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PROTESTAS EN CUBA, CAUSAS Y CONSECUENCIAS PARA UN DEBATE DESDE AMÉRICA LATINA

THE CLINIC, 21 de Julio, 2021

Original Article

Por Arturo López-Levy

*Arturo López-Levy es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Denver, y master en relaciones internacionales y economía por las universidades de Columbia (NYC) y Carleton (Ottawa). Se especializa en Cuba, Latinoamérica y política estadounidense.

Para explicar las protestas en Cuba del domingo 11 de julio empecemos por lo que es conocido: la economía y la pandemia. Los manifestantes cubanos no son distintos de los de otros países latinoamericanos. Están asustado y hambrientos por la subida de los precios y carencias de alimentos. Están ansiosos y angustiados por la incertidumbre sobre cuándo terminará la pandemia. Lo sorprendente es que no se haya roto el cántaro después de tantos meses llevándolo a la fuente.

Las raíces

La isla ya venía renqueando por décadas con una crisis estructural del modelo estatista, remendado de vez en vez con algunas aperturas al mercado que en ausencia de una transición integral a una economía mixta orientada al mercado solo producían reanimaciones parciales. Esos cambios segmentados creaban islotes de mercado que demandaban más reformas que el gobierno cubano trataba con la lentitud del que tiene todo el tiempo del mundo. La reunificación monetaria y cambiaria, proclamada como necesaria desde finales de los años noventa, no ocurrió hasta 2020, en el peor momento, en medio de la pandemia.

Por otra parte, la pandemia no solo ha sembrado muertes, y destrucción económica, sino también el miedo y la incertidumbre en una población desesperada que no ve cuando la angustia de vivir en el límite termina. A pesar del conocimiento sobre su deterioro, la población cubana actuó confiada en la capacidad de su sistema de salud en tanto este contuvo el avance del virus y avanzaba en la experimentación para vacunas propias. El hechizo, sin embargo, se deshizo cuando en el último mes se dispararon los casos.

A pesar de un sistema de salud de cobertura universal y su relativo desempeño positivo, información a la población y liderazgo apegado a criterios científicos, la pandemia terminó por exponer con crudeza el mayor problema para el sector de bienestar social cubano: sin una economía que lo respalde ese sistema de salud estará siempre a merced de una crisis que agote sus recursos. Cuba es el único país latinoamericano capaz de producir dos vacunas propias. A la vez su campaña de vacunación ha tenido notables retrasos para implementarse por falta de fondos para comprar sus componentes y otros elementos relacionados. Paradójico.

Las protestas del domingo indican un hartazgo en el que concurre mucha insatisfacción con la arrogancia y gestión gubernamental. Pero ingenuo sería ignorar que el contexto de las sanciones ilegales, inmorales y contraproducentes de Washington contra Cuba han hecho el problema difícil de la pandemia, casi intratable. El lema de “la libertad” suena muy rítmico pero detrás de los que rompen vidrieras, vuelcan perseguidoras, y la emprenden a pedradas contra las autoridades hay mucho del “hambre, desesperación y desempleo” que pedía Lester D Mallory para poner a los cubanos de rodillas.

La pandemia y su impacto económico son los factores que determinan la coyuntura. Son la última gota. Pero en la raíz de las causas que originan la protesta hay factores estructurales que llenaron la copa para que se derramara. Entre esos factores, dos son fundamentales. Primero, el desajuste de una economía de comando nunca transformada a un nuevo paradigma de economía mixta de mercado, atrapada en un nefasto equilibrio de reforma parcial; y segundo, un sistema de sanciones por parte de Estados Unidos que representa un asedio de guerra económica, imposible de limitar al concepto de un mero embargo comercial.

América Latina ante Cuba

Ninguna región del mundo ha sido golpeada por la epidemia de covid-19 como América Latina. Lo sucedido en Cuba tiene características propias pero ya no se trata de la excepción que fue. En términos económicos, quitando el factor estructural del bloqueo norteamericano por sesenta años, Cuba se parece cada vez más a un típico país caribeño y centroamericano con una dependencia notable del turismo y las remesas. En términos de desgaste, la protesta indica a la élite cubana que, pasada la fase carismática de los líderes fundadores, en especial Fidel Castro, la revolución es en lo esencial, una referencia histórica.

El espíritu de la revolución sigue presente en tanto el actual régimen político atribuye su origen al triunfo de 1959, y Cuba sigue siendo objeto de una política imperial norteamericana de cambio de régimen impuesto desde fuera. Fuera de esos dos espacios específicos, particularmente el segundo, todo el manto de excepcionalidad y las justificaciones para evadir los estándares democráticos y de derechos humanos se han agotado. El gobierno de Cuba está abocado, a riesgo incluso de provocar su colapso histórico, a emprender reformas sistémicas de su paradigma.

Se trata de construir un modelo de economía mixta viable en el cual se mantengan las conquistas de bienestar social con un estado regulador, redistribuidor y empresario. En lo político, eso implica un aterrizaje suave y escalonado en un modelo político mas pluralista donde al menos diferentes fuerzas que rechacen la política intervencionista estadounidense puedan dialogar y competir. Una cosa es rechazar que Estados Unidos tenga derecho a imponer a sus cubanos favoritos, otra es asumir ese rechazo como un respaldo a que el PCC nombre a los suyos con el dedo.

Es desde esa realidad, no desde simplismos unilaterales que niegan la agencia del pueblo cubano o el fardo estructural del bloqueo norteamericano que una política latinoamericana progresista puede y debe estructurarse. Las élites cubanas han estado trabajando desde un tiempo atrás (el VI congreso del PCC en 2011) en un modelo de transición más cercano a las experiencias china y vietnamita, de economía de mercado con partido único, que a cualquier precedente occidental. Tal paradigma en lo político rivaliza con los estándares de legitimidad política en la región latinoamericana, donde el derecho a la libre asociación, la expresión y la protesta pacífica van mucho más allá que una simple democracia intrapartidaria leninista.

De igual modo, el paradigma de democracia pluralista hace aguas cuando se pretende defender los derechos humanos desde dobles estándares o la ingenua ignorancia del rol de los factores internacionales y las asimetrías de poder.  Discutir sobre la democracia en Cuba sin mencionar la intromisión indebida de Estados Unidos en maridaje con la derecha anticomunista y la violación flagrante, sistemática y masiva de derechos humanos, que es el bloqueo, equivale a conversar sobre Hamlet sin mencionar al príncipe de Dinamarca. En Miami, los sectores de derecha pro-bloqueo defienden los derechos humanos martes y jueves, mientras el resto de la semana crean un ambiente descrito por Human Rights Watch en el informe “Dangerous Dialogue” como “desfavorable a la libertad de expresión”.  En terminos de transicion a un sistema politico cubano mas abierto, con actores de tan malas credenciales, es imprescindible un proceso pacifico, gradual y ordenado. Esos adjetivos son tan importantes como el proceso mismo.

No solo la izquierda radical, sino importantes componentes moderados de la diáspora cubana y alternativas democráticas dentro de la intelectualidad y la sociedad civil cubana han expresado decepción por segmentos de la comunidad de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por su falta de trabajo sistemático en la denuncia del bloqueo norteamericano contra Cuba. Si un opositor de derecha, conectado a la política imperial de cambio de régimen, es detenido en Cuba, la directora Erika Guevara Rosas otorga un seguimiento permanente a su caso. Sus denuncias a la política imperial de bloqueo no lo catalogan como violación sistemática de derechos. Ocurren de vez en vez, y enfatizando que es una excusa del gobierno cubano que debe ser eliminada. ¿Por qué no protestaba cada vez que Trump implementó una nueva sanción que afectaba el derecho de salud, el de educación, y otros más, incluidos los de viaje, de cubanos y estadounidenses?

Las protestas contra el gobierno que salió de la revolución  representan un reto para la discusión del tema Cuba en América Latina que solo podrá madurar desde el entendimiento de su complejidad, sin simplismos ni falsas analogías. En primer lugar, Cuba vive un conflicto de soberanía con Estados Unidos, que marca estructuralmente su vida política y económica. Nadie que quiera contribuir a una solución constructiva de los temas cubanos, latinoamericana para problemas latinoamericanos, puede ignorar ese fardo. La OEA, por ejemplo, es un escenario minado a evitar pues ha sido un instrumento de la política de acoso y aislamiento. Se necesita una visión del siglo XXI, desde la autonomía latinoamericana ante los grandes poderes, incluyendo Estados Unidos, que admita la pluralidad de modelos de estado y desarrollo, sin imponer moldes neoliberales.       

No solo la izquierda radical, sino importantes componentes moderados de la diáspora cubana y alternativas democráticas dentro de la intelectualidad y la sociedad civil cubana han expresado decepción por segmentos de la comunidad de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por su falta de trabajo sistemático en la denuncia del bloqueo norteamericano contra Cuba.

En lugar de reeditar los conflictos de guerra fría, esa visión de pluralismo ideológico pondría en el centro de la acción una perspectiva respetuosa de la soberanía cubana, pero concebida de un modo moderno, más allá de la mera defensa de la no intervención. Cuba vive en una región donde la protesta de todos los estados no ha sido capaz de hacer a Estados Unidos entrar en razones sobre la ilegalidad del asedio contra la isla. Exigir una elección pluripartidista en Cuba ignorando las sanciones equivalentes a una guerra económica, donde se violan consideraciones de derecho humanitario, es otorgar a la derecha cubana una ventaja que nunca ha merecido. Como los Borbones franceses, los que se plegaron a la invasión de Bahía de Cochinos, asesinaron a Orlando Letelier, y han construido un enclave autoritario en las narices de la primera enmienda de la constitución norteamericana, no olvidan ni aprenden nada.

A su vez, América Latina es una región que ha cambiado, donde traficar con excepciones al modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos es inaceptable.  Claro que hay pluralidad de implementación y argumentos de emergencia sobre las que los estados erigen desviaciones más o menos justificadas. Pero el paradigma de un sistema unipartidista leninista que castigue la protesta pacífica por rivalizar con el supuesto rol dirigente del partido comunista es incompatible con la premisa central de que la soberanía está en el pueblo, la nación, no en partido alguno. Una cosa es argumentar que, en condiciones específicas de emergencia, decretadas acorde al modelo de la Declaración Universal, algunos derechos pueden postergarse. Otra, e inaceptable, es el  pretexto de una “democracia” unipartidista que no puede ser tal sin libertad de asociación. Partido, recordemos, viene de parte.

Arturo López-Levy

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CUBA MUST CONTEND WITH A NEW COLD WAR IN THE WESTERN HEMISPHERE

WORLD POLITICS REVIEW, Thursday, Jan. 24, 2019

Cuba faces a much tougher international environment today than it did just a few years ago. Relations with Latin America have cooled as relations with Washington have regressed to a level of animosity reminiscent of the Cold War. In response, Havana is looking to old ideological comrades in Moscow and Beijing to compensate for the deterioration of ties in its own backyard.

These setbacks abroad come at a time when the Cuban economy is vulnerable. Export earnings have been falling, foreign reserves are low, and the debt service burden is heavy, as Cuba tries to retire old debts that it renegotiated. Despite the economic reforms begun in 2011, domestic productivity is still weak, making Cuba dependent on foreign investment for capital to fuel growth.

A decade ago, progressive governments dominated Latin America. Cuba had friendly presidents in every major Latin American country except Mexico and Colombia, and even those two were not actively hostile. In Venezuela, Hugo Chavez saw himself as a protégé of Fidel Castro, promoting “21st-century socialism” in the hemisphere financed by his country’s vast oil wealth. At its peak, Venezuela provided about two-thirds of Cuba’s oil consumption at highly subsidized prices, with the cost offset by some 40,000 Cuban doctors and teachers serving Venezuela’s poor.

Under Presidents Luiz Inacio Lula da Silva and Dilma Rousseff, Brazil’s state development bank provided $832 million in loans to modernize Cuba’s aging port at Mariel. Pressure from Latin American heads of state at the Sixth Summit of the Americas in Colombia in 2012 contributed to President Barack Obama’s landmark decision to normalize U.S.-Cuban relations.

But in recent years, the progressive “pink tide” of leftist governments has given way to a riptide of conservatism. Chavez is gone and his successor, Nicolas Maduro, presides over an ever-worsening political crisis and an economy in free fall, with 80,000 percent hyper-inflation last year. Venezuela’s oil production is down by two-thirds because of mismanagement and neglect. Oil shipments to Cuba have fallen by 50 percent, forcing the government to ration energy consumption by state entities, stunting economic growth.

In Brazil and Colombia, far-right governments have aligned themselves with Washington’s threatening stance toward Havana. New Brazilian President Jair Bolsonaro’s denunciations led Cuba to end its “More Doctors” program, under which some 8,000 Cuban physicians served Brazil’s poor, earning Havana $250 million annually. In Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, Paraguay and Peru, progressive presidents have been replaced by conservatives. In short, Latin America has become a much less hospitable diplomatic environment for Cuba. It is no coincidence that on his first major international tour, Cuban President Miguel Diaz-Canel’s destination was not Latin America, but Russia, followed by North Korea, China, Vietnam and Laos.

The reversal of Havana’s fortunes in Latin America has been serious, but the reversal of relations with Washington has been disastrous. In the two years after Obama and Castro announced their plans to normalize relations on Dec. 17, 2014, the two governments re-established diplomatic relations, expanded trade and travel, and signed 23 bilateral accords on issues of mutual interest. Some 60 U.S. companies signed commercial deals with Havana, and the number of U.S. visitors jumped 57 percent between 2014 and 2016. Castro’s strategy of opening Cuba to U.S. trade and investment as part of his plan to modernize the economy seemed to be paying off.

Donald Trump’s election changed all that. In June 2017, Trump declared he was “canceling” Obama’s policy of engagement and tightening the embargo. Then the mysterious medical problems that afflicted some two dozen U.S. diplomats in Havana became the excuse for downsizing the embassy, thereby crippling educational, cultural and commercial exchanges. Washington imposed a travel advisory warning Americans not to go to Cuba, and in the first half of 2018, the number of U.S. visitors plummeted nearly 24 percent. However, cruise ship arrivals increased over the next six months, so the total number of U.S. visitors ended the year flat.

Then John Bolton, who targeted Cuba during George W. Bush’s administration with false claims that Havana was developing biological weapons, became Trump’s national security adviser last April. Speaking in Miami on the eve of the U.S. midterm elections, he ratcheted up the threatening, insulting rhetoric, declaring Cuba a member of a “Troika of Tyranny”—along with Venezuela and Nicaragua—and promising more sanctions to come. The administration is reportedly weighing sanctions on individual Cuban officials, imposing more restrictions on travel to the island, and returning Cuba to the Department of State’s list of state sponsors of international terrorism.

But the most serious sanction under review is allowing Title III of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act—known as the Helms-Burton Act, for its original sponsors—to go into effect. Suspended by every president since the law passed in 1996, Title III would allow U.S. nationals, including Cuban-Americans, who lost property after the 1959 revolution to sue both the U.S. and foreign companies in U.S. courts for “trafficking” in their property—that is, making a profit from it.

During its first two years, the Trump administration continued the suspension of Title III, which has to be renewed every six months. But with a new deadline looming this month, hard-liners in the National Security Council—led by Bolton and Mauricio Claver-Carone, a long-time lobbyist for regime change policies aimed at Cuba—argued against suspension. The result was a short 45-day suspension, giving the Trump administration more time to assess the consequences of letting Title III go into effect.

Activating Title III would open a floodgate of litigation and damage Cuba’s efforts to attract foreign investment since U.S. and foreign firms would be loath to risk getting caught up in costly court fights. It would also prompt counter-measures by European governments unwilling to countenance Washington’s assertion of extraterritorial jurisdiction over their firms.

Faced with this new standoff in the Caribbean, Cuba is rejuvenating relations with its old Cold War allies, Russia and China, both of which are expanding their presence in Latin America. Moscow was the first stop on Diaz-Canel’s first major foreign trip last November, and he came away with $260 million in new economic assistance and $50 million in military aid to refurbish Cuba’s aging Soviet-era arsenal. Diaz-Canel and Russian President Vladimir Putin reaffirmed that their “strategic partnership” extended beyond just economic cooperation. In Beijing, Diaz-Canel met with President Xi Jingping and signed several economic cooperation agreements. China pledged new investments in communications, energy and biotechnology—sectors where U.S. firms had hoped to gain a foothold before U.S.-Cuban relations soured.

A small island like Cuba has to be integrated into the global economy in order to prosper. Raul Castro clearly recognized that when he sought to repair diplomatic and commercial relations with Latin America and the United States. Historically, Cuba has suffered because of its economic dependence on a series of global patrons: Spain, the United States, the Soviet Union and Venezuela. Cuba’s leaders would prefer to diversify economic ties across a wide range of countries regardless of ideology. But the Trump administration’s renewed hostility, along with the collaboration of conservative Latin American governments, leaves Cuba no choice but to look for allies among Washington’s global rivals.

William M. LeoGrande is professor of government at American University in Washington, D.C., and co-author with Peter Kornbluh of “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana.”

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