Carmelo Mesa-Lago, Documento de Proyecto, CEPAL, Santiago Chile, 2012
Ensayo original: Mesa-Lago, Cuba Proteccion Social CEPAL-13
Carmelo Mesa-Lago
Desde el inicio de la República en 1902 hasta 1958 el Estado introdujo sistemas públicos de educación y de salud gratuitos; el primero complementado por escuelas privadas y el segundo por una red de cooperativas, mutuales y clínicas privadas, esquemas de mejor calidad que los sistemas públicos, mientras que el acceso y la calidad de los últimos era muy inferior en el campo que en la capital y otras ciudades. La Constitución de 1940 y la legislación laboral y de seguridad social estaban entre las más avanzadas de América Latina pero, a diferencia del resto de la región (salvo Uruguay), no se creó un seguro nacional de salud, si bien el inusual desarrollo de cooperativas, mutuales y clínicas urbanas en parte alivió ese vacío. En 1957 el desempleo abierto promediaba el 16% más el 14% de subempleo (30% en total), bajaba durante la cosecha azucarera que proveía el 25% del empleo y se duplicaba en el resto del año. Tampoco se creó un seguro de desempleo que era lo usual en la región. Se estableció gradualmente un sistema de pensiones de seguro social que cubría alrededor del 62% de la PEA pero segmentado en 54 esquemas separados, con amplias e injustificadas diferencias entre ellos. No existían programas integrados a nivel nacional de asistencia social ni de viviendas estatales o subsidiadas. Tal como ocurría en el resto de la región, no había estadísticas de incidencia de pobreza y de desigualdad del ingreso, pero la escasa información disponible indicaba que ambas eran substanciales. No obstante, en 1958 Cuba se ordenaba entre el primero y el quinto puesto de la región en sus indicadores sociales nacionales, pero con considerable desigualdad especialmente entre las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo nacional era del 23%, pero en las ciudades 41,7% en el campo del 41,7%.
En el período de 1959-1989, la revolución logró avances muy notables en la protección social. El Estado dio prioridad y asignó cuantiosos recursos fiscales para: 1) promover el pleno empleo; 2) reducir la desigualdad en el ingreso mediante la expropiación de la riqueza y la disminución de las diferencias salariales en el empleo que era básicamente público; 3) universalizar los servicios gratuitos de educación y de salud que redujeron de forma substancial las disparidades en el acceso y calidad de los servicios sociales entre la ciudad y el campo; 4) lanzar una campaña de alfabetización, graduar masivamente maestros y médicos, y construir escuelas y establecimientos de salud; 5) acelerar la incorporación de la mujer a la fuerza laboral con políticas de educación y guarderías infantiles; 6) expandir la cobertura y monto de las pensiones de seguro social, financiadas por las empresas estatales y el fisco, sin cotización de los trabajadores; 7) crear un programa de asistencia social nacional y municipal; y 8) convertir a la gran mayoría de la población en propietaria de las viviendas que tenían arrendadas. El gobierno expropió todas las instalaciones de educación y salud privadas y cooperativas, además absorbió, unificó y homologó los 54 esquemas de pensiones. La construcción y mantenimiento de las viviendas, fundamentalmente a cargo del Estado, fue insuficiente y aumentó el déficit habitacional. Coadyuvó al desarrollo social la ayuda de 65.000 millones de dólares por la Unión Soviética en 1960-1990 (sin contar otros países socialistas), 60,5% en donaciones y subsidios de precios más 39,5% en préstamos que virtualmente no fueron pagados. Aunque dicha ayuda no se dio al sector social, liberó recursos internos para financiar la política del gobierno en este campo. En 1989 Cuba se colocaba a la cabeza de América Latina en la gran mayoría de los indicadores sociales.
El colapso de la Unión Soviética provocó en 1990-1994 una crisis económica muy severa: la caída 35% del PIB, la virtual paralización de la industria y de la agricultura por falta de combustible, insumos y piezas de repuesto, y una mengua drástica en las exportaciones e importaciones (incluyendo insumos para servicios sociales). A la crisis contribuyó el “Proceso de Rectificación de Errores”2, y la incapacidad del modelo de desarrollo para resolver los problemas estructurales, generar un crecimiento económico sostenible, expandir las exportaciones y substituir importaciones. Además, la política social adolecía de fallas: el pleno empleo se logró en parte creando empleo estatal innecesario lo que afectó a la productividad; el excesivo igualitarismo y énfasis cíclico en incentivos “morales” (no económicos) indujo una caída en el esfuerzo laboral y alto ausentismo; y el alto costo de los programas sociales se agravó por el envejecimiento demográfico. A pesar del esfuerzo del gobierno para proteger los programas sociales, casi todos sus indicadores se deterioraron y en 1993 Cuba había descendido en su ordenamiento social en la región.
Las modestas reformas orientadas al mercado en 1993-1996 lograron a partir de 1995 una recuperación económica parcial, pero ocurrió una desaceleración en 2001-2003 en gran medida por la virtual paralización de las reformas y la “Batalla de Ideas”. Este programa, facilitado por la ayuda económica venezolana y centrado en la lucha ideológica incluyó varias políticas: revirtió las reformas de los años noventa, re-acentuó el centralismo, creó una cuenta única de divisas y CUC en el Banco Central de Cuba (BCC), puso énfasis de nuevo en el igualitarismo y la movilización laboral, redujo el trabajo por cuenta propia, intentó universalizar la educación superior, continuó expandiendo el empleo estatal innecesario, y acrecentó el gasto social haciéndolo insostenible. A partir de 2004, el PIB creció con rapidez y alcanzó una cima en 2006, debido a la ayuda económica de la República Bolivariana de Venezuela, la expansión de los servicios sociales y un cambio en la metodología internacional para calcular el PIB3. La crisis global de 2007-2009 y los problemas que arrastraba el modelo de desarrollo cubano indujeron otra desaceleración en la tasa del PIB. Aún con oscilaciones, la recuperación en 1995-2006 ayudó a mejorar los indicadores sociales y la mayoría sobrepasó los niveles pre-crisis de 1989, aunque la pobreza y la desigualdad aumentaron. Desde 2007 ocurrió otra regresión en dichos indicadores por la crisis global y las necesarias “reformas estructurales” del Presidente Raúl Castro para corregir los problemas económico-sociales del país, aprobadas por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011 y extendidas en 2012. Este capítulo se concentra en el período comprendido entre 2007 y2012, describe las reformas por sector social y evalúa sus efectos.
