” ya tiene incorporado, y hay muchas
otras que se podrían añadir. El diálogo permanente de las autoridades económicas
con los empresarios estatales, agricultores, emprendedores privados,
empresarios extranjeros y gobiernos locales será una fuente de información
fundamental para corregir y negociar lo que no se previó. Para aumentar la
capacidad de respuesta son varias las reformas estructurales que se deben ir
acometiendo. En este caso hay recomendaciones elaboradas por economistas como Pedro
Monreal, Ileana Díaz, Mauricio de Miranda, Carmelo
Mesa-Lago, Omar
Everleny, Oscar
Fernández, Juan Triana y Ricardo Torres, entre otros.
Es importante subrayar que el éxito de la reforma
monetaria no está garantizado por el solo hecho que la unificación de las
monedas y las tasas de cambio oficiales eliminan distorsiones. La política
económica no puede achantarse y esperar a que se vayan materializando los
beneficios de mediano y largo plazo. Tampoco puede caer en la complacencia de
publicitar algunos de los beneficios puntuales que se pueden apreciar en el
corto plazo, tales como más personas buscando trabajos formales o determinados
ahorros en el consumo de los hogares. Son buenas señales y constituyen los
primeros ejemplos de lo que se puede lograr con un cambio en los incentivos
económicos, pero distan mucho del cambio estructural y el salto de eficiencia
que podría derivarse de la “tarea ordenamiento”, que evidencie que valió la
pena asumir el riesgo de devaluar 10 veces la moneda en un solo día.
El gobierno tampoco debería prometer y forzar unos
beneficios irrealizables de corto plazo, especialmente en lo que tiene que ver
con el aumento del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Las
proyecciones contrafactuales siempre son muy especulativas, pero podría decirse
que en un escenario hipotético sin pandemia y sin una caída del 11% del PIB,
tal vez sí se hubiese podido lograr algún aumento de los salarios y pensiones
reales a partir de la redistribución de riqueza e ingresos y de un cambio en la
estructura del gasto público. Esta era el escenario de la reforma monetaria en
el papel, pero la realidad de 2020 y 2021 ya sabemos que es otra muy diferente.
Pretender que este aumento nominal de ingresos se vaya a traducir en mejoras reales en el contexto actual no es realista.
Entiendo que la manera en que el equipo económico
técnico logró “vender” políticamente la “tarea ordenamiento” fue combinando la
devaluación de la tasa de cambio con el aumento de salarios y pensiones. Sin
embargo, pretender que este aumento nominal de ingresos se vaya a traducir en
mejoras reales en el contexto actual no es realista, genera falsas expectativas
y promueve incentivos perversos en los entes reguladores y políticos. En un
reciente panel en la Asociación de Estudios
Cubanos (ASCE) presenté
una estimación que apunta a una probable caída de alrededor del 15% del salario
promedio real en el sector estatal en 2021. De lograrse en el complejo
escenario económico y financiero actual, esto debería apreciarse como un gran
logro.[2]
Para
esclarecer mi posición, creo que fue acertado combinar ambas acciones de
política económica, incluso (y especialmente) en el escenario de 2021. El
aumento nominal de salarios y pensiones permite proteger a un grupo grande de
hogares de los costos sociales de la devaluación. Pero es diferente presentar
el aumento salarial y de pensiones como una protección, a prometer un
incremento de los ingresos reales en medio de un ajuste tremendo de la tasa de
cambio y de los precios relativos, en una economía que ha visto reducida
prácticamente a cero una de sus principales fuentes de ingresos externos por la
caída internacional del turismo.
Es este
mismo panel en ASCE expuse una proyección de inflación que ubica la tasa más
probable para este año alrededor de 500%. Cerca del 300% de la inflación se
debería al efecto traspaso, es decir, al impacto de la devaluación de la tasa
de cambio sobre los precios. El otro 200% se explicaría principalmente por el
exceso de demanda, es decir, el aumento de salario por encima de la
productividad. Y es importante anotar que en este escenario ya se reconoce el
esfuerzo del gobierno para intervenir administrativamente y controlar el efecto
traspaso, tomando en consideración los límites que ha colocado el Ministerio de
Finanzas a los precios mayoristas empresariales y los subsidios que se
mantienen. En este escenario de inflación de 500% se asume que con estas
regulaciones el gobierno podría llevar el traspaso al valor medio que se
observa en las economías en desarrollo, según las estimaciones del Banco
Mundial.[3] De hecho, si no se considera el efecto de
estas regulaciones del Ministerio de Finanzas, la inflación superaría los 900%
y el salario real caería un 50%.
Bajo
estos cálculos, tanto el objetivo oficial de aumento de los precios promedios
en solo 1,4 veces, como el objetivo de aumento del poder adquisitivo de
salarios y pensiones parecen inalcanzables este año. Estimular a los entes
reguladores y políticos a reprimir la inflación más allá de lo que es posible
va a provocar más daño que beneficio, y puede llevar a destruir los mismos
resortes que se necesita para la recuperación. Una vez más podemos recordar el
fracaso en obtener los 10 millones de la zafra de 1970 y el desgaste que
representó concentrar los esfuerzos en un objetivo inalcanzable.
Se puede reconocer la necesidad de regular …los precios de las empresas estatales y de otros mercados donde primen estructuras monopólicas, pero es un error imponer precios donde existen mercados que pueden cumplir esta función sin intervención estatal.
En una
economía más descentralizada, con un número mayor de actores económicos y
mercados más abiertos y competitivos, la mayor parte de las correcciones de
precios relativos podrían confiarse a las interacciones y contrapesos del
sistema productivo, pero dada la estructura monopólica y cerrada de donde parte
el ajuste monetario cubano, la negociación y la corrección sistemática de los
controles de precios es la única vía para compensar parcialmente la rigidez e
ineficiencia inherente a la fijación centralizada de los precios. Se puede
reconocer la necesidad de regular mediante medidas administrativas los precios
de las empresas estatales y de otros mercados donde primen estructuras
monopólicas, pero es un error imponer precios donde existen mercados que pueden
cumplir esta función sin intervención estatal.
El éxito
de la “tarea ordenamiento” no puede medirse a partir de los indicadores de
2021. La tasa de cambio y los precios se han movido en una mejor dirección,
pero con una alta velocidad y en un complejo contexto. Se requiere más
tiempo para que se estabilicen los nuevos equilibrios y la economía reaccione
con energía a los nuevas señales e incentivos. Con reformas estructurales
complementarias se pueden acortar estos tiempos y potenciar la reacción.
[1] Tomando en cuenta que la población y el sector
privado operaban desde antes con la tasa 24 pesos por dólar, y que en 2021 el
mercado paralelo refleja una tasa de 50 pesos por dólar.
Desde
hace varios días en diversos medios de prensa cubanos han comenzado a aparecer argumentos
sobre la necesidad de proceder a la unificación monetaria y cambiaria, haciendo
énfasis en las consecuencias negativas del establecimiento de una dualidad
monetaria en los años 90 del siglo XX. A esto se suman muy recientes rumores,
no confirmados, que indicarían la posibilidad de que en poco tiempo se suprima
la circulación del peso convertible y la unificación de precios en pesos
cubanos de los bienes y servicios que se ofrecen en las redes comerciales
estatales, así como una nueva tasa de cambio única que devaluaría
considerablemente el tipo de cambio oficial actual de 1 USD = 1 CUP que solo
funciona para las empresas del Estado, pero que, al parecer, revaluaría la
actual tasa de mercado, también oficial, de 1 USD = 24 y 25 CUP (según se trate
si es tipo de cambio de compra o de venta de la moneda extranjera). A estos
rumores se suma la existencia de una supuesta nueva escala salarial que
funcionaría para el sector estatal y que multiplicaría en varias veces todos
los niveles salariales actuales (sin que se diga nada de las pensiones de
jubilación antiguas).
Lo
curioso es que todo esto ocurra unos meses después que el gobierno cubano
decidiera abrir tiendas minoristas en las que se venderían una serie de
artículos, considerados de “alta gama”, pero que después se ampliaron a bienes
de primera necesidad, usando tarjetas magnéticas, respaldadas por depósitos en
dólares u otras monedas libremente convertibles (MLC), lo que ha significado,
en la práctica, una nueva segmentación del mercado en productos que se venden
en divisas extranjeras y productos que se venden en las monedas nacionales y
que, eventualmente, se venderían en una sola, como resultado de la
“unificación”. Así las cosas, vale la pena aclarar que toda vez que circulen
diversas monedas en un mercado, así sea a partir de la existencia de depósitos
a la vista, no estamos en presencia de una real unificación monetaria.
Uno de los problemas de la dualidad monetaria existente ha sido la multiplicidad de tipos de cambio, pero sobre todo la persistencia, durante 60 años, de un tipo de cambio fijo, artificialmente sobrevaluado, del peso cubano respecto al dólar estadounidense, que no refleja las condiciones económicas reales de la economía nacional en relación con la economía internacional y que ha distorsionado seriamente la competitividad de todo el sistema empresarial cubano.
Se puede
establecer una nueva tasa de cambio, se pueden modificar los precios y se
pueden reformar los salarios y jubilaciones, pero con ello solo se pondrá un
orden momentáneo a las relaciones monetarias y a los sistemas de precio y de
salarios en el país, pero no necesariamente se pondrá fin a las distorsiones
del sistema económico cubano ni del sistema monetario en particular.
La
existencia de un mercado, por limitado que pueda resultar, en el que el peso
cubano no cumple sus funciones como dinero va a generar una demanda adicional
de las divisas extranjeras en el mercado informal, generando opciones de
beneficios extraordinarios para quienes operen este mercado informal. Si, como
es usual, se persigue a estos actores económicos con medidas punitivas solo se
conseguirá aumentar la brecha entre los tipos de cambio entre los mercados
formales e informales. Por tanto, sería prudente adelantarse a este tipo de
escenarios con la adopción de medidas económicas adecuadas.
¿Cuáles
deberían ser este tipo de medidas?
Será necesario definir qué
tipo de sistema cambiario va a establecerse. ¿Una caja de conversión como
la que determinó la paridad del peso cubano con el dólar antes de 1959 o
como la que produjo el establecimiento del llamado CUC? Esto significaría
un anclaje nominal del peso con el dólar, en la cantidad que se defina, y
la variación del tipo de cambio con las demás divisas, siguiendo el curso
del dólar. Esta medida, no evitaría que el país afronte una crisis
cambiaria cuando se produzca una nueva crisis de balanza de pagos, lo cual
puede ser algo previsible en el caso cubano, si no se solucionan los
problemas estructurales, no se alcanza un mayor ritmo de crecimiento
económico y no se logra una mejor inserción internacional de la economía.
¿Un tipo de cambio flexible? Podría resultar lo más lógico para que el
tipo de cambio fuera el que absorbiera los choques externos y la política
macroeconómica no quedara supeditada al sostenimiento de una determinada
paridad cambiaria. Sin embargo, en este escenario habría que estar
preparados para una depreciación sostenida del peso cubano en la medida en
la que no mejoren las condiciones de producción de bienes y de servicios y
con las consecuentes presiones inflacionarias.
La realidad indica que tanto
el peso cubano como el peso convertible están sobrevalorados, tanto en el
tipo de cambio del primero como del segundo, lo cual significa que ambos
valen más de lo que deberían valer. El tipo de cambio oficial con el que
funcionan las empresas es absurdo y no guarda relación alguna con la
realidad. El tipo de cambio de las CADECA, que durante mucho tiempo se ha
mantenido estable, parece mostrar signos de sobrevaloración ante la
reaparición de un mercado informal con valores que en estos momentos han
estado oscilando entre 1,30 y 1,80 CUC por dólar. Esto es consecuencia de
dos fenómenos muy concretos: a) la ruptura de la “caja de conversión” que
sustentaba la condición de convertibilidad del CUC a una paridad de 1 USD
= 1 CUC y según la cual solo se emitirían CUC como USD existieran para
respaldarlos y b) la reaparición de un mercado en el que solo se opera en
MLC, por lo que la demanda por las divisas foráneas aumenta
considerablemente. La sobrevaloración de una moneda nacional desestimula
las exportaciones porque las encarece y estimula las importaciones porque
las abarata relativamente. Si se adopta un tipo de cambio de partida, de
forma administrativa, que no refleje las condiciones reales de la
economía, se reproducirán las distorsiones actuales, porque el tipo de
cambio es el precio relativo que permite conectar la economía de cualquier
país con la economía internacional. Por esa razón, en lugar de adoptar
medidas administrativas sería mucho mejor tener en cuenta las señales que
ofrece el mercado. Así las cosas, el CUP podría cambiarse a 25 por CUC
actuales para efectos internos, pero el tipo de cambio del USD con el CUP
que se establezca como nivel de partida, debería considerar esas señales
del mercado y, por tanto, devaluarse en lugar de revaluarse.
Para que el peso cubano
(CUP) sea realmente convertible debe asegurar su plena convertibilidad
interna, garantizando el funcionamiento adecuado del mercado cambiario y
permitiendo que la moneda nacional opere de manera plena con fuerza
liberatoria ilimitada y curso forzoso en todo el territorio nacional, lo
cual cuestiona el funcionamiento de las nuevas tiendas en MLC, fuertemente
criticadas por la población por justas razones.
Nada de esto tiene sentido
si no se adoptan las medidas económicas necesarias para impulsar la
producción de bienes y de servicios. Si no se adoptan las medidas para
aumentar la oferta de bienes y de servicios, se corre el riesgo de una
espiral inflacionaria, que si se pretende impedir de forma artificial, con
los racionamientos o con topes de precio, se manifestará en la forma ya
conocida de “inflación reprimida”, que no es otra cosa que la escasez y
las colas y la dinamización del mercado subterráneo. Así las cosas, lo más
adecuado sería eliminar todas las cortapisas que han impedido el
desarrollo de la producción de bienes y de servicios por parte de
productores privados y cooperativos, junto a la autonomía operativa y
financiera de las empresas estatales. En tal sentido, es imprescindible
adoptar la secuencia adecuada y ello significa que lo primero sería
eliminar las restricciones actuales al funcionamiento de las pequeñas y
medianas empresas (PyMES) privadas y cooperativas, las cuales, en un clima
adecuado podrían absorber la fuerza de trabajo que actualmente resulta
excesiva en el sector estatal y podría producir bienes y servicios que el
sector estatal se ha mostrado incapaz de producir. Para ello es necesario
crear el clima institucional adecuado para promover el ahorro interno y la
inversión tanto foránea como doméstica, sin restricciones de tipo de
propiedad. Esto debería ir acompañado de la modificación de las normas
adoptadas recientemente para regular la participación del sector privado y
cooperativo en el comercio exterior que son, a todas luces, inadecuadas.
El costo
económico y político de continuar despreciando las leyes económicas puede ser
muy grave para el país. La política económica debería orientarse a la adopción
de las medidas que permitan salir de la crisis y conducir a una ruta de
crecimiento sostenido que tenga un efecto positivo en el mejoramiento del nivel
de desarrollo económico y social, superando las barreras ideológicas derivadas
de concepciones dogmáticas.
