Autor: Mauricio de Miranda
Original Source: Las razones del 11-J y las opciones posibles.
En días pasados estallaron protestas sociales en diversas localidades de Cuba. Para los dirigentes cubanos y los medios oficiales de prensa que responden al gobierno cubano, se trata de “disturbios, desorden, causados por una operación comunicacional que se prepara desde hace tiempo”, propiciados por “mercenarios al servicio del imperialismo”. Sin embargo, más allá de una retórica que se basa en el no reconocimiento de la realidad política, económica y social que vive el país y en achacar la responsabilidad de las protestas, denominadas desórdenes -aunque los hubo como en todas las protestas-, a agentes al servicio de intereses extranjeros, Cuba enfrenta desde hace muchos años una crisis económica y social de graves proporciones que se ha transformado en una crisis política. Es imprescindible debatir acerca de las causas pero también abrir un debate sobre las alternativas y posibles soluciones, con el objeto de evitar que el país llegue a un callejón sin salida.
Las razones económicas.
La situación económica actual de Cuba es la más terrible desde el llamado Período Especial de los años noventa del pasado siglo. En 2020, el Producto Interior Bruto (PIB) cayó un 11,3% pero ya en 2019 se había producido una caída del 0,2% y el crecimiento promedio anual entre 2015 y 2019 fue de solo 1,7%, lo cual es insuficiente para asegurar una senda de desarrollo económico. El gobierno cubano ha insistido en responsabilizar al bloqueo estadounidense y a los efectos de la pandemia con la situación económica del país. El recrudecimiento de las sanciones económicas durante la administración de Trump y la aparición y ahora el empeoramiento de la pandemia han tenido efectos nocivos indudables en la economía cubana, sin embargo, no son los responsables de los graves problemas estructurales que ésta padece.
A lo largo de más de seis décadas se han ido acumulando serios problemas que dependen, principalmente, de los sucesivos errores de política económica cometidos por la dirección del país, que han conducido a un incremento de la vulnerabilidad externa de la economía cubana y han dificultado el desarrollo de la producción nacional, debido a la excesiva centralización de las decisiones económicas, a la incapacidad para generar suficientes estímulos al desarrollo productivo y a los frenos que se han impuesto al emprendimiento.
Las reformas económicas que se han realizado desde los años noventa han sido parciales e insuficientes, no han abordado los cambios estructurales de forma sistémica y no han apuntado a la promoción del emprendimiento empresarial. La mayor parte de las ramas de la industria nacional y varias de las más importantes producciones agropecuarias en 2019 tenían niveles inferiores a los de 1989. A partir de la crisis de los noventa el gobierno optó por el desarrollo del turismo. Fue una decisión parcialmente correcta pero lo que no debió ocurrir es que ese desarrollo obviara las necesidades del desarrollo industrial y agrícola del país.
La excesiva dependencia respecto al turismo es una causa estructural fundamental en la debacle actual de una economía que prácticamente carece de reservas y de alternativas productivas, con una industria azucarera que está produciendo a niveles de principios del siglo XX, con el resto de la industria prácticamente colapsada y con una agricultura afectada por una estructura de precios y excesivos controles que desestimulan el desarrollo de la producción de alimentos y de materias primas.
Con campañas políticas no se resuelven los problemas de la producción. El país está importando gran parte de los alimentos que podría producir y carece de las divisas necesarias para importarlos. Para colmo, se insiste en el control monopólico estatal del comercio exterior. Sigue sin dar los pasos necesarios para promover la legalización de pequeñas y medianas empresas privadas que promuevan el emprendimiento y canalicen el empleo superfluo que es una excesiva carga al presupuesto del Estado. Persisten en la planificación centralizada en condiciones de una inmensa escasez y no generan otras alternativas. En los años noventa el turismo fue una alternativa y a comienzos del siglo XXI, la exportación de servicios profesionales, principalmente a Venezuela, se convirtió en otra opción muy importante de ingresos en divisas. Estos junto a las remesas, aseguraron la subsistencia económica del país.
En la actualidad, el turismo está en niveles mínimos, las remesas afectadas por las limitaciones de sus fuentes debido a problemas económicos de los remitentes y al endurecimiento de las sanciones durante la era de Trump, mientras que los ingresos por exportaciones de servicios están afectados por su cierre en ciertos países pero sobre todo por la terrible crisis económica venezolana. Entonces, el gobierno no ha querido salirse del guión que ha determinado la política económica, ha actuado con muchísima lentitud y ha adoptado medidas económicas equivocadas.
Los errores más recientes de política económica.
A lo largo de estas décadas se han acumulado una serie de errores de política económica, pero en las condiciones actuales quisiera concentrarme en dos: 1) la llamada Tarea Ordenamiento y 2) la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) para la venta de productos que originalmente se describían como “suntuarios” pero que en realidad resultaron de primera necesidad, no solo para las condiciones de la vida moderna sino incluso para la subsistencia.
El llamado Ordenamiento monetario no fue tal. Desde hace tiempo muchos economistas hemos destacado la necesidad de abolir la dualidad monetaria por el desorden en los sistemas de costos, en el funcionamiento de las empresas y en el establecimiento de precios relativos respecto a la economía internacional. Adoptaron la unificación monetaria y cambiaria como un lineamiento del 6º Congreso del PCC en 2011 y finalmente en 2021 decidieron unificar los tipos de cambio a una tasa sobrevaluada, a la cual el Banco Central no puede asegurar la venta de la divisa extranjera, con lo que, inmediatamente, se desarrolló el mercado negro de divisas en el que el dólar se cotiza a varias veces por encima del valor oficial.
En lugar de establecer la soberanía del peso cubano como moneda nacional, crearon tiendas en MLC, re-dolarizando parcialmente la economía y vendiendo en ese mercado bienes a los cuales no tiene acceso la población que carece de remesas o de opciones de ingresos en divisas, generando un grave problema social debido a la marginación de un sector considerable de la población en la capacidad de adquirir dichos bienes.
La unificación cambiaria llegó acompañada de un incremento de salarios en el sector estatal y de pensiones en niveles claramente inferiores a los incrementos reales en los precios, producidos por una estampida inflacionaria, lo cual ha causado gran insatisfacción en una parte considerable de la ciudadanía que continúa sin asegurar sus necesidades básicas a partir de sus ingresos debidos al trabajo.
Los problemas sociales.
La insatisfacción creada por los errores de política económica y la persistencia de los mismos a veces ha podido canalizarse por los mecanismos controlados por el poder pero ni esas ni aquellas que ni siquiera han podido ser planteadas oficialmente sino que se expresan en redes sociales, han tenido una respuesta creíble más allá de achacar al bloqueo de todo cuanto no funciona. No se trata de anexionistas, ni de delincuentes, ni de agentes de alguna potencia extranjera. Se trata simplemente de ciudadanos cubanos que necesitan satisfacer aspiraciones en la única vida probada que tienen y que sienten que el gobierno del país no está siendo capaz de ofrecer las alternativas de solución necesarias.
La sociedad cubana de hoy es claramente diferente a la que decidió permanecer en el país tras el triunfo revolucionario. Existe un porcentaje creciente de jóvenes, que están a dos o tres generaciones de la que hizo la Revolución y que tiene esperanzas de vida, intereses, aspiraciones y proyecciones políticas y sociales propias y muy probablemente diferentes y a las que incluso la Constitución actual les priva del derecho a definir el tipo de Estado y de sociedad que prefiere. Y dentro de este grupo, existe una parte considerable de personas que viven en condiciones de subsistencia y no ve opciones de mejoramiento de las mismas.
En otras oportunidades, la emigración, incluso con cierto nivel de masividad, como ocurrió en los primeros años sesenta, en 1980 y en 1994, ha actuado como válvula de escape para solucionar las insatisfacciones individuales, pero también para reducir el factor de oposición social interna. En esta ocasión esta posibilidad está claramente muy limitada.
La emigración carece de derechos políticos, pero a ella se ha apelado, una y otra vez, para que haga valer sus derechos al envío de remesas familiares pero sin reconocerla socialmente como un factor importante para la solución de los problemas económicos del país y sin integrarla políticamente en un sistema democrático. La emigración es un factor decisivo en la solución de muchos de los problemas económicos del país y también debería ser un importante actor político a partir de su experiencia en otras realidades.
En la sociedad cubana existe una parte considerable que carece de opciones y de perspectivas, que vive en una situación de pobreza que no es reconocida públicamente por las autoridades cubanas. En consecuencia, gran parte de esa población salió a las calles como explosión de una situación de hastío. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de eso ya se habían producido una serie de indicios de protesta pacífica en diversos sectores sociales, incluidos los artistas, reclamando espacios de diálogo que solo han encontrado la intolerancia y el rechazo como respuesta.
Los problemas políticos.
Todo este conjunto de cuestiones ha llevado a una crisis política de la cual estas protestas públicas han sido solo un primer momento, si consideramos su capacidad de difusión y su masividad. Sin embargo, existe una parte de la sociedad cubana inconforme con la situación del país que no se expresa por miedo a las consecuencias negativas que pueden sufrir debido a una cultura arraigada de exclusión de las opciones políticas diferentes a las defendidas desde las estructuras de poder. El gobierno cubano debería considerar esta realidad política y actuar en consecuencia si realmente quiere evitar que la fractura social y política en la sociedad cubana se profundice y supere el nivel de polarización que ya es gravísimo.
En 2019 se adoptó una nueva Constitución que establece en su artículo 1 que “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”. Sin embargo, existen ejemplos que demuestran que muchos de esos preceptos no reflejan la realidad política del país.
El artículo 5 de la carta magna le otorga al Partido Comunista de Cuba, la condición de “fuerza política superior de la sociedad y del Estado”, lo cual, en la práctica, coloca al Partido por encima de la sociedad. Esta realidad no tiene nada de democrática, toda vez que tampoco el Partido Comunista es una organización democrática en su vida interna.
En esa misma Constitución se garantizan el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia y la seguridad …. (artículo 46); el derecho a que se respete su intimidad personal y familiar … (artículo 48); a la inviolabilidad de su domicilio (artículo 49); a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación (artículo 50); las personas no puede ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles inhumanas o degradantes (artículo 51); el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (artículo 54); se reconoce la libertad de prensa (artículo 55); los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley (artículo 56); se reconocen a las personas los derechos derivados de la creación intelectual (artículo 62); los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, lo cual implica: estar inscriptos en el registro electoral, proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegidos, participar en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, pronunciarse sobre la rendición de cuenta que le presentan los elegidos, ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución, desempeñar cargos públicos y estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado (artículo 80).
La mayor parte de estos artículos, relacionados con derechos humanos y políticos está sin reglamentar, pero al margen de esto, la propia Constitución contradice algunos de esos derechos. Por ejemplo, la libertad de elegir y ser elegidos, mediante el voto de los ciudadanos es restringida por el inciso “c” del artículo 205 que establece como excepción a “los que no cumplan el requisito de residencia en el país previstos en la ley”. Es decir, a los cubanos residentes en el exterior, que constituyen más de un 20% de la población actual del país y cuyas remesas han contribuido a la subsistencia del país, se les niega ese derecho elemental que está consagrado en la mayor parte de las constituciones de las repúblicas latinoamericanas. De igual forma, la iniciativa legislativa y la reforma de la Constitución, contenidas también en el artículo 80 son restringidas por el artículo 227 que trata sobre la iniciativa para promover reformas a la Constitución, porque la iniciativa de los ciudadanos debe ser “mediante petición dirigida a la Asamblea Nacional, firmada por un mínimo de 50.000 electores”, además de que la Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional en una “votación nominal no menor a dos terceras partes del número total de sus integrantes”, es decir, que no permite que la Constitución sea reformada o elaborada por una Asamblea Constituyente, elegida libremente por la ciudadanía, tal y como ocurrió en 1940. Si la Asamblea Nacional es elegida con base a una lista única que responde a las orientaciones del Partido Comunista, es fácil intuir que sería imposible contar con ella para reformar una constitución hecha a la medida de los intereses de la dirigencia de dicho partido, que no necesariamente se corresponde con los intereses reales de parte de su membresía.
A diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, los ciudadanos cubanos carecen del derecho a elegir, mediante sufragio universal y directo, entre varias alternativas, al Presidente y Vicepresidente de la República, a los diputados a la Asamblea Nacional, y a las autoridades de gobierno provinciales y municipales.
Las leyes cubanas posteriores a 1959 no han permitido el derecho a la huelga, ni a la formación de asociaciones sociales, profesionales o políticas que estén por fuera del control del poder político, con lo cual se conculcan los derechos proclamados en los artículos 54 y 56 de la Constitución.
Así, en las cuestiones relativas a los derechos políticos, la Constitución de 2019, al igual que la de 1976, retroceden respecto a la de 1940 que, dicho sea de paso, fue el resultado de una Asamblea Constituyente, elegida democráticamente, en la que también participaron delegados comunistas junto a otros del amplio espectro de fuerzas políticas que caracterizaba a la sociedad cubana de entonces.
La Constitución de 2019 fue aprobada en referendo nacional por una mayoría significativa de la población, pero en su proceso de discusión y debate, solo tuvo cabida la pedagogía del SI y en dicho referendo no se permitió votar a la población cubana residente en el exterior que aun ostenta un pasaporte cubano. Hasta en el régimen pinochetista en Chile se permitió la pedagogía del NO.
En los tiempos recientes han ocurrido varios episodios en los que autoridades cubanas han violado la Constitución aprobada por esa inmensa mayoría alcanzada entre aquellos que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Se han producido detenciones de ciudadanos por el simple hecho de caminar por una calle portando un cartel que exige la libertad para alguna persona detenida; han sido detenidas personas por expresar su inconformidad y rechazo al sistema político; fuerzas de la policía han obligado, de forma ilegal, a ciudadanos que no están condenados judicialmente, a permanecer en sus casas en contra de su voluntad y cuando éstos se han negado alegando su derecho a la libre movilidad, han sido detenidos; no se han atendido solicitudes de hábeas corpus, a pesar de que esta figura jurídica está presente en la nueva Constitución y es un derecho universalmente reconocido en las sociedades civilizadas; se mantiene la práctica de expulsar de ciertos centros de trabajo a personas que expresan opiniones contrarias a las que se sostienen desde el poder político, incluso cuando en algunos casos esas opiniones ni siquiera han cuestionado la esencia del sistema político y social; se ha promovido y en otros casos, permitido situaciones de hostigamiento a personas identificadas como desafectas al gobierno del país; para solo mencionar algunos ejemplos de violaciones de la ley suprema de la República, generadas desde las estructuras de poder, que deberían ser sus garantes ante la sociedad.
Desde las estructuras de poder se ha dicho que las manifestaciones del 11-J han sido orquestadas desde el exterior. Es cierto y además público que algunos llamados “influencer” de ciertas redes sociales ha realizado llamados a la desobediencia civil y a la insurrección. Sin embargo, si fuera cierto que estas protestas fueron el resultado de estos llamados y de la labor de zapa del gobierno de los Estados Unidos, esto podría significar que el Partido Comunista carece del liderazgo y la influencia que en Cuba que se establece como precepto constitucional. Argumentar que las protestas fueron orquestadas desde el exterior es un insulto a la ciudadanía y a su derecho a expresar un descontento que antes no ha encontrado otras vías de canalización, debido a la soberbia, al autismo y al escaso espíritu autocrítico de muchos de los que ejercen responsabilidades de dirección en el país y que mantienen un discurso alejado de la realidad del país.
Las protestas sociales, a diferencia de lo que se sostiene desde el discurso oficial, fueron el resultado de la combinación de todos esos factores a los que se suma el hastío de muchos ciudadanos que no encuentran una salida esperanzadora a una situación de crisis que persiste en la sociedad cubana desde hace varias décadas pero que en las circunstancias actuales ha cobrado una gravedad extraordinaria.
En las protestas hubo saqueos y destrucción de propiedad pública y privada, que no fueron masivos. ¿En cuáles protestas no ocurren? Es lamentable y condenable. Sin embargo, vale la pena llamar la atención sobre cuales han sido los objetos de estos actos deplorables. En unos casos, fueron algunas tiendas en MLC, que son un símbolo evidente de la diferenciación social establecida en Cuba entre los que tienen acceso a ellas y los que no, por el solo hecho de no disponer de cuentas en una moneda que no se obtiene como resultado del trabajo sino que proviene de remesas desde el exterior. Se produjo el volcamiento y destrucción de algunos automóviles de la policía y de instituciones oficiales. También se produjeron enfrentamientos entre fuerzas antimotines y de policía, tanto uniformados como vestidos de civil y los ciudadanos que protestaban. Las imágenes de supuestos civiles, perfectamente organizados, transportados en vehículos públicos y armados de palos y bates de béisbol para golpear a quienes protestaban son una muestra del insulto que ese día se profirió contra el ideario de la Revolución Cubana. Y la orden fue proferida desde el más alto nivel de dirección del país. No es la primera vez que esto ocurre, sin embargo, si es la ocasión en la que alcanzó las mayores proporciones.
Las opciones.
A pesar de la profundidad de la fractura social y política del 11-J y del nivel de polarización que ha alcanzado la sociedad cubana, para bien del país, la política debería imponerse a la golpiza.
Me opongo a los llamados a una intervención militar extranjera que solo causaría sangre y dolor a las familias cubanas y también en las de quienes, eventualmente, pudieran intervenir. Y me opongo a la represión militar, policial y paramilitar ejercida por quienes tienen el deber de proteger la seguridad del pueblo y no mancillarlo. La vida y la dignidad deben ser preservadas.
Siento un profundo compromiso con la idea original que inspiró la Revolución Cubana, es decir, la democracia y la justicia social. La democracia nos ha sido confiscada y la justicia social se despedaza en cada medida que crea excluidos en nuestra Nación.
Una opción que parece imponerse en el discurso oficial es la de reprimir a quienes han sido identificados como participantes de las protestas y hacer caer sobre ellos el peso de cuestionables figuras jurídicas, y de paso, amedrentar a quienes pudieran protagonizar eventos similares en el futuro con medidas ejemplarizantes. Esta opción solo profundizará la fractura de la sociedad y solo postergaría una futura crisis política y social que podría tener gravísimas consecuencias.
Otra opción, que considero necesaria, sería liberar a todas las personas que han sido detenidas por las protestas y antes de las mismas, por expresar su desacuerdo con el gobierno o con el sistema político actualmente vigente. A fin de cuentas, ellos no realizaron un asalto armado a un cuartel del ejército. No hay que reprimir al descontento sino crear las condiciones para que el descontento pueda ser convertido en satisfacción y esperanza o que al menos ese descontento tenga vías legítimas de expresión, y ello pasa necesariamente por una reconfiguración pacífica de nuestro sistema político.
La Constitución actual no satisface las aspiraciones democráticas de todo el pueblo, precisamente porque excluye a una parte del mismo en el derecho a ejercer su soberanía por lo cual debe ser enmendada, aunque en mi opinión debería ser elaborada una nueva que garantice el establecimiento de un sistema democrático. Para esta enmienda, el elemento inicial debería ser la reforma de los artículos 205, 226 y 227.
En el 205 debería eliminarse la excepción en el derecho al voto de los ciudadanos cubanos residentes fuera del país. En el 226 debería permitirse que la Constitución sea reformada por una Asamblea Constituyente, elegida libremente por la ciudadanía, mediante sufragio universal, además de la actual facultad de la Asamblea Nacional. En el 227 debería modificarse el inciso f que le otorga iniciativa a la ciudadanía para la reforma constitucional solo como petición a la Asamblea Nacional, mediante la recolección de 50.000 firmas, y permitir que estas firmas puedan ser válidas para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
En tales circunstancias y para hacer valer el carácter democrático del Estado que define el artículo 1 de la Constitución, debería convocarse a una consulta nacional vinculante, en la que puedan participar todos los ciudadanos cubanos sin distinción de lugar de residencia e identificados con un pasaporte cubano válido vigente y en la que los electores puedan escoger una de dos alternativas que podrían ser: a) Desea Usted que la Constitución vigente se mantenga como está y que su posible reforma posterior solo sea una facultad de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y b) Desea Usted que se convoque a una Asamblea Constituyente, elegida mediante sufragio universal directo y secreto con candidatos nominados o auto-nominados libremente, que elabore una nueva Constitución.
Lo verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente progresista, no solo es la urgente necesidad de liberar las fuerzas productivas y el emprendimiento productivo que pueda iniciar la recuperación de la economía y encauzar el proceso de desarrollo, sino también resulta urgente la construcción de un nuevo consenso político, sobre la base del establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática en la que tengan cabida las diferencias políticas y el imperio de la ley y de la justicia social.
mauriciodemiranda
La Habana, 1 de abril de 1958. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Profesor Titular del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Ver todas las entradas de mauriciodemiranda
