Mauricio De Miranda Parrondo, 20 diciembre 2021
La economía cubana: entre la confusión y el sin sentido
A partir de lo visto en el recién concluido III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), resulta claro que la dirigencia política del país insiste en conducir la economía cubana con criterios ideológicos voluntaristas que demuestran su confusión respecto a las leyes objetivas de la economía y el sin sentido que genera despreciar y vulnerar esas leyes.
Hemos pasado por esto varias veces y los resultados han sido siempre los mismos: el fracaso. ¿Cuál es el objetivo de insistir en lo que ya se ha demostrado que no funciona? Pareciera que a falta de creatividad y sentido común, insisten en revitalizar círculos viciosos que han afectado severamente el desempeño de la economía nacional desde los años sesenta del pasado siglo hasta hoy.
El problema de la inflación
La inflación es el aumento de precios de los bienes y servicios que componen la «canasta» del «consumidor promedio» de un país, y se mide como un índice de precios respecto a un período base. Lo usual es que se calcule mensualmente, como valor acumulado del año, y también interanual respecto al mismo período del año precedente.
En general, los economistas preferimos que se creen las condiciones para que los precios mantengan una relativa estabilidad, usando los recursos de las políticas monetaria y fiscal. En ocasiones, un incremento «moderado» de los precios puede estimular a los productores a producir más para aprovechar ese diferencial. Pero la historia económica indica que la inflación «galopante» o la hiperinflación destruyen la capacidad adquisitiva de la población y el tejido productivo, pues deterioran la demanda y, en consecuencia, poseen un efecto recesivo.
La teoría económica demuestra que cuando se establece un precio por vía administrativa, por debajo del que sugiere el equilibrio entre la oferta y la demanda, la oferta desaparece y se produce escasez de bienes. Entonces la inflación no se manifiesta en el mercado formal sino en el informal, hacia el cual se canalizan los bienes escasos a precios superiores.
Esa es precisamente la secuela que tienen los «topes» de precios en la actualidad, y también el efecto que tuvieron los precios administrados estatalmente en los años sesenta, cuando no se tenían en cuenta los costos de producción ni las condiciones del mercado.
Durante muchos años no se calculó la inflación en Cuba. En la crisis de los noventa se evidenció que aunque los precios oficiales no fueron aumentados, los productos que se vendían por esa vía representaban una fracción baja y decreciente de las necesidades de subsistencia de la población; sin embargo, en los mercados informales los precios siguieron un curso que estuvo determinado por el tipo de cambio informal del dólar con el peso cubano. Eso está volviendo a ocurrir, pero no solo en los mercados informales sino también en aquellos en los que se desarrollan actividades económicas no estatales.
El primer secretario del Comité Central abogó por hacer un llamado a los empresarios privados y cooperativos a «renunciar a parte de las ganancias sin caer en pérdidas» para bajar los precios, y de nuevo convocó «al pueblo», esta vez a consumar un «control popular» sobre los precios.
¿Realmente cree Díaz-Canel que de esa forma se combate la inflación? No, así se oprime una vez más al productor y el resultado será la caída de la producción, que es todo lo contrario de lo que se necesita.
Por su parte, Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, hizo referencia en el Pleno partidista al tema de la inflación, emplazando a combatir a «las personas inescrupulosas que aprovechándose del escenario de escasez que está viviendo el país, intentan vivir de eso y hacerse ricos a costa de las necesidades del pueblo y no lo podemos permitir». A lo anterior añadió que «la fortaleza del socialismo que nos da y la autoridad moral para enfrentar eso lo tenemos que tener siempre presente y es el combate de este momento».
Haciendo gala de la escasa autocrítica a la que la dirigencia cubana nos tiene acostumbrados, el ministro insistió en que el problema no era el «Ordenamiento». No se ha admitido que la llamada «Tarea Ordenamiento» se realizó a destiempo, dejando pasar muchas oportunidades, en el peor momento posible y cuando existían muy pocas posibilidades de que la oferta de bienes y servicios reaccionara a la recesión.
Tampoco reconoció que el tipo de cambio utilizado no tuvo asidero alguno con la realidad y resultó de colocar un tipo de cambio «deseado» en lugar de tener en cuenta las condiciones del mercado cambiario. La economía no puede ser «forzada» a aceptar el tipo de cambio que los gobernantes consideran conveniente establecer.
Cuando se adoptan medidas como las tomadas por el gobierno, el mercado les recuerda que siempre existe la válvula de la informalidad, y eso es lo que está pasando en la economía. Quienes diseñaron el proceso y quienes lo aceptaron —que son miembros del aparato institucional del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional—, pretendieron que los mercados podían ser dominados por sus voluntades; y está más que demostrado que eso no es posible.
La inflación actual
Una explicación sencilla de la teoría cuantitativa del dinero, afirma que el equilibrio monetario en un mercado existe cuando la oferta monetaria es igual al nivel de precios multiplicado por el nivel de transacciones (lo cual se traduce en el nivel de ingreso o del producto de una sociedad). Si se incrementa la oferta monetaria en condiciones de estancamiento económico, o incluso de recesión, no existe otra cosa que pueda pasar que no sea el incremento de los precios. Eso es lo que ocurrió en Cuba.
Habría resultado similar de producirse el reajuste de salarios y pensiones antes, pero las circunstancias serían otras si previo a ese proceso se hubiera estimulado la producción, lo que implicaba desatar los nudos que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas en el país. Eso debió ser lo primero, y había que hacerlo mucho tiempo antes. El escenario de la crisis agravada por la pandemia fue el peor de los momentos posibles.
No obstante, hasta el momento nadie ha respondido por esos errores. No lo han hecho las direcciones del Partido elegidas en el 6to, 7mo y 8vo congresos; ni los gobiernos existentes desde entonces. Y ellos son responsables máximos de tales fallas, conjuntamente con los diputados a la Asamblea Nacional en las diversas legislaturas, por permitirlas sin cuestionamientos.
La moral y la ética que algunos dirigentes exigen al pueblo, debería llevarlos a asumir sus responsabilidades políticas por estos yerros. Al mismo tiempo, la inteligencia y el sentido común debiera conducirlos a análisis objetivos y a la adopción de medidas necesarias y urgentes, en lugar de continuar insistiendo en un enfoque ideológico que no conduce a otro lugar que no sea a un callejón sin salida.
No dudo que algunos productores, en su afán de lucro, «aprovechen» las condiciones del mercado escuálido y desabastecido de Cuba para obtener ganancias extraordinarias. Pero estoy seguro de que la mayoría simplemente está reaccionando a la realidad de sus condiciones objetivas.
El ministro al menos reconocía que determinados productores requerían insumos en divisas y debían comprarlas en el mercado informal a un precio varias veces el oficial —que está lejos de las condiciones del mercado— por lo cual eso se traslada a los precios. ¡Y es lógico que así sea! Ello no lo hace inmoral ni muestra una ética expoliadora, sino es el resultado de la acción objetiva de las leyes de la economía.
Adicionalmente, el gobierno sigue sin reconocer el daño moral causado a su imagen y a la del PCC con el establecimiento y posterior expansión de las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC). Con esta medida se ha apelado al mismo expediente, segregacionista y rentista, que caracterizó el surgimiento del mercado en las llamadas shopping de los años noventa. Se apela a una dolarización de los costos de los consumidores y los productores privados sin que se dolaricen sus ingresos.
La inflación actual en Cuba es hija de la escasez estructural en los mercados de bienes y servicios. El sector productivo no es capaz de reaccionar a las necesidades de la demanda por múltiples factores. Entre ellos cabe mencionar las restricciones persistentes al desarrollo de negocios privados en una serie de sectores; las limitaciones del sector agropecuario en el acceso a los mercados; la obsolescencia tecnológica de la mayor parte de las industrias; los precios de monopolio de muchos servicios, entre ellos los tecnológicos y de telecomunicaciones; las restricciones al desarrollo de dichos servicios mediante un clima de competencia; el subdesarrollo de los sistemas de transportes, comunicaciones e infraestructura; pero sobre todo, la escasa capacidad de ahorro e inversión de la economía doméstica.
Eliminar la dolarización o dolarizar/euroizar toda la economía
Soy partidario de que Cuba conserve su moneda nacional. El establecimiento del peso en 1914, aunque atado al curso del dólar, fue una muestra de soberanía. Sin embargo, en las actuales condiciones el peso cubano carece de soberanía en todas las transacciones dentro del territorio nacional, debido a la decisión del gobierno de captar divisas frescas mediante tiendas en las que solo se venden productos en MLC.
Eso ha llevado incluso al restablecimiento de relaciones inter-empresariales que se denominan en moneda extranjera. Esta simple decisión es factor decisivo para la depreciación de la moneda cubana en el mercado doméstico, y debilita la tan cacareada soberanía que el gobierno dice defender.
Resulta inmoral y éticamente cuestionable que la sociedad cubana deba depender de transferencias desde el exterior para satisfacer necesidades elementales de la vida cotidiana. El carácter rentista del Estado, acostumbrado a exprimir por diversos mecanismos extractivos, se traslada a la sociedad en su conjunto y ello debilita el emprendimiento y la productividad.
No es posible continuar con la situación actual, que es una reedición de la que existía a inicios de los noventa. ¿Qué hacer? O toda la economía se expresa en pesos cubanos, a una tasa que se corresponda con las condiciones del mercado, o reconocemos de una vez y por todas que la soberanía nacional se ha deteriorado al punto de requerir que nuestra moneda deje de ser la que funcione en la economía del país y reemplazarla por otra que, debido a las circunstancias de enfrentamiento persistente con el vecino del Norte, podría ser el euro.
Para ello resultaría necesario un acuerdo con la Unión Europea, tal como han hecho Montenegro y Kosovo. Pero un acuerdo implicaría no solo una disciplina monetaria y fiscal, sino también una serie de condicionamientos políticos.
Yo preferiría defender la moneda nacional, no por prurito nacionalista o patriotero, sino porque contar con la soberanía monetaria permite que el tipo de cambio sirva de válvula de escape a los desequilibrios internacionales. Si la economía mantiene su vocación deudora respecto al mundo, la devaluación reflejará esa realidad, pero, si por el contrario, fuéramos capaces de crear condiciones para que la inmensa iniciativa empresarial y capacidad de emprendimiento de los cubanos, aun reprimidas, florezcan en condiciones de libertad —con regulación pero sin control—, podríamos prosperar económicamente, lo cual debe traducirse también en bienestar social.
Control popular sobre la gestión del gobierno, no sobre los precios
No es posible esperar un cambio fundamental hacia la prosperidad en las condiciones actuales de Cuba si no se democratiza nuestra sociedad. A estas alturas es imposible desligar las transformaciones estructurales de la economía sin realizar modificaciones estructurales en las instituciones políticas que apunten a una democratización real.
Los principales obstáculos frente a esas necesidades son: la persistencia del dominio político de un partido único, no democrático en su vida interna, que controla a toda la sociedad siendo minoritario y que en su gestión ha estado lejos de constituir una verdadera vanguardia de la sociedad; la exclusión de la crítica y la oposición a la gestión del gobierno, tildada de mercenaria cuando simplemente es resultado de los sucesivos yerros de una dirigencia que desconoce las realidades objetivas de la vida contemporánea y se niega a rendir cuentas ante la sociedad, como debería; un sistema institucional que no responde a las necesidades y demandas de la sociedad aunque insistan en no reconocerlo.
Esa realidad puede ser cambiada desde el poder o desde la sociedad, o desde ambos. Sin embargo, para empezar, valdría la pena que las autoridades abandonen su confusión y el sin sentido de sus medidas.
