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POBREZA Y DESIGUALDAD EN CUBA

Ivette García González 31 enero 2022

Articulo Original: Pobreza y Desigualdad En Cuba

La pobreza y la desigualdad en Cuba no existen en el discurso oficial, aunque hace tiempo crecen exponencialmente. Al constituir un efecto no deseado de la Revolución, que tuvo como pilares fundamentales la justicia social, la equidad[1] y el desarrollo humano y social; se opta por el silencio.

Son problemáticas muy complejas para los países subdesarrollados, máxime en las condiciones del nuestro. Desde 2015 Naciones Unidas adoptó diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible a cumplir en 2030. Ellos convocan a eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad para las personas en esa fecha.

La pobreza, de acuerdo con la Dra. Mayra Espina «es un proceso social multidimensional de exclusiones, expropiaciones y carencias múltiples, de imposibilidad de acceder al disfrute de los bienes espirituales y materiales de los cuales dispone una sociedad y, con ello, de desplegar las capacidades humanas individuales y colectivas». De ahí su relación directa con la desigualdad y diversas formas de exclusión social, marginación y grados de vulnerabilidad. Todo ello se manifiesta tanto en sectores sociales específicos, como en los ámbitos laboral, familiar y local. Las consecuencias para la sociedad son múltiples.

Cuba tiene su Plan de Desarrollo al 2030 y un conjunto de documentos rectores de los que se infiere la voluntad política para tratar estos problemas. No obstante, desde antes del 2015 no mejoran los indicadores; por el contrario, se han incrementado el empobrecimiento, los sectores y localidades vulnerables y diversas formas de exclusión.

Hasta los años ochenta, en que contamos con la URSS, Cuba fue un país altamente equitativo. Según expertos, la pobreza como fenómeno social se erradicó. Y lo hizo hasta del lenguaje, en el cual fue sustituida por términos como: «grupos vulnerables», «en desventaja» o «población en riesgo».

El parteaguas, como en muchos otros fenómenos, fue la década del noventa. Entonces colapsó el modelo y sobrevino una profunda crisis, que provocó numerosos impactos económicos y sociales. Cuba no volvería a ser la misma.

Hacia los 2000 la sociedad era más heterogénea y los problemas más agudos. Durante esa primera década del nuevo siglo, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), identificó entre los problemas que afectaban la equidad a los siguientes: pobreza urbana, marginalización asociada a la migración interna y falta de viviendas, reproducción generacional de desventajas, su concentración a escala espacial, y particular incidencia en mujeres, ancianos, negros y mestizos.

A dicho repertorio se agregaron, de acuerdo con la Dra. María del Carmen Zabala, los relativos a la participación ciudadana; el acceso a un hábitat confortable, a servicios públicos y amparos; la distorsión en cantidad y calidad de la relación trabajo-ingresos y las desventajas para el consumo cultural.

La población urbana en situación de riesgo de pobreza pasó del 6.3 en 1988, al 14.7 en 1996 y al 20% en los 2000; la mayoría con ingresos cercanos a la línea de pobreza. La situación ya era más grave en las zonas rurales y en otras provincias, en particular las orientales.

Tales circunstancias empeoraron desde el 2008, cuando inició el proceso de Actualización del modelo económico y social cubano. Aunque se reconocen algunos impactos positivos, estos son mínimos comparados con los negativos, los cuales abarcan numerosos aspectos en lo económico, social, ambiental, político y cultural. Los ajustes que sobrevinieron entonces funcionaron como detonadores de desigualdades sociales, al profundizar las históricas y generar nuevas.

Vivíamos en una sociedad tan cerrada, que la simple eliminación de algunas prohibiciones absurdas —como la compraventa de casas y carros, alojarse en hoteles, viajar libremente al extranjero o adquirir un celular— aportó una imagen positiva. Sin embargo, a la par, se suprimieron medidas de beneficio social y se inició la tendencia a recortar drásticamente los gastos sociales.

Esas determinaciones afectaron profundamente la equidad e incrementaron la pobreza. Se acrecentó una inmensa brecha entre quienes pudieron aprovechar tales cambios y quienes no tenían ventaja alguna para hacerlo.[2] Un estudio reciente sobre el Centro Histórico de La Habana Vieja, muestra las anomalías y la estratificación a la que se llegó en esa localidad, resultado de la «evasión de las responsabilidades estatales con una población vulnerable».

No se dispone libremente de estadísticas actualizadas sobre pobreza en Cuba, de modo que los fenómenos asociados son difíciles de medir. No obstante, desde los años ochenta las ciencias sociales cubanas aportan diagnósticos y propuestas de políticas para atenderlos: generales, sectoriales, territoriales y de gestión local, familia, grupos sociales específicos como los jóvenes, personas de la tercera edad y mujeres; así como políticas de equidad.

En varios de los estudios realizados se revelan aspectos que tienen que ver directamente con el modelo de sociedad y constituyen las razones de que en el país se continúe reproduciendo la pobreza: lentitud y falta de integralidad y sincronización de las reformas, limitada descentralización y gestión local, escasa implementación de políticas focalizadas según sectores y regiones vulnerables, así como la persistencia del enfoque asistencialista en lugar del empoderamiento de la ciudadanía. 

En octubre del 2020, el destacado sociólogo cubano Juan Valdés Paz argumentó que en este escenario de reformas nos movemos «hacia un mayor patrón de desigualdad (…) tenemos cada vez más pobres». Según el Coeficiente Gini —herramienta analítica empleada para medir la desigualdad en los ingresos— hemos remontado desde un 0.22-0.25 en 1986, a más del 0.40 en 2019, y para el 2025 se preveía que llegara a no menos de 0.45. No obstante, desde fines del año pasado, algunos expertos estiman que ese valor ya fue superado.

Los ritmos, vaivenes y contenidos de las reformas han sido desfavorables para la ciudadanía y empeoraron desde el 2015. Junto a ello, la no implementación de políticas dirigidas a combatir la pobreza nos hicieron llegar al escenario 2020-2021 en condiciones de crisis y alta vulnerabilidad, como fundamentó recientemente la Dra. Alina López.

Trabajar por la erradicación de la pobreza en Cuba implica llegar a la raíz de los problemas, modificar las relaciones sociales promoviendo democracia desde la economía, con una real participación ciudadana en todos los procesos. Eso incluye transparentar y revisar los gastos del enorme aparato burocrático estatal, partidista, de las organizaciones que sirven al gobierno y de las fuerzas represivas; todos con estructuras verticales que pagamos los ciudadanos.

Hoy los indicadores económicos y sociales van cuesta abajo, mientras la opacidad habitual del gobierno no permite a la ciudadanía estar debidamente informada. Pocos en Cuba conocieron las causas reales del colapso socialista europeo. Otros interpretaron por nosotros y transmitieron sus conclusiones, así, las mayorías no pudieron prever el futuro que nos esperaba. Ya estamos en él.

No asumir tales anomalías, ocultarlas; descubrirlas en visitas gubernamentales y maquillarlas con programas emergentes de un populismo rampante, al calor de acontecimientos políticos indeseados por el gobierno; dilata soluciones verdaderamente sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU pretenden «no dejar a nadie atrás»; en Cuba cada día dejamos más personas afuera y detrás.

 Para contactar a la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

***

[1] Durante mucho tiempo en Cuba una de las principales distorsiones estuvo en la asunción de la equidad como igualdad, y en política el conocido «igualitarismo», lo que también provocó numerosos efectos negativos que llegan hasta hoy.

[2] Esta particular coyuntura entre el 2008 y el 2015 aproximadamente, se examinará en textos posteriores como parte del proyecto de La Joven Cuba sobre desigualdades, pobreza y sectores vulnerables.

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ANTI-INFLATIONARY POLICIES IN CUBA AND INEQUALITY

November 6, 2021

“The wild spike in prices led to distortions and dissatisfaction, especially among those who saw their purchasing power drop.”

By Luis Brizuela (IPS)

Original article: Inflation and Inequality

HAVANA TIMES – The Cuban government has many challenges right now, including the implementation of anti-inflationary policies that will help reduce social inequalities, which have become more visible after economic reforms began in January.

“My husband’s wages and my own are spent almost entirely on food, transport and paying our bills at home. It’s been a while now since we’ve bought clothes, we only think about how we’re going to be able to save up enough to dress and give shoes to our two children, Moraima Valle, a history teacher living in Havana, explained.

Valle stressed to IPS that she earns the equivalent to 170 USD per month at the official exchange rate, but that a pair of shoes costs more than 200 USD, “and we can’t even afford to have a soda out on the street.”

Also living in Havana is pensioner Miguelina Calvo, who worked as a telephone operator, and she told IPS that the 72 USD of her pension vanish into thin air because “prices at the agro-market are through the roof and I need to buy some medicines on the illicit market, as they are almost never available in the drugstore.”

The Reforms Process kicked off on the first day of this year, a comprehensive reforms plan that included eliminating Cuba’s Convertible currency which was in theory the equivalent of the dollar, devaluation of the regular Cuban peso, a spike in wholesale and retail prices, getting rid of a series of subsidies, raising costs of services, as well as an increase in wages and pensions.

Experts recognize that these are important to make state-led companies’ accounts more transparent and to readjust economic variables with international standards, but they also say that they have come almost 10 years after the reforms program was first approved in 2011 to modernize the socialist socio-economic model.

Currency reform was undertaken amidst shortages of food, medicines, and basic essentials because of the COVID-19 pandemic, and the inability of national industries to step up production, as a result of the economic crisis that has existed for three decades.

After a five-year period with low growth rates, this Caribbean Island country lost 13% of its Gross Domestic Product (GDP) ever since the beginning of 2020 and up until September 30th, official statistics reveal.  In the past two years, revenue had dropped by almost 3 billion USD because of the collapse of the main economic leaders, while the priority of health measures to contain the pandemic reduced the sum available for imports, in a country that buys almost 80% of the food it consumes alone.

In addition to all of this, US sanctions increased and the embargo became stricter, which has been hindering financial operations since 1962, and makes it impossible for Cuba to access credit from international financial bodies.

“The wild spike in prices led to distortions and dissatisfaction, especially among those who saw their purchasing power drop. Likewise, it’s also a reason for a lack of motivation at work, as wages are engulfed by prices,” economist Omar Everleny Perez Villanueva explained to IPS.  According to the expert, high inflation “has affected every social group, but especially the most vulnerable such as the elderly, those who receive social security benefits, large families with lots of children or single mothers.”

The numbers speak for themselves

On October 27th and 28th, during the sessions of the National Assembly of People’s Power, the unicameral Cuban Parliament admitted that the rate of inflation continues to increase.  Cubans are experiencing prices that are 7-10 times above official prices, one of the reports presented to the legislative border revealed.

Currency reform increased the minimum wage by 500% to the equivalent of 87 USD, and the maximum to almost 400. In the case of pensions, the lowest stands at 63 USD.

The measure established a fixed official rate of 24 pesos to 1 USD, but on the street, this figure varies between 68 for 1 USD in cash to 78 pesos for a bank deposit for purchases with a debit card in stores with prices in USD, and this money can’t be withdrawn.

Reports handled by Parliament estimate that the deficit in products offered stands at 2.5 billion USD. They claim that it’s a factor that has shot up prices on the illicit market and made the price of the basic basket of goods and services go up, as it now costs double the 60 USD initially planned for monthly expenses.

Furthermore, the reforms process hasn’t stopped the partial dollarization of the economy, after stores opened in 2019 to sell electrical appliances, food and basic essentials, with debit cards priced in USD and linked to accounts in foreign currencies.

Several government officials argue that this controversial mechanism allows the country to collect foreign currency and that some of this money is used to stock up some products at stores where most of the population go, as they only receive their wages and income in Cuban pesos.

Such a segmentation of the economy translates into inequalities in terms of wages and consumption, because “not every family has access, nor can everyone buy the same quantity of products they need,” sociologist Reina Fleitas told IPS.

On the one hand, “you have those who live off their wages, whether they are from the State or not, and on the other, you have people who have access to alternative sources of income via remittances, private businesses or because they form part of the growing illicit market,” Perez Villanueva explained.

Given chronic shortages of some products or the inability to buy in the US dollar stores, analysts highlight that a percentage of the population satisfies their consumer needs on the illicit market, which is partially sustained by the theft of resources from state stores.

In regard to inflation and its effects “we’re aware of the severity”, and the government has made it a top priority to find a solution and to take care of vulnerable people,” stated president Miguel Diaz-Canel at the National Assembly on October 28th.

The Government has slightly lowered some prices such as electricity, which has been the subject of much criticism, while they continue to repeat that they won’t apply “shock therapy” and nobody will be left helpless in a country with universal and free access to education and public health.

Meanwhile, the rations booklet has been kept in effect since 1962, ensuring the 11.2 million inhabitants on the island receive a small monthly ration of rice, sugar, grains, coffee, cooking oil and animal protein, regardless of income, although this doesn’t cover all dietary needs, but it is relief for low-income households and vulnerable groups, at least for part of the month.

Fairer social and economic investment

Analysts highlight the fact that the protests that broke out across the island on July 11th were in keeping with the expensive cost of living and a more severe economic crisis, as well as different internal and external factors.

In the weeks following the protests, the government has given greater priority to social programs such as building and repairing homes, infrastructure projects and specific assistance to people in vulnerable situations. [As well as the arrest of hundreds of people who dared to protest.]

“The Government has shown signs of trying to improve the life of Cuban families, and positive measures such as those that contribute to broadening the range of economic actors and to create new sources of employment, but the positive effects aren’t being seeing in consumption,” Fleitas pointed out.

In her opinion, “fairer social and economic investment is needed in its distribution to keep domestic migration in check” and she reminded us that in Havana, for example, many neighborhoods classified as “vulnerable” are founded by people who come from even more disadvantaged communities, especially in the East.

According to the sociologist, “the same synergy between government and science to fight the pandemic” should be employed with social sciences, as “its results haven’t been given the same importance as other disciplines… and its publications are not only for diagnosing problems, but also to formulate policy proposals.”

Perez Villanueva believes “the regulation of prices needs an injection of imports or sales of national goods.”

In recent months, the government has approved measures to revitalize business activity, and it has authorized the first micro, small or medium-sized enterprises (MIPYMES), in late September, and there are now over 300 signed up.

“However, there continue to be obstacles in the decision-making power of business managers, while MIPYMES need to deal with authorized state bodies to import, or purchase supplies on the illicit market, which affects prices,” the economist summarized.

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