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CARMELO MESA-LAGO. UNA APOSTILLA SOBRE SALARIOS, PENSIONES Y ASISTENCIA SOCIAL EN CUBA

Original Article:  SALARIOS, PENSIONES Y ASISTENCIA SOCIAL EN CUBA.

ELESTADOCOMOTALMARCH 10, 2018

He leído con interés y provecho el artículo de Lázaro González y Yisel R. Pérez: “El sol no se puede tapar con un dedo,” y concuerdo con la mayoría de sus puntos y recomendaciones. El motivo de este artículo es aportar evidencia estadística que refuerza sus argumentos demostrando el declive en el salario y la pensión reales (ajustadas a la inflación), así como el recorte en la asistencia social en términos de beneficiarios y gastos.

Salario medio real en el sector estatal

 Las estadísticas y la mayoría de los artículos que se publican en Cuba se refieren al salario medio nominal en el sector estatal, no ajustado a la inflación (índice de precios al consumidor: IPC), muy diferente al salario real, ajustado de esa forma. Esto da la ilusión que los salarios han crecido consistentemente desde su punto más bajo en 1993, en el peor año de la crisis económica de los años 90. Si comparamos el salario nominal ese año (182 CUP) con el de 2016 (740 CUP), habría aumentado cuatro veces. A más del problema de la falta de ajuste, este cálculo toma el punto más bajo de la curva y, por supuesto, siempre aumenta. Aunque no exactamente igual, la CEPAL en su último informe regional, comienza la serie del salario medio real en 2010 y Cuba salta 54,8% entre ese año y 2016, con creces el mayor aumento en América Latina. (1). Pero otro resultado se obtendría si se hiciese una comparación mucho más larga, por ejemplo, entre 1989—el año anterior al comienzo de la crisis—y 2016. Esto es lo que justamente hacemos abajo.

 

Aquí mostramos la serie completa del salario real entre 1989 y 2016, el último año en que tenemos el salario nominal medio estatal y el IPC. Puede observarse que en 1993 el salario era un décimo del nivel de 1989; después con la recuperación aumenta consistentemente, pero todavía en 2016 era 39,3% del nivel de 1989, o sea, un 60,7% menor, esto quiere decir que el poder adquisitivo se contrajo en ese porcentaje. Si se observa el año 2010, usado como base por la CEPAL, el salario aumenta de 27,1% a 39,3% pero esta es una visión a corto plazo que no se conforma con una mirada a largo plazo (2). Cuba es el único país en América Latina donde el salario en el sector estatal (la enorme mayoría en el país) se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al IPC y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo.

El salario medio estatal mensual de 687 CUP en 2015, equivalía a 27 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo educación y salud), mientras que el salario mínimo de 225 CUP era una cuarta parte del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas. (3)

Pensión media real

Las mismas observaciones hechas al salario valen para las pensiones. El gráfico abajo presenta la evolución de las pensiones reales.

 

La ley no determina el ajuste de la pensión al IPC (uno de sólo cuatro países en América Latina) y, como en el caso del salario, el gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. En 1993, la pensión real era 16% del monto de 1989; 22 años después se estabilizó en la mitad del nivel pre-crisis. La pensión media nominal en 2016 era de 277 CUP mensuales, (4) equivalente a 11 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimenticias. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en la población; (5) para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar como cuentapropistas.

Prestaciones de asistencia social

 Aunque ONEI no publica estadísticas de pobreza (el único país latinoamericano que no lo hace), esta ha crecido en el último decenio por varias razones: el salario medio estatal real cayó 61% y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas; la pensión media menguó a la mitad y no satisface las necesidades alimenticias básicas; el racionamiento se ha reducido por la extracción de la libreta de bienes a precios subsidiados que se venden en el mercado a un precio dos o tres veces superior; el aumento de precio en las TRD que tienen una ganancia en torno al 200%; el incremento del precio de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte), así como de los alimentos en los mercados libres; la eliminación de comidas subsidiadas en cafeterías para trabajadores (los cuales reciben una suma insuficiente para comprar un almuerzo); y el deterioro en el acceso y la calidad de los servicios de salud. (6). Por tanto, la asistencia social debió de expandirse a fin de proteger a la población vulnerable contra esos problemas. Sin embargo, ocurrió lo opuesto como se muestra abajo.

 

Entre 2006 y 2016, el gasto de asistencia social como porcentaje del presupuesto se contrajo a menos de un cuarto, de 2,2% a 0,5%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció a menos de un tercio, de 5,3% a 1,6%. Esto, en parte, se explica por un “Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los beneficiarios con una familia capaz de ayudarles. Detectar y eliminar la asistencia a los que no la necesitan es una política universal pero, en el contexto cubano de expansión de la pobreza y un nivel generalizado de necesidad, dicha política no parece razonable. El Cuadro 1 muestra otros recortes en la asistencia social. La asistencia a adultos mayores y discapacitados disminuyó en 62%, a las madres con hijos discapacitados en 51%, y a los que necesitan atención a domicilio en 65%.

¿Por qué estos recortes que provocan efectos tan adversos?

Las autoridades cubanas repetidamente han reconocido que los salarios actuales en el sector estatal, que comprende 75% del empleo, son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. En un intento de paliar este problema en 2010-2011 se estimó el empleo innecesario en el sector estatal (“nóminas infladas”) y se anunció que dicho excedente sería despedido: 500,000 en 2010, 1 millón en 2011 y un total de 1,8 millones en 2015. Los afectados encontrarían empleo en el sector no estatal (cuenta propia, usufructo de la tierra y cooperativas urbanas-CNA) que se extendería. En total se despidieron alrededor de 500.000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se anunció oficialmente la terminación de los despidos.  Ocurrió una expansión del sector no-estatal, pero no suficiente para dar empleo a los  desocupados: el cuentapropismo creció de 147.000 a 567,000 entre 2010 y 2017, mientras que los usufructuarios llegaron a 174.000 y los miembros de las CNA a unos 11.000 (no se conoce el número de empleados de los últimos dos grupos, pero no es sustancial), en total no agregaron mucho más de 800.000 nuevos puestos. Por ello queda alrededor de un millón de excedentes. (7). En vez de acelerar el tamaño del sector no estatal, en 2017 se hizo lo opuesto, imponiendo restricciones a su crecimiento. En vista a ello los salarios en el sector estatal siguen a la zaga.

La reducción de las pensiones y la asistencia social es en gran medida el resultado del recorte substancial del gasto social  (pensiones, salud, educación, vivienda y asistencia social). Este alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55,4% del presupuesto estatal y 36,6% del PIB. En 2016 había menguado a 47,1% y 28,1% respectivamente, o sea, un declive de 8,3 puntos porcentuales menos del presupuesto estatal y 8,5 puntos del PIB. El gasto de pensiones también menguó con la reforma de 2008 que aumentó las edades de retiro para ambos sexos en cinco años (de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años a las mujeres), con lo cual atrasó el retiro y mermó el número de nuevos pensionados (el total se ha reducido porque las muertes superan a los nuevos jubilados). Invirtiendo el aumento progresivo de jubilados por decenios y a pesar del agudo proceso de envejecimiento, en 2015 bajó el número de jubilados en 8.358. (8). La disminución del gasto social también afectó a las prestaciones de asistencia social. En este caso ayudadas por la medida explicada de los Lineamientos.

En conclusión, no es posible reducir más los salarios, las pensiones y las prestaciones de asistencia social, por lo que es imprescindible aumentar la producción y la productividad. El único camino es acelerar y profundizar las reformas estructurales (cambiando las restricciones impuestas en 2017),  a fin de obtener los recursos necesarios para implementar políticas salariales y sociales que alivien la situación actual. Este es el reto más serio que enfrentará la nueva dirigencia del país cuando ocurra el cambio generacional el próximo abril.

Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos Universidad de Pittsburg, profesor/investigador visitante en 8 países y conferencista en 39. Autor de 96 libros/monografías y 318 artículos/capítulos de libros publicados en 7 idiomas en 34 países; fundador y editor de Cuban Studies por 18 años. Libros más recientes: Buscando un Modelo Económico en América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto? Chile, Cuba y Costa Rica (Caracas: Nueva Sociedad, 2002); Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y sus efectos (Madrid: Colibrí, 2012); Sistemas de Protección Social en América Latina: Cuba (Santiago: CEPAL, 2012); coautor de Voces del Cambio en el Emergente Sector No Estatal en Cuba, La Habana, Cuba Posible, 2016).

NOTAS

1 CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017, Santiago (cuadro A-21).

2 El salario estatal se basa sólo en el peso nacional (CUP) y excluye desembolsos en pesos convertibles (CUC) y otros pagos extra, por lo que subestima el monto. Pero la inflación está también subestimada pues se basa sólo en los bienes y servicios en CUP y excluye el CUC.

3 P. Monreal, “El salario en Cuba: los falsos paradigmas y la terca realidad”, Cuba Posible, enero 2016, p.1-16.

4 ONEI, Anuario Estadístico de Cuba 2016, Edición de 2017, La Habana cuadro 7.14.

5 M. Espina Prieto, Políticas de Atención a la Pobreza y la Desigualdad. Examinando el Rol del Estado en la Experiencia Cubana, Buenos Aires, CLACSO-CROP, 2008.

6 C. Mesa-Lago, “El estado actual del bienestar social en Cuba”, Cuba Posible, La Habana, 2017.

7 C. Mesa-Lago, R. Veiga, L. González, S. Vera y A. Pérez-Liñán, Voces del Cambio en el Emergente Sector No Estatal en Cuba, La Habana, Cuba Posible, 2016, 2 Vols.

8 ONEI, Anuario Estadístico, 2016, cuadro 7.14.

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HUSTLING, CRADLE TO GRAVE

As Cuba’s economy flat-lines, retirement has become notional, tiny pensions must be supplemented by whatever work is available

 The Economist, Mar 23rd 2017 | HAVANA

NORBERTO MESA, a 66-year-old grandfather, stands in the hot sun 11 hours a day, six days a week, guiding cars in and out of the parking spaces in front of a bustling farm stand. The 4,000 Cuban pesos ($170 at the official exchange rate) he earns each month in tips is more than ten times his monthly old-age pension of 340 pesos. Without it, the retired animal geneticist could not afford fruit and meat, or help his children, who work for low salaries, to feed his four grandchildren.

Though revolutionary Cuba had one of the region’s earliest and most comprehensive pension systems, in recent years retirement has almost vanished. Without further economic reform, and the cheap oil that used to come from Venezuela, the economy has stalled. Pensions have been frozen, and their value eaten up by inflation. According to the most recent government statistics, from 2010, a third of men past retirement age are working. Three-fifths of older people say they often have to go without necessities.

The insular socialist paradise supposedly offers a social safety-net, cradle to grave. But it is full of holes. Medical care is free, but most medicine is not. Retirement homes are scarce, and rules that mean residents must give up their pensions and homes put off many, since these are often a lifeline for younger relatives in equally distressed circumstances.

So old people can be seen on the streets of Havana selling newspapers and peanuts, or recycling cans. They are scrubbing floors in affluent homes or cooking for a growing number of private restaurants and bakeries. Ernesto Alpízar, an 89-year-old former agronomist, goes door-to-door selling strawberries and flowers. Even so, he remains an ardent “Fidelista”, grateful to the island’s late dictator for the free cataract surgery that saved his eyesight.

For even as the island’s old and infirm must hustle to survive, they have benefited from its success at providing health care. Life expectancy at birth is 79, not far short of most developed countries, and widely available birth control helps explain why family size has fallen further and faster than in most other countries (see chart). The flip side, though, has been a breakneck demographic transition—exacerbated by the large share of young and middle-aged Cubans who have fled to America. Over-65s now make up 14% of the population. The national statistical office estimates that the total number of pensioners will overtake the number of state-sector workers by 2025.

A few churches and charities, mostly funded from abroad, are trying to fill the gap. Rodolfo Juárez, a pastor of the International Community Church, a Protestant congregation, helps 60 indigent elderly people in Havana. His scheme provides fruit, vegetables and beans to supplement government rations of a daily piece of bread; and 7lb of rice, 2lb of sugar, five eggs and a piece of chicken a month. Although running it costs just 18,000 pesos a month, funding is a constant problem.

Mr Juárez and his wife, at 80 and 75, are older than many of those they help. Between their church duties and his teaching at a seminary, they make 3,600 pesos a month. Though that does not go far, it dwarfs Mr Juarez’s pension. As long as Cuba’s economy flat-lines, its elderly will have no rest till they drop.

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Carmelo Mesa-Lago: “Cincuenta años de servicios sociales en Cuba”

Carmelo Mesa-Lago. Professor Emeritus, University of Pittsburgh

Hyperlink: Revista TEMAS, no. 64: 45-56, octubre-diciembre de 2010

Revista Temas has published a valuable work by Carmelo Mesa-Lago analysing Cuba’s major social issues, namely health, education, pensions, and housing, and drawing on the work of various analysts from the Centro de Estudios sobre la Economia Cubana. Inclusion of Mesa-Lago’s work in Revista TEMAS is indeed encouraging in my view and contrasts with the situation some 25 years ago when he and other Cuban-American analysts were villified as “Cubanologos.”

Here is the Table of Contents for  followed by its concluding session. Unfortunately an English translation is not available right now.

Introducción

Evolución de los servicios sociales (1959-2000

Costo actual de los servicios sociales en Cuba

Un caso de estudio: el costo creciente de las pensiones

Capacidad económica para sostener los servicios sociales a largo plazo

Cambios necesarios para mejorar y hacer sustentables los servicios sociales

No es posible resolver los problemas que los costosos servicios sociales enfrentan sin un aumento de la producción, la productividad y las exportaciones que permitan, a su vez, reducir las importaciones. Pero para lograrlo, se necesita implementar las reformas estructurales anunciadas por el presidente Raúl Castro y recomendadas por numerosos economistas cubanos.

El tema de la sostenibilidad de los servicios sociales ha sido planteado por varios economistas cubanos. Viviana Togores y Anicia García consideran que

la crisis económica y el proceso de ajuste han mostrado que la preservación de los beneficios sociales debe transitar hacia una nueva etapa donde su sustentabilidad financiera quede asociada al desarrollo de la economía y los cambios estructurales y organizativos [necesarios] […] las decisiones de política social deben tomarse no solo teniendo en cuenta las funciones sociales, sino que debenrespetar los principios de equilibrio económico.34

Por ejemplo, la seguridad y asistencia socials agravan seriamente el déficit fiscal y su carga, hoy solo asumida por el Estado; debe ser compartida por otros contribuyentes (los trabajadores). Mayra Espina agrega:

El primer reto [de la renovación social] es el de la sustentabilidad económica de la política de desarrollo social […] es necesario encontrar fórmulas de reinserción  de la economía cubana en los mercados internacionales que reactiven la producción interna y doten a los programas sociales de los recursos suficientes, sin los cuales siempre estarán enfrentados al déficit.35

Las decisiones cruciales sobre la economía y los servicios sociales competen a los cubanos. Pero a  diferencia de la crisis de los años 90, en que hubo una estrategia para hacerles frente, en la presente esta no se ha definido. El VI Congreso del PCC, anunciado inicialmente para fines de 2008, debe decidir los lineamientos económicos para el próximo quinquenio y también dictar las directrices en materia de servicios sociales. Habiendo dedicado cincuenta años de mi vida al estudio de este tema en toda América Latina, incluida  Cuba, hago unas sugerencias —parte de estas coinciden con las de economistas y académicos cubanos— como aporte para el debate. A mi juicio, sería posible aumentar el ingreso fiscal y reducir el gasto social, mediante mejoras en la asignación y uso de los recursos, con las medidas siguientes:

Educación: En la enseñanza elemental habría que transferir fondos hacia el pago de mejores sueldos a los maestros (en vista de la caída en la fecundidad y de la población en edad primaria) y, en la secundaria,  riorizar la educación vocacional. Respecto a la superior, Juan  Triana propone invertir más en las carreras técnicas y las que contribuyen al conocimiento, aunque son más costosas que las humanidades, la pedagogía y las ciencias sociales.36 Las carreras científicas son esenciales para el desarrollo, incluyendo la administración de negocios y la economía moderna, por lo que habría que transferor recursos de carreras no tan esenciales, imponiéndoles cuotas y estándares de ingreso más estrictos. Ya en 2008-2009 se estaba reduciendo la matrícula en medicina, humanidades y ciencias sociales, pero también en agronomía y ciencias técnicas.37 Además, habría que continuar y expandir las medidas recién iniciadas que  establecen exámenes de ingreso para la educación superior y requisitos más estrictos de admisión, lo cual ayudaría a aumentar la relación de graduados por matriculados; considerar el establecimiento de pago de matrículas en las universidades a los grupos de altos ingresos, y legalizar el trabajo por cuenta propia de los maestros y profesores.

Salud: Sería aconsejable priorizar la infraestructura de agua potable y alcantarillado,38 reasignar los recursos destinados a la continuada reducción de la mortalidad infantil (un problema resuelto hace años) hacia la reparación de la infraestructura deteriorada, la importación de medicinas, la disminución de la mortalidad materna y otras áreas de mayor necesidad; subordinar el número de profesionales de la salud que  trabajan en el extranjero a las necesidades internas, e invertir parte de los ingresos en divisas que generan sus servicios en la mejora de las instalaciones y equipos  internos y el suministro de medicinas; convertir  hospitales de  aternidad y pediatría que tienen bajas tasas de ocupación en hospitales geriátricos y asilos para ancianos; terminar las becas a estudiantes extranjeros y cobrar el costo básico de los servicios que hoy se regalan  a otros países; cargar el costo de cuartos privados al grupo de altos ingresos de la población cubana; autorizar el trabajo por cuenta propia del personal de salud y permitir la organización de cooperativas médicas.

Pensiones de seguridad social: Habría que realizar un studio que determine cuál es la cotización de  quilibrio del sistema; establecer cotizaciones a todos los trabajadores de empresas no estatales con un mínimo de empleados, incorporándolos al sistema; cargar a los trabajadores por cuenta propia y empleados en el sector  rivado el mismo 5% que paga parte de los asalariados (en lugar de 10% y 15%) para promover su afiliación; ajustar las pensiones al costo de la vida, lo que requiere, primero, aumentar la producción y la productividad y, a su vez, avanzar en las reformas estructurales. Medidas más complejas serían cerrar el actual sistema de pensiones, que el Estado se haga responsable de las pensiones en curso de pago, y crear un nuevo sistema público para los asegurados jóvenes y los nuevos trabajadores, con una reserva que se invierta para generar un retorno del capital y ayudar en el financiamiento a largo plazo y mejorar las pensiones.

Vivienda: Rafael Hernández argumenta que la ley originalmente estipuló que la vivienda es propiedad de los ciudadanos, y es lógico que ellos puedan hacer con ella lo que quieran, venderla y también comprarla; además, hay que facilitar que la gente pueda reparar y construir viviendas por medios propios.39 Habría que proporcionar a la población el acceso a materiales de construcción, y otorgar pequeños créditos estatales rembolsables con interés para la construcción y reparación de viviendas; permitir el uso de la casa propia como colateral para obtener  réstamos destinados a su reparación; posibilitar la inversión de remesas externas en esas actividades; eliminar el actual sistema de permutas y autorizar la compraventa con regulaciones adecuadas.

Asistencia social. Para reducir la pobreza, Lía Añé recomienda eliminar la dualidad monetaria,

disminuir la segmentación del mercado, mejorar los salaries más bajos, y consolidar y evaluar la efectividad de los nuevos programas sociales.40 Pedro Campos propone eliminar la libreta de racionamiento, previa concesión de subsidios directos focalizados en las personas de bajos ingresos, y un reajuste salarial para compensar el incremento de precios que ocurriría.41 Alexis Codina agrega que los cuantiosos recursos fiscales asignados a subsidios de precios por la libreta, recibidos por todos, independientemente de sus ingresos, deberían quedar solo para la población más vulnerable y el resto utilizaría el mercado.

En mi opinión, el sistema de racionamiento no debería aliminarse de golpe, pues o bien sería muy  costoso o dejaría parte de los necesitados sin protección. Lo ideal sería hacerlo gradualmente, de manera paralela a los incrementos en la producción y la productividad  que resulten de reformas estructurales, a la par que se focaliza la asistencia social en toda la población pobre y vulnerable, a fin de crear una amplia red mínima de protección. Ello requeriría mecanismos eficientes para determinar el grado de necesidad de la población y una estimación confiable de la incidencia de pobreza. También habría que permitir a iglesias y ONG que establezcan y expandan asilos gratuitos para ancianos pobres con ayuda externa directa.

La Revolución transformó los servicios socials —salvo la vivienda—,  universalizó su cobertura, eliminó desigualdades entre grupos de ingreso y zonas urbanas y rurales, y otorgó servicios gratuitos de calidad. Las crisis de los años 90 y la actual, unidas a deficiencias de las políticas económicas, han afectado severamente esos servicios y agravado su falta de sustentabilidad a largo plazo. Resulta crucial, por tanto, implementar  las reformas estructurales necesarias y los cambios en dichos servicios para restaurar su calidad y garantizarlos a las generaciones futuras.

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