CARMELO MESA-LAGO. UNA APOSTILLA SOBRE SALARIOS, PENSIONES Y ASISTENCIA SOCIAL EN CUBA

Original Article:  SALARIOS, PENSIONES Y ASISTENCIA SOCIAL EN CUBA.

ELESTADOCOMOTALMARCH 10, 2018

He leído con interés y provecho el artículo de Lázaro González y Yisel R. Pérez: “El sol no se puede tapar con un dedo,” y concuerdo con la mayoría de sus puntos y recomendaciones. El motivo de este artículo es aportar evidencia estadística que refuerza sus argumentos demostrando el declive en el salario y la pensión reales (ajustadas a la inflación), así como el recorte en la asistencia social en términos de beneficiarios y gastos.

Salario medio real en el sector estatal

 Las estadísticas y la mayoría de los artículos que se publican en Cuba se refieren al salario medio nominal en el sector estatal, no ajustado a la inflación (índice de precios al consumidor: IPC), muy diferente al salario real, ajustado de esa forma. Esto da la ilusión que los salarios han crecido consistentemente desde su punto más bajo en 1993, en el peor año de la crisis económica de los años 90. Si comparamos el salario nominal ese año (182 CUP) con el de 2016 (740 CUP), habría aumentado cuatro veces. A más del problema de la falta de ajuste, este cálculo toma el punto más bajo de la curva y, por supuesto, siempre aumenta. Aunque no exactamente igual, la CEPAL en su último informe regional, comienza la serie del salario medio real en 2010 y Cuba salta 54,8% entre ese año y 2016, con creces el mayor aumento en América Latina. (1). Pero otro resultado se obtendría si se hiciese una comparación mucho más larga, por ejemplo, entre 1989—el año anterior al comienzo de la crisis—y 2016. Esto es lo que justamente hacemos abajo.

 

Aquí mostramos la serie completa del salario real entre 1989 y 2016, el último año en que tenemos el salario nominal medio estatal y el IPC. Puede observarse que en 1993 el salario era un décimo del nivel de 1989; después con la recuperación aumenta consistentemente, pero todavía en 2016 era 39,3% del nivel de 1989, o sea, un 60,7% menor, esto quiere decir que el poder adquisitivo se contrajo en ese porcentaje. Si se observa el año 2010, usado como base por la CEPAL, el salario aumenta de 27,1% a 39,3% pero esta es una visión a corto plazo que no se conforma con una mirada a largo plazo (2). Cuba es el único país en América Latina donde el salario en el sector estatal (la enorme mayoría en el país) se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al IPC y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo.

El salario medio estatal mensual de 687 CUP en 2015, equivalía a 27 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo educación y salud), mientras que el salario mínimo de 225 CUP era una cuarta parte del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas. (3)

Pensión media real

Las mismas observaciones hechas al salario valen para las pensiones. El gráfico abajo presenta la evolución de las pensiones reales.

 

La ley no determina el ajuste de la pensión al IPC (uno de sólo cuatro países en América Latina) y, como en el caso del salario, el gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. En 1993, la pensión real era 16% del monto de 1989; 22 años después se estabilizó en la mitad del nivel pre-crisis. La pensión media nominal en 2016 era de 277 CUP mensuales, (4) equivalente a 11 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimenticias. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en la población; (5) para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar como cuentapropistas.

Prestaciones de asistencia social

 Aunque ONEI no publica estadísticas de pobreza (el único país latinoamericano que no lo hace), esta ha crecido en el último decenio por varias razones: el salario medio estatal real cayó 61% y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas; la pensión media menguó a la mitad y no satisface las necesidades alimenticias básicas; el racionamiento se ha reducido por la extracción de la libreta de bienes a precios subsidiados que se venden en el mercado a un precio dos o tres veces superior; el aumento de precio en las TRD que tienen una ganancia en torno al 200%; el incremento del precio de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte), así como de los alimentos en los mercados libres; la eliminación de comidas subsidiadas en cafeterías para trabajadores (los cuales reciben una suma insuficiente para comprar un almuerzo); y el deterioro en el acceso y la calidad de los servicios de salud. (6). Por tanto, la asistencia social debió de expandirse a fin de proteger a la población vulnerable contra esos problemas. Sin embargo, ocurrió lo opuesto como se muestra abajo.

 

Entre 2006 y 2016, el gasto de asistencia social como porcentaje del presupuesto se contrajo a menos de un cuarto, de 2,2% a 0,5%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció a menos de un tercio, de 5,3% a 1,6%. Esto, en parte, se explica por un “Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los beneficiarios con una familia capaz de ayudarles. Detectar y eliminar la asistencia a los que no la necesitan es una política universal pero, en el contexto cubano de expansión de la pobreza y un nivel generalizado de necesidad, dicha política no parece razonable. El Cuadro 1 muestra otros recortes en la asistencia social. La asistencia a adultos mayores y discapacitados disminuyó en 62%, a las madres con hijos discapacitados en 51%, y a los que necesitan atención a domicilio en 65%.

¿Por qué estos recortes que provocan efectos tan adversos?

Las autoridades cubanas repetidamente han reconocido que los salarios actuales en el sector estatal, que comprende 75% del empleo, son insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. En un intento de paliar este problema en 2010-2011 se estimó el empleo innecesario en el sector estatal (“nóminas infladas”) y se anunció que dicho excedente sería despedido: 500,000 en 2010, 1 millón en 2011 y un total de 1,8 millones en 2015. Los afectados encontrarían empleo en el sector no estatal (cuenta propia, usufructo de la tierra y cooperativas urbanas-CNA) que se extendería. En total se despidieron alrededor de 500.000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se anunció oficialmente la terminación de los despidos.  Ocurrió una expansión del sector no-estatal, pero no suficiente para dar empleo a los  desocupados: el cuentapropismo creció de 147.000 a 567,000 entre 2010 y 2017, mientras que los usufructuarios llegaron a 174.000 y los miembros de las CNA a unos 11.000 (no se conoce el número de empleados de los últimos dos grupos, pero no es sustancial), en total no agregaron mucho más de 800.000 nuevos puestos. Por ello queda alrededor de un millón de excedentes. (7). En vez de acelerar el tamaño del sector no estatal, en 2017 se hizo lo opuesto, imponiendo restricciones a su crecimiento. En vista a ello los salarios en el sector estatal siguen a la zaga.

La reducción de las pensiones y la asistencia social es en gran medida el resultado del recorte substancial del gasto social  (pensiones, salud, educación, vivienda y asistencia social). Este alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55,4% del presupuesto estatal y 36,6% del PIB. En 2016 había menguado a 47,1% y 28,1% respectivamente, o sea, un declive de 8,3 puntos porcentuales menos del presupuesto estatal y 8,5 puntos del PIB. El gasto de pensiones también menguó con la reforma de 2008 que aumentó las edades de retiro para ambos sexos en cinco años (de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años a las mujeres), con lo cual atrasó el retiro y mermó el número de nuevos pensionados (el total se ha reducido porque las muertes superan a los nuevos jubilados). Invirtiendo el aumento progresivo de jubilados por decenios y a pesar del agudo proceso de envejecimiento, en 2015 bajó el número de jubilados en 8.358. (8). La disminución del gasto social también afectó a las prestaciones de asistencia social. En este caso ayudadas por la medida explicada de los Lineamientos.

En conclusión, no es posible reducir más los salarios, las pensiones y las prestaciones de asistencia social, por lo que es imprescindible aumentar la producción y la productividad. El único camino es acelerar y profundizar las reformas estructurales (cambiando las restricciones impuestas en 2017),  a fin de obtener los recursos necesarios para implementar políticas salariales y sociales que alivien la situación actual. Este es el reto más serio que enfrentará la nueva dirigencia del país cuando ocurra el cambio generacional el próximo abril.

Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos Universidad de Pittsburg, profesor/investigador visitante en 8 países y conferencista en 39. Autor de 96 libros/monografías y 318 artículos/capítulos de libros publicados en 7 idiomas en 34 países; fundador y editor de Cuban Studies por 18 años. Libros más recientes: Buscando un Modelo Económico en América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto? Chile, Cuba y Costa Rica (Caracas: Nueva Sociedad, 2002); Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y sus efectos (Madrid: Colibrí, 2012); Sistemas de Protección Social en América Latina: Cuba (Santiago: CEPAL, 2012); coautor de Voces del Cambio en el Emergente Sector No Estatal en Cuba, La Habana, Cuba Posible, 2016).

NOTAS

1 CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017, Santiago (cuadro A-21).

2 El salario estatal se basa sólo en el peso nacional (CUP) y excluye desembolsos en pesos convertibles (CUC) y otros pagos extra, por lo que subestima el monto. Pero la inflación está también subestimada pues se basa sólo en los bienes y servicios en CUP y excluye el CUC.

3 P. Monreal, “El salario en Cuba: los falsos paradigmas y la terca realidad”, Cuba Posible, enero 2016, p.1-16.

4 ONEI, Anuario Estadístico de Cuba 2016, Edición de 2017, La Habana cuadro 7.14.

5 M. Espina Prieto, Políticas de Atención a la Pobreza y la Desigualdad. Examinando el Rol del Estado en la Experiencia Cubana, Buenos Aires, CLACSO-CROP, 2008.

6 C. Mesa-Lago, “El estado actual del bienestar social en Cuba”, Cuba Posible, La Habana, 2017.

7 C. Mesa-Lago, R. Veiga, L. González, S. Vera y A. Pérez-Liñán, Voces del Cambio en el Emergente Sector No Estatal en Cuba, La Habana, Cuba Posible, 2016, 2 Vols.

8 ONEI, Anuario Estadístico, 2016, cuadro 7.14.

This entry was posted in Blog and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *