Nora Gámez Torres; El Nuevo Herald, 02/21/2015
Original here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article10895450.html#storylink=cp
En los parques de pueblos en el interior de Cuba y en algunos barrios de la capital, los niños se entretienen montando carretones tirados por caballos y cabras. No es una actividad lucrativa que se asociaría inmediatamente con el término “pequeño empresario”, pero el “servicio de coche de uso infantil tirado por animales” es una de las 201 actividades que el gobierno cubano ha autorizado a ejercer “por cuenta propia”.
No es, por supuesto, lo que tienen en mente funcionarios del gobierno y congresistas estadounidenses que han visitado recientemente la isla cuando hablan de ayudar al florecimiento de los negocios en Cuba, pero quienes pasean a los niños en coches forman parte, junto a dueños de “paladares”, taxistas, fotógrafos, reparadores de todo tipo de objetos y “arrendadores de vivienda”, entre otros, de un emergente sector privado, al que la nueva política exterior de Estados Unidos ha colocado en el centro de atención.
El objetivo declarado es estimular a este sector para la mejoría económica del pueblo cubano y la promoción de una sociedad civil independiente que, eventualmente, podría promover un cambio político en la isla. Pero ¿qué dimensiones reales tiene ese sector y qué potencialidades tiene para expandirse bajo el control del gobierno de Raúl Castro?
Según las últimas cifras oficiales publicadas en el periódico estatal Trabajadores en enero, 483,396 personas laboraban “por cuenta propia” en Cuba. Una pequeña cifra todavía, en comparación con los más de cuatro millones empleados en la economía estatal.
Estos trabajadores necesitan una “licencia” u autorización gubernamental para operar en una de las 201 actividades permitidas y deben pagar mensualmente las cuotas fijadas por el Estado. En su mayoría son oficios o servicios que requieren poca capacitación e infraestructura tecnológica, como “forrador de botones”, “rellenador de fosforeras” y “cuidadores de baños públicos”. Entre los que arrojan más beneficio se encuentran la gestión de restaurantes o “paladares” y los servicios de taxi.
“Aunque Raúl ha hecho cambios significativos en cuanto a la economía y la microempresa en Cuba, no son cambios suficientes para lograr las metas del gobierno de crecimiento y de transferir a los trabajadores estatales al sector no estatal, privado o cooperativo”, explica el profesor de Baruch College, Ted Henken, autor junto al también profesor y economista Archibald Ritter, del libro Cuba empresarial: un contexto de políticas cambiantes, del cual este reporte tomó prestado el título.
“Hay un grupo de obstáculos burocráticos y de regulaciones. Por ejemplo, muchos profesionales no pueden trabajar en su profesión en el mercado laboral privado. La mayoría de los 201 oficios no son productivos, son de sobrevivencia”, apuntó.
Si las remesas son la principal fuente de inversión en los negocios privados en Cuba, como argumenta Henken, la nueva disposición anunciada por el gobierno de EEUU de eliminar restricciones a envíos destinados a “actividades de personas particulares y organizaciones no gubernamentales que promueven la actividad independiente para reforzar la sociedad civil en Cuba y el desarrollo de empresas privadas”, puede estimular la expansión de los negocios ya existentes o el surgimiento de otros. Pero la casi total ausencia de créditos nacionales es un obstáculo importante para aquellos que no tienen familiares o contactos en el extranjero.
Existe, además, “un obstáculo mayor del que todos se quejan: que no hay un mercado mayorista”, observa Henken.
Los altos impuestos es otra de las críticas a las regulaciones actuales, que establecen un impuesto progresivo sobre las utilidades hasta del 50%, más otros tributos por ventas, servicios, utilización de fuerza de trabajo, contribuciones a la Seguridad Social así como tasas por anuncios y publicidad comercial.
Los impuestos por utilidades comienzan en un 15% y llegan al 50% por ganancias superiores a $2,000 al año, lo que unido a las tasas arbitrarias de gastos deducibles, pueden generar impuestos reales que superan el 100 por ciento de lo generado en un año. “Obviamente esto podría matar a la empresa o promover el fraude”, argumentan los autores de Cuba empresarial.
En plena temporada de declaración de impuestos, algunos cuentapropistas han hecho pública su insatisfacción en cartas a medios oficiales como Granma o comentarios dejados en las páginas en internet de estas publicaciones.
La lectora Elizabeth González Aznar se quejó en Cubahora del bajo índice de deducción de gastos (hasta un 40% en dependencia del tipo de actividad) en el régimen de contribución de los cuentapropistas en condiciones en que “no existe mercado mayorista”, “los productos se adquieren en mercados minoristas y a precios muy altos”; “las tarifas eléctricas suben cada vez más” y “se abrió el cuentapropismo sin crear mecanismos elementales que mantuvieran una oferta de productos acorde a la demanda”.
González Aznar dijo verse obligada a comprar productos más caros en las tiendas de recaudación de divisas solo para poder obtener comprobantes que luego puede presentar al hacer su declaración.
Pero este no es el peor escenario. Históricamente, cada vez que el gobierno cubano ha permitido pequeños espacios para la iniciativa individual, ha perseguido duramente a quienes considera acumulan capital o se convierten en una competencia para el estado, como sucedió con la prohibición de comercializar ropa importada en 2013 o el cierre de paladares como El Hurón Azul.
La clausura de las salas de cine privadas en noviembre del 2013 ilustra, además, que el gobierno no está dispuesto a ceder en el control de espacios que considera esenciales, como la distribución de información y productos culturales, zonas que, por ahora, están vedadas a los negocios privados, al menos legalmente.
Que los emprendedores hayan reaccionado con la creación de “los paquetes”, un compendio de programas extranjeros distribuido informalmente en dispositivos portátiles de almacenamiento, ilustra que las autoridades solo pueden desplazar—pero ya no controlar—estas actividades hacia el mercado informal, que sigue interesado en este tipo de oferta.
Una última limitación impide la expansión de capital nacional en inversiones de mediano y gran alcance. La Ley 188, de inversión extranjera aprobada por el parlamento en marzo del 2014, regula las inversiones en Cuba de “personas naturales” y “jurídicas extranjeras”, así como las llamadas empresas “mixtas” con capital del estado cubano, pero no menciona que los cubanos, residentes o no en la isla, tengan el derecho de invertir en Cuba.
Para estimular las inversiones, el gobierno otorgó una excepción de ocho años a las empresas extranjeras que abran negocios en Cuba, entre otras facilidades, a las que no tienen derechos los pequeños empresarios cubanos, lo que constituye “un tipo sorprendente de discriminación en contra de los ciudadanos cubanos”, según escriben Henken y Ritter.
